Segunda entrega
Entre febrero y junio de este 2023 se ha vuelto frecuente ver en las redes sociales de Corpoboyacá reportes sobre el cierre de minas ilegales en varios municipios de su área de influencia. Esta entidad ejerce autoridad sobre 87 de los 123 municipios de Boyacá.
Con el acompañamiento de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y del Ejército se realizan operativos en respuesta a las quejas de los veedores ambientales.
Socha, Tasco, Gámeza, Socotá y Tópaga, municipios mineros por excelencia, han visto el incremento de estos operativos. La insistencia comunitaria ha sido clave, pero aún así los veedores lo consideran insuficiente, especialmente porque quienes explotan sin el lleno de los requisitos regresan a la mina una vez las autoridades se retiran.
Este fenómeno es más frecuente cuando la demanda del carbón aumenta y el valor de la tonelada sube en el mercado nacional. La guerra entre Ucrania y Rusia y la consecuente disminución del suministro de mineral hacia Europa han reactivado el mercado hacia esa zona del mundo. En tiempo de bonanza su precio puede alcanzar hasta el millón de pesos, una buena noticia para los trabajadores y empresarios del sector, pero un mal presagio para los páramos, los ambientalistas y las autoridades.
Hablamos con Hieler Martín Ricaurte, subdirector de Recursos Naturales de Corpoboyacá. Nos explicó que la definición de minería ilegal aplica para aquella actividad de explotación de minerales realizada sin planificación, sin el título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), sin el Plan de Trabajos y Obras (PTO) a través del cual se aporta, entre otras, información técnica sobre la operación de la mina y describe medidas de seguridad al interior de los socavones, y sin licencia ambiental, instrumento guía de las acciones de prevención, mitigación y compensación de eventuales daños a los recursos naturales.
Y la ilegalidad, vinculada especialmente a la subsistencia, está presente en buena parte del departamento. Boyacá, en razón a las variaciones altitudinales de su territorio y a las formaciones geológicas que lo caracterizan, dispone, según lo describe la Secretaría de Minas del Departamento, de un potencial minero significativo.
Esta región de la cordillera oriental es atractiva por la presencia de carbón en un 38,5 %, materiales de construcción, asfaltitas, material de arrastre, de cantera, gravas y recebo en un 23,17%, esmeraldas con el 16,4 %, arcilla con el 8%, caliza con el 6%, roca fosfórica con el 3%, además de puzolana, hierro, yeso, cobre, diatomitas y caolín, entre otros.
Heiler Martín Ricaurte hizo ver que el 18 por ciento de los títulos mineros del país, que equivale al 33 por ciento de la minería nacional, se sitúa en el departamento de Boyacá, particularmente en el norte, el suroccidente y el centro.
Este potencial minero y la necesidad de disponer de medios para el sostenimiento familiar propician las condiciones para la ilegalidad. Según datos del Ministerio de Minas y Energía, citados por la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, la mayor parte de la minería de carbón en Boyacá se realiza de manera subterránea y a través de operaciones a pequeña y mediana escala.
El Ministerio de Minas y Energía también sabe que “sólo el 50 % de las unidades de producción minera a pequeña escala y el 17 % de las unidades mineras a mediana escala cuentan con un título minero”.
Esta realidad se evidencia en la frecuente ocurrencia de accidentes mineros y en el incremento de conflictos socio – ambientales por los impactos sobre el suelo, la vegetación y las fuentes de agua, situaciones que no son exclusivas de la extracción de carbón, sucede lo mismo con el lavado de arena en provincias como Sugamuxi y su incidencia sobre el río Chicamocha; y el de estériles realzado por guaqueros en busca de esmeraldas en las de Oriente y Occidente con claras afectaciones al río minero, por ejemplo.
El subdirector de recursos naturales de Corpoboyacá se refirió a tres escenarios de la minería ilegal: el primero, protagonizado por el agricultor que convive con el bosque alto andino o el páramo, tradicionalmente ha sembrado papa o criado sus cabras o sus vacas en esa zona, sin embargo, ve sus ingresos disminuidos por las dificultades viales y logísticas para sacar lo que produce en su parcela al mercado.
Este agricultor sabe que a unos pocos centímetros de su cultivo hay carbón y que el precio por tonelada del mineral puede representarle 500 o 600 mil pesos, mucho más de lo generado por la producción de alimentos, una posibilidad menos incierta en términos financieros, aunque con los riesgos propios de realizar su extracción sin las condiciones técnicas y ambientales apropiadas.
“Para nosotros ellos no son criminales, son personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería a quienes se debe apoyar con proyectos asociados que les permitan rentabilidad”, expresó el funcionario.
En el segundo escenario descrito por el subdirector de Corpoboyacá están los pequeños mineros o mineros tradicionales quienes por circunstancias financieras o de realización oportuna de los trámites de ley no están debidamente formalizados y “tienen malos hábitos, abren una bocamina allí y otra más allá sin la debida planeación operativa y ambiental”. Muchos de ellos están en zona de páramo y en ese ecosistema ya no se puede hacer minería por la decisión estatal de conservar dicho ecosistema a través de la Ley 1930 de 2018. “Ellos tampoco son criminales”, sostuvo Heiler Martín Ricaurte.
