En el municipio de Turmequé, en la provincia de Márquez (Boyacá), la reactivación de la bocamina Guadalupe, situada en la vereda Chinquira, volvió a encender la preocupación de comunidades campesinas y organizaciones ciudadanas que desde hace varios años advierten riesgos ambientales y geotécnicos asociados a la explotación de carbón en la zona.
La mina, que había sido suspendida tras registrarse impactos ambientales y episodios de remoción en masa que afectaron viviendas rurales y suelos agrícolas, retomó recientemente actividades con autorización de autoridades mineras y ambientales, según denuncia la veeduría ciudadana del municipio.
De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Garagoa, el área donde se ubica la bocamina Guadalupe está clasificada como zona de alto riesgo de remoción en masa, una condición que implica inestabilidad del terreno y posibles deslizamientos ante intervenciones profundas en el subsuelo.
La explotación se realiza, además, a menos de cien metros del río Albarracín, una fuente hídrica clave para la región.
Desde cuando la comunidad denunció esta nueva situación, entreojos.co consultó a Corpochivor, a través de su oficina de comunicaciones, para conocer su versión sobre los hechos, sin embargo, al cierre de esta edición no se había dado respuesta a nuestra consulta.
También le puede interesar: Turmequé en vilo por proyecto minero
El agua en riesgo
Turmequé es reconocido por su vocación agrícola y por su importancia hídrica dentro de la cuenca del río Garagoa, cuyas aguas se conectan con ecosistemas estratégicos de alta montaña y con el páramo de Guacheneque.
Para la comunidad, la minería de carbón en esta zona representa un riesgo acumulado.
En el mismo lugar donde hoy se reactivan las operaciones mineras, ya se registraron deslizamientos que bloquearon el cauce del río Albarracín, destruyeron viviendas campesinas y afectaron terrenos productivos, según denuncias comunitarias.
El conflicto alrededor del proyecto minero no es nuevo. En 2022, entreojos.co documentó la incertidumbre que vivían las comunidades rurales frente a la continuidad de la explotación minera en el municipio, en medio de cuestionamientos sobre los impactos ambientales y la seguridad del territorio.
La comunidad reclama
La veeduría ciudadana de Turmequé sostiene que la reactivación de la minería se produjo mientras aún existirían procesos sancionatorios ambientales en curso y sin que se hubieran presentado públicamente estudios actualizados sobre riesgos geotécnicos e hídricos.
Entre sus principales exigencias están:
- La suspensión inmediata de la explotación minera en la bocamina Guadalupe.
- La realización de una evaluación independiente del riesgo geotécnico e hídrico.
- La protección del río Albarracín y de las comunidades campesinas.
- Mayor transparencia institucional, por parte de Corpochivor y de la Agencia Nacional de Minería (ANM), y socialización de decisiones relacionadas con el proyecto minero.
La comunidad también cuestiona la ausencia de información pública sobre el cumplimiento de obligaciones ambientales, la existencia de un plan de cierre y abandono, y los mecanismos de seguimiento a los impactos previamente registrados.
Entre la minería y la gestión del riesgo
El caso de Turmequé refleja una tensión recurrente en territorios rurales de la cordillera Oriental: la coexistencia entre títulos mineros vigentes, ecosistemas estratégicos y comunidades campesinas cuya economía depende del agua, la agricultura y la estabilidad del suelo.
La clasificación del área como zona de alto riesgo en instrumentos oficiales de ordenamiento de cuencas introduce un elemento adicional en el debate: la relación entre la gestión del riesgo, la planificación ambiental y las decisiones sobre explotación de recursos minerales.
Mientras las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre las denuncias recientes, la comunidad anunció que continuará acciones legales ante organismos de control y entidades del Estado.
