La académica, investigadora asociada de la universidad pública de Bristol (Inglaterra), y quien desde 2019 hace parte de un equipo que indaga sobre la situación de la Serranía de las Quinchas, y de las comunidades que allí habitan, expuso el panorama de los conflictos socio – ambientales presentes en ese ecosistema.
Mencionó temas como la presencia de la industria petrolera desde 1940 y la construcción del oleoducto central, la misma creación del Parque Regional Natural en 2008, la falta de implementación del plan de manejo ambiental y la ausencia de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Aludió a la incidencia del paramilitarismo y del narcotráfico y a los hechos violentos que impactaron a esta área natural por lo que hizo énfasis en que “Las Quinchas es una víctima más del conflicto armado colombiano”.
Mónica Amador Jiménez, investigadora Universidad de Bristol.
Amador se refirió además a la falta de claridad respecto a los límites de parque y al proceso de titulación de tierras, como también a la ausencia de estrategias participativas para redefinir la vocación productiva del territorio, situaciones que han incidido en un desplazamiento pasivo de quienes por décadas han habitado esta zona occidental de Boyacá.
Para hacer frente a estas realidades, Mónica Amador, en su condición de investigadora de la Universidad de Bristol, recomendó acciones prioritarias como la ejecución del plan de manejo ambiental, la puesta en marcha de una estrategia de gobernanza inclusiva para quienes habitan en la Serranía tanto en Otanche como Puerto Boyacá, la implementación de un proyecto piloto de monitoreo forestal comunitario, de un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y de la urgente clarificación de la propiedad predial de quienes pueblan la zona.
Al respecto le propuso a la Comisión 5ª del Senado legislar a favor de una titulación colectiva de tierras en beneficio de los campesinos que conviven con áreas de conservación, y expuso como ejemplo experiencias similares de Guatemala y el Amazonas, diseñadas para proteger el bosque y asegurar el sustento familiar.
Exigen articulación
Jorge Eduardo Londoño, senador del partido verde y quien lideró la Audiencia Pública en la Comisión 5ª del Senado para abordar los conflictos socio – ambientales de la Serranía, señaló la desarticulación entre las instituciones responsables de hacer lo necesario para procurar la gobernanza ambiental en las 21.226 hectárea que conforman el Parque Regional, como unas de las principales complicaciones.
Londoño citó varios de los inconvenientes referidos por la investigadora Mónica Amador y a estos sumó los derrames de petróleo sobre fuentes como la quebrada La Cristalina, en 2018, responsabilidad de Ocensa, y los ocurridos el año anterior en Campo Moriche, en Puerto Boyacá, por los cuales debe dar cuenta la empresa Mansarovar Energy.
El senador boyacense acompañó el llamado de atención hecho a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por la Procuradora 32 Ambiental y Agraria de Boyacá, Alicia López Alfonso, a raíz de la lentitud de esa entidad para dar curso a las investigaciones y a las sanciones por fugas de hidrocarburos de las dos compañías.
Londoño se refirió además a las denuncias hechas por quienes habitan cerca del sendero de La Cristalina, como el líder comunal Disney Giovanny Sotelo, en el sentido de que el ruido generado por el helicóptero que transporta al personal de Ocensa altera a la fauna, en especial a las aves que se alojan en la cueva de los Guácharos.
Cueva de los Guácharos, Serranía de las Quinchas.
A las quejas de Giovanny Sotelo se unió Sandra Patricia Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Las Quinchas, quien centró su intervención en el dilema que representa para los campesinos tratar de sobrevivir dentro de un parque natural. Lamentó que les prohíban la tala y la caza y que nadie los apoye para diseñar proyectos productivos.
Tanto el senador Londoño como Estefany Grajales, líder de la Fundación Counco, coincidieron en que la Serranía, pesar de su valor ambiental, está asechada por proyectos minero – energéticos. Grajales exhibió como prueba la actual etapa de socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental para el licenciamiento del proyecto Área de Perforación Exploratoria VMM – 49.
Estefany Grajales mencionó la falta de claridad para identificar las subzonas de protección, contención, mitigación y desarrollo, situación que hace más vulnerable al parque y a la comunidad.
Un tema recurrente abordado por algunos de los intervinientes en la audiencia del viernes 16 de abril fue la opción de comprarle los predios a los campesinos que habitan al interior del Parque Regional, al respecto el director de Corpoboyacá, Herman Amaya Téllez, aseguró que no se dispone de presupuesto para ello, estimó una inversión cercana a los 125 mil millones de pesos, muy superior a los $ 14 mil millones de presupuesto anual de la entidad.
Al final de la audiencia pública, Jorge Londoño Ulloa, el senador citante, pidió a Corpoboyacá y a gobierno nacional acoger las propuestas formuladas para superar la crisis en Las Quinchas con especial énfasis en la participación efectiva de las comunidades en una estrategia de gobernanza ambiental, la articulación entre las instituciones, la titulación de tierras y el presupuesto requerido para ejecutar el plan de manejo ambiental.
