El miércoles 26 de noviembre se cumplió una nueva sesión de las negociaciones entre el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, organización que en agosto pasado protagonizó bloqueos en el departamento de Boyacá para presionar la derogatoria de dos normas claves para la protección del páramo El Cocuy.
En la mesa está en disputa la continuidad de la Resolución 1405 de 2018, que delimitó el Área de Páramo Sierra Nevada del Cocuy, y de la Resolución 1275 de 2014, mediante la cual se adoptó la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy. Ambas herramientas jurídicas son consideradas por organizaciones conservacionistas como un dique frente al avance de proyectos extractivos y agropecuarios a gran escala en la alta montaña.
Temor a un efecto dominó sobre los páramos
Voceros de varias veedurías ambientales han advertido sobre el riesgo de retroceder en estas regulaciones. Temen que un eventual desmonte de las normas que amparan a El Cocuy desencadene una caída en cascada de los procesos de delimitación de páramos en todo el país y deje estos ecosistemas a merced de intereses mineros, energéticos y agroindustriales.
Organizaciones sociales han levantado la voz. Pedro Castañeda, de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, y Pedro Reyes, de la Fundación Ecosistemas Andinos (ECOAN), han pedido al Ministerio de Ambiente no ceder frente a las pretensiones de la Federación de Parameros y, por el contrario, avanzar en la implementación de medidas que aseguren la pervivencia de las comunidades campesinas en la alta montaña bajo condiciones de sostenibilidad.
Para estas organizaciones el debate no debería centrarse en desmontar las resoluciones existentes, sino en cumplirlas, garantizar alternativas productivas compatibles con la conservación y fortalecer la participación de las comunidades que dependen del agua y de los servicios ecosistémicos que presta el páramo El Cocuy.
Presión desde la Federación de Parameros
Las exigencias de la Federación de Parameros, liderada por Roberto Arango, han estado rodeadas de polémica. Durante los bloqueos de agosto y en declaraciones posteriores, el dirigente ha conminado al Gobierno nacional a atender sus peticiones bajo la advertencia de nuevas movilizaciones y bloqueos si no se derogan las resoluciones 1275 de 2014 y 1405 de 2018.
Arango ha sido enfático en que sus afiliados no están dispuestos a aceptar programas de pagos por servicios ambientales ni acuerdos de conservación en sus predios. También ha calificado a los guardapáramos como “soplones” por su papel de vigilancia sobre las áreas de importancia hídrica, una sindicación que para muchos constituye una forma de amenaza contra quienes cumplen tareas de monitoreo y cuidado del territorio.
Estas posturas han encendido las alarmas entre organizaciones ambientales y comunitarias que, además de rechazar los métodos de presión, alertan sobre el mensaje que envía el Gobierno al conceder una mesa de negociación focalizada con un solo gremio que no representa la diversidad de actores que habitan y dependen del páramo.
¿Cederá el Ministerio?
La inquietud de los ambientalistas se incrementó este jueves con un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente, a través del cual se informó sobre “el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas en la construcción colectiva de lineamientos para la protección del páramo y la Reserva Forestal El Cocuy”.
En el comunicado se destacó la presentación de una propuesta de lineamientos para el ordenamiento participativo de la Reserva, “construida a partir de los aportes recogidos en las jornadas realizadas en territorio entre el 4 y el 8 de noviembre”.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, fue citada así:
“El Ministerio mantiene su responsabilidad de realizar los análisis jurídicos necesarios frente a temas como la delimitación de páramos y la zonificación de la Ley Segunda”.
Y agregó:
“Las decisiones ambientales se toman de manera interinstitucional y con rigor técnico, garantizando transparencia y diálogo democrático”.
Sin embargo, más allá de estas declaraciones de principio, el comunicado introduce elementos que han aumentado la preocupación de los defensores del páramo.
Fechas claves: 9 y 10 de diciembre
Al final del pronunciamiento, expedido en la tarde del jueves 27 de noviembre, el Ministerio anunció que el próximo 9 de diciembre, en Bogotá, se revisará el borrador normativo relacionado con la Resolución 1275 de 2014, que define la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy.
Un día después, el 10 de diciembre, se desarrollará una mesa jurídica para analizar la posible revocatoria de la Resolución 1405 de 2018, que delimita el Área de Páramo Sierra Nevada del Cocuy.
Para veedurías, organizaciones comunitarias y procesos de defensa del agua en Boyacá, la sola mención de una “posible revocatoria” constituye una señal de que el Gobierno podría estar dispuesto a reabrir lo que hasta ahora se había presentado como una definición técnica basada en estudios ecológicos y sociales.
Contradicciones internas
Este anuncio contrasta con las declaraciones entregadas esta misma semana a entreojos.co por Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.
La funcionaria aseguró entonces que la resolución de delimitación del páramo El Cocuy se encuentra sometida a mecanismos judiciales “y mientras las altas cortes no se pronuncien el Ministerio no puede hacer una modificación inmediata”.
Ramírez enfatizó además que la delimitación es apenas “el primer paso de un ejercicio de construcción colectiva” orientado a la conservación del área de páramo, lo que en su lectura implicaría avanzar en instrumentos de manejo, participación y reconversión productiva, pero no desmontar la declaratoria.
El nuevo comunicado, en cambio, abre la puerta a un “ejercicio de revisión normativa”, que según la ministra encargada busca:
“Construir soluciones concertadas que garanticen seguridad alimentaria y bienestar comunitario y, de manera conjunta, la protección ambiental, bajo el principio de concurrencia y colaboración”.
Para los sectores ambientalistas, la pregunta de fondo es si esa revisión se traducirá en ajustes que fortalezcan la protección de El Cocuy y las garantías para los campesinos, o si, por el contrario, terminará debilitando las salvaguardas existentes para dar respuesta a las presiones de un solo sector.
Un páramo en el centro del debate
El Cocuy, además de su valor paisajístico y cultural, es una de las principales fábricas de agua del nororiente colombiano. De su integridad dependen acueductos comunitarios, sistemas de riego y actividades productivas campesinas en varios municipios de Boyacá y Arauca.
Mientras se acercan las fechas de las mesas jurídicas del 9 y 10 de diciembre, organizaciones sociales insisten en que cualquier decisión sobre la zonificación de la reserva forestal y la delimitación del páramo debe construirse con la participación amplia y efectiva de todos los actores del territorio, y respetando los criterios científicos y las obligaciones constitucionales de protección de los ecosistemas de alta montaña.
La negociación entre el Ministerio de Ambiente y la Federación de Parameros del Nororiente se ha convertido así en una prueba clave para medir hasta dónde llega el compromiso del Gobierno con la defensa de los páramos y con los derechos de las comunidades que los han protegido históricamente.