El tercer escenario es el que más le preocupa a la autoridad ambiental, de acuerdo con lo expresado por el subdirector Ricaurte. Se presenta “porque hay personas dedicadas a fomentar la minería ilegal en el territorio. Aportan recursos para que los mineros tradicionales se dediquen a estas actividades sin la planeación operativa y ambiental correspondiente”.
El resultado de este tipo de práctica se evidencia en el mal manejo de los estériles o desechos mineros, el vertimiento de aguas contaminadas a quebradas y el abandono de estas explotaciones cuando el precio de la tonelada de carbón ha descendido. A esto se suma el daño al fisco estatal. Al tratarse de explotaciones no controladas ni cuantificadas no pagan regalías como si deben hacerlo los empresarios legalizados.
Una problemática similar
La situación en el suroriente de Boyacá no es diferente. La autoridad ambiental en esa zona es la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), y los municipios donde se concentran los mayores conflictos por minería ilegal son Ventaquemada y Chivor.
El primero está situado en la provincia de centro, próximo a la capital de Boyacá, y allí la problemática tiene que ver con la extracción de carbón al interior y en proximidades del páramo Rabanal. El segundo, en la provincia de Oriente, donde los líos con la autoridad se relacionan con las labores informales de guaquería en explotaciones de esmeraldas.
Alfredo Solaque, vocero de Corpochivor, expresó que los controles se realizan con el apoyo de la Policía, el Ejército y las alcaldías, sin embargo, admitió que cuando los funcionarios se retiran de las minas clausuradas los operarios informales regresan para continuar con la extracción de los minerales.
Mencionó además que en Ventaquemada se tiene activa una mesa de trabajo con presencia de delegados del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para tratar el tema de la ilegalidad, y buscar alternativas sostenibles en beneficio del páramo y de la comunidad.
Los operativos
Para el control y la sanción de este tipo de prácticas y otros delitos ambientales, en Colombia se dispone de la Ley 1333 de 2009 y a través de ella Corpoboyacá, apoyada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Ambiental, la Policía y el Ejército, impone medidas preventivas, suspende actividades, hace los cierres y le reporta a la Fiscalía para las sanciones penales correspondientes.
Solo en 2022 se realizaron 440 operativos, de acuerdo con el reporte entregado por esta autoridad ambiental, pero aún así el problema persiste. En un ecosistema tan frágil como el páramo de Pisba están identificadas alrededor de “un centenar de bocaminas con prácticas de minería ilegal. Es un dato que cambia constantemente a partir del avance de los operativos”, sostuvo Heiler Ricaurte.
Aseguró que para fortalecer este empeño se ha estado citando a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a los ministerios de Minas y de Ambiente, y se han implementado acciones de inteligencia para ir más allá y frenar definitivamente ese flagelo. “Estamos buscando todos los eslabones de la cadena y generando estrategias más efectivas y contundentes para combatir la ilegalidad minera”, sostuvo.
Para esta investigación consultamos a la Fiscalía General de la Nación sobre los procesos en curso en contra de quienes ejercen la minería ilegal en el departamento de Boyacá. La entidad informó que a través de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en 2022 se reportaron ocho operativos y 31 capturas asociadas.
Respecto a la tendencia del fenómeno entre los años 2019 y 2023, la Fiscalía General de la Nación dio cuenta de 423 procesos abiertos por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Se indicó además que los cinco municipios con mayor número de procesos son Tópaga (41), Socotá (29), Socha y Samacá (24) y Tasco (23).
Le consultamos a la Fiscalía por el número de personas judicializadas por su presunta responsabilidad en prácticas de minería ilegal en ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de Boyacá entre 2019 y 2023, al respecto Lina María Galindo, subdirectora de Políticas Públicas y Estrategia Institucional del ente investigador, respondió que entre el primero de enero de 2019 y el 25 de mayo de 2023 se registraron 126 indiciados con imputación por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.
Falla del Estado para ejercer control
Herman Amaya Téllez, director de Corpoboyacá, le pidió apoyo a la ministra de ambiente, Susana Muhamad, para superar las fallas que limitan la efectividad de las acciones oficiales en contra de la minería ilegal.
Describió un escenario que así lo demostraría. “Como Corporación vamos y hacemos un operativo, llegamos a la bocamina, ponemos la medida preventiva en el marco de la Ley 1333 de 2009, pero tenemos que retirarnos porque no tenemos capacidad de captura, no tenemos capacidad de incautación, no tenemos capacidad de cerramiento de las minas”.
Amaya consideró necesario dotar a la Agencia Nacional de Minería de competencias para perseguir a la minería ilegal y de estrategias articuladas “para hacer un mayor nivel de presión, cerrar las bocaminas con procesos de retrollenado y garantizar la protección de los acueductos comunitarios”,
Zandra Bernal, alcaldesa de Socha, uno de los municipios con mayor índice de explotaciones ilegales de carbón, respaldó la solicitud del director de Corpoboyacá al solicitar más fuerza pública y trabajo articulado entre las instituciones. Admitió que, por ejemplo, a la zona del Curital no se pueda llegar fácilmente por problemas de orden público y riesgos de seguridad.
Bernal, vinculada al sector productor de carbón en su municipio, pidió además no estigmatizar a quienes están dedicados a estas actividades, y aunque admitió conflictos entre la minería y los recursos naturales, consideró necesaria la puesta en marcha de políticas oficiales para asegurar la rentabilidad del sector agropecuario, “de lo contrario el campesino preferirá ser minero”.
________________________________________________________________________________________Este reportaje fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM) y la Voz de América.
