entreojos.co consultó a especialistas en materia ambiental y a líderes sociales vinculados a procesos de defensa del territorio para conocer su opinión sobre la gestión de la administración del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, en esta línea de acción.
Olga Usaquén Perilla, ingeniera sanitaria y ambiental y docente de la Universidad de Boyacá, hizo el ejercicio de revisar el Plan de Desarrollo del departamento en la línea socio – ecológica y territorial, así como la línea base original y el grado de cumplimiento de los indicadores de producto.
La profesora Usaquén es además Especialista en Gestión Ambiental de la Universidad de Boyacá, Magíster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos, becada por la Fundación Carolina; y Doctora en Ciencias y Tecnologías para la Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos de la Universidad de Cantabria (España).
Su primera reflexión sobre el componente ambiental del Plan de Desarrollo de Boyacá es que desde su concepción está bien intencionado, “aborda la problemática socio – ambiental de manera integral, sin embargo, cuando se revisan en detalle los indicadores de producto se refleja que ese abordaje integral requiere de un proceso, que haya una conexión entre algunas causas con los procesos que se están adelantando”, sostuvo.
Consideró además que hace falta un desarrollo adicional en la evaluación del impacto real de esas políticas, estrategias y acciones.
“Me hacen falta indicadores de impacto real, por ejemplo, en el tema del agua que yo trabajo, en los acueductos rurales se observan cifras de cobertura muy baja, casi de un 52 por ciento”.
Para respaldar su argumento colocó como ejemplo las metas y los resultados en asuntos como la asesoría a los acueductos rurales en legalización, aspectos técnicos, y costos y tarifas. “Realmente los indicadores no expresan suficientemente el alcance de esos procesos de asesoría en cuanto a la mejora de los indicadores de cobertura”.
La profesora Olga Usaquen considera que la evaluación de la gestión tiene que empezar a fortalecerse en ese sentido. “Si bien los cuatro años de gobierno pueden quedarse cortos para reflejar impactos o transformaciones importantes, pienso que hay que empezar a medir y a formular esos indicadores de impacto para ver si la inversión pública se está viendo reflejada de manera efectiva”.
Desde su punto de vista no se observa en los indicadores gruesos si la inversión se está haciendo de forma estratégica, “yo puedo asesorar técnicamente a un acueducto X para elaborar los estudios de costos, al acueducto Y para que haga un plan de uso eficiente y ahorro del agua, y al acueducto Z en temas contables, la pregunta es si esa línea base de intervención es integral, o si esas acciones reflejan esfuerzos aislados, fragmentados o distribuidos en el territorio sin un enfoque estratégico de intervención integral”.
Además de su labor como docente universitaria, Olga Usaquén participa de un proyecto auspiciado por la OEI y el Ministerio de Ciencias sobre políticas públicas, y desde su experiencia considera que se está fallando en la evaluación de la gestión institucional, y lo plantea de manera categórica: “podemos evaluarnos excelente si nuestros medios de evaluación son flexibles, poco exigentes, y a uno le va bien cuando tiene una rúbrica de evaluación, poniéndolo en términos académicos, que no conecta con la intencionalidad de la inversión”, concluyó.
Se deben ajustar las metas
Albaluz Ramos, bióloga de la UPTC y líder del Observatorio de Conflictos Ambientales de Boyacá, compartió la opinión de la profesora Usaquén. Consideró importante revisar las metas al momento de formular los planes de desarrollo, “si yo me quiero poner unas metas cortas o fáciles, pues lo puedo hacer”.
Sobre el informe de gestión presentado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación hizo ver que buena parte de sus indicadores están por encima del 80 por ciento, y a renglón seguido se preguntó: “¿pero eso al final qué significa, no nos están dando cifras reales de cuántas socializaciones, por ejemplo, se propusieron realizar y de cuántas efectivamente se llevaron a cabo, son cifras relativas”
Sobre el indicador de ‘Creación de espacios para la prevención y resolución de conflictos socio – ambientales de Boyacá’, con un porcentaje de avance del 88,89 %, Albaluz Ramos mencionó que participó como invitada en un conversatorio al cual habían sido convocados los alcaldes de departamento.
Describió que allí hubo una baja asistencia y se preguntó si ese es el tipo de espacios reportados en el avance de gestión y se cuestionó si el mismo pudo efectivamente aportar a la resolución de algún conflicto socio – ambiental.
Sobre las capacitaciones referidas para asesorar a los acueductos veredales en temas técnicos, administrativos y financieros, sugirió no asociar este tipo de actividades con el concepto de gobernanza del agua. “hay una diferencia entre gobernaza y gobernabilidad, y si quieren presentar esas capacitaciones como indicadores de avance en gobernanza pues están equivocados”.
Concluyó su reflexión planteando que es necesario mirar si los reportes de cumplimiento están vinculados directamente con la resolución de los problemas ambientales o si apenas se trata de pañitos de agua tibia.
Comunales también hacen reparos
Mauricio Reyes, integrante de la Asociación de Acueductos Veredales de Tasco, cuestionó el papel de la Gobernación de Boyacá frente a la protección de los recursos naturales.
“Cuando tuvimos los problemas con Maurel & Prom por el proyecto petrolero COR-15, la Gobernación le hizo publicidad a la petrolera y apoyaba proyectos en conjunto”, aseguró Reyes.
El representante de la Asociación le pidió a la Secretaría de Medio Ambiente pronunciarse frente a la problemática ambiental en el páramo de Pisba.
Desde San Luis de Gaceno, la concejal Milena Porras sostuvo que la Gobernación de Boyacá no he hecho pronunciamientos contundentes frente a la problemática de los afloramientos de hidrocarburos, ni ha emprendido acciones concretas para avanzar hacia el tratamiento de ese conflicto.
“Estamos a espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Procuraduría por lo menos en el tema de la referenciación de los afloramientos, y de la medición de la calidad del agua disponible para consumo humano, pero tampoco hay avances”
