La disputa por la protección ambiental del macizo de Santurbán vuelve a los escenarios judiciales y ciudadanos.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán anunció un paquete de ocho acciones para controvertir la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la declaratoria de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander.
La protección había sido establecida mediante la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, expedida durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro. La medida cobijaba un área ubicada por fuera de los límites del Páramo de Santurbán y establecía restricciones para nuevas actividades de exploración y explotación minera dentro del polígono declarado como reserva.
Sin embargo, mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto, el Ministerio de Ambiente dejó sin efectos esa declaratoria.
La cartera sostuvo que el trámite anterior presentó irregularidades relacionadas con la participación ciudadana y que la decisión debía ajustarse a las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación de las comunidades.
El argumento del Ministerio
Según el Ministerio de Ambiente, la Resolución 0994 fue expedida el 6 de agosto, a menos de 24 horas de finalizar el Gobierno anterior, mientras estaba en curso una acción de tutela y permanecía pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada. Para la entidad, estas circunstancias afectaban la validez del trámite administrativo.
La cartera también sostiene que una decisión judicial dejó sin efectos la consulta pública realizada durante el procedimiento, debido a una posible vulneración de derechos fundamentales de habitantes de California. Por ello, plantea una nueva evaluación técnica y jurídica de la microcuenca antes de adoptar una decisión definitiva sobre su protección.
El Ministerio ha insistido en que la revocatoria no significa renunciar a la protección ambiental de La Baja. De acuerdo con la entidad, el propósito es rehacer el procedimiento bajo condiciones de participación ciudadana, transparencia, soporte científico y seguridad jurídica.
El área, además, tiene una importancia estratégica dentro del sistema hídrico de Santurbán. El propio Ministerio había señalado, antes de la declaratoria, que estudios del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades técnicas evidenciaban la conexión entre el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas de la zona. La propuesta de reserva buscaba proteger 1.499,23 hectáreas de la microcuenca y restringir nuevas actividades de mediana y gran minería dentro del polígono.
El Comité anuncia acciones judiciales
La explicación del Gobierno no convence al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. La organización considera que la revocatoria representa un retroceso en la protección de un territorio estratégico para la seguridad hídrica de Santander y Norte de Santander.
Como primera medida, anunció que acudirá al Tribunal Administrativo de Santander para solicitar medidas cautelares que permitan frenar los efectos de la decisión ministerial mientras avanza la controversia jurídica.
El Comité también anunció una campaña nacional de recolección de firmas bajo la etiqueta #FirmoPorSanturbán, con el propósito de respaldar las acciones legales y ampliar el respaldo ciudadano a la protección de la microcuenca.
En su pronunciamiento, la organización sostiene que la respuesta frente a las observaciones judiciales debía consistir en reabrir y garantizar la participación ciudadana, y no en retirar la protección ambiental que había sido adoptada sobre La Baja.
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