Quinta entrega
Durante su visita al municipio de Socha, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad González, fue categórica al señalar que ha recibido denuncias de minería que se está haciendo con rentas criminales en la provincia de Valderrama.
La minería criminal, de acuerdo con la descripción hecha por la Policía Nacional, es aquella actividad de extracción de yacimientos de forma ilegal que cuenta con la participación o que es promovida por grupos al margen de la ley. En muchas ocasiones, las organizaciones criminales comprometen a mineros informales para su explotación.
Heiler Martín Ricaurte, subdirector de recursos naturales de Corpoboyacá, sostuvo al respecto que, aunque oficialmente en Boyacá no se ha catalogado ninguna área como de minería criminal, a la entidad han llegado quejas de mineros tradicionales y de comunidades reportando la existencia de cadenas criminales y de grupos al margen de la ley detrás del negocio de la minería ilegal en varias zonas del departamento.
“Nuestros funcionarios ha sido constreñidos durante los operativos de cierre de minas”, reveló Ricaurte al describir episodios de intimidación y amenaza durante la clausura de explotaciones ilegales.
Sobre el particular el coronel William Castaño, director nacional de la Policía de Carabineros, dio cuenta de varias noticias criminales abiertas en Boyacá y reveló la solicitud hecha a la Fiscalía General de la Nación para agrupar e investigar, a través de un fiscal especializado, los casos de minería criminal en esta región del país.
“En Boyacá se dispuso de actividades especiales en diferentes partes del departamento para hacerle frente a la minería ilegal”, dijo el oficial. “No buscamos afectar al minero tradicional, al minero ancestral, afectamos a la criminalidad, a terratenientes que invierten grandes capitales y utilizan a las personas para lucrarse de las actividades mineras en diferentes partes del país”, agregó.
Castaño hizo énfasis en las facultades asignadas a la Policía Nacional, a través del Decreto 2235 de 2012, para actuar en contra de la minería ilegal y destruir e inutilizar la maquinaria usada en este tipo de prácticas.
Daniela Orozco, gerente de Brújula Minera, consideró pertinente precisar que cuando se habla de mineros ilegales no necesariamente se está haciendo referencia a personas ligadas a la criminalidad. Hizo alusión a la historia de la explotación de esmeraldas en el Occidente de Boyacá, a los hechos de violencia del pasado, y a la presencia ocasional de algunas organizaciones armadas ilegales responsables de aquella zozobra.
Luz Duarte, vocera de las Asociaciones de Mineros Tradicionales, Ancestrales, Raizales y Agromineros de San Pablo de Borbur, localidad situada precisamente en zona esmeraldera, aseguró que quienes ejercen la guaquería lo han hecho por décadas, son habitantes de la zona, están pidiendo el reconocimiento del Estado y en ese escenario sería ilógico vincularlos con grupos armados ilegales.
Lamentó que, por los hechos de violencia relacionados con la Guerra Verde, periodo de confrontación entre familias, empresarios y capos del narcotráfico por el control de la piedra preciosa, y que se extendió entre 1960 y 1990, el gremio haya sido estigmatizado durante tanto tiempo.
Aseguró que buena parte de los episodios de alteración del orden público han sido protagonizados por personas provenientes de otras regiones del país, y frente a las alertas recientes por minería criminal dijo desconocer la presencia de alguna organización ilegal en la zona.
Reiteró que las asociaciones de mineros tradicionales están concentradas en tramitar con el Estado su reconocimiento y, muy importante, la titulación de 36 bocaminas en procura de que se les deje de llamar ilegales.
Una declaración similar hizo Carlos Granados, minero informal de la vereda el Curital, en Socha. “No estamos con ningún tipo de grupo al margen de la ley, somos jóvenes de la misma comunidad, personas que nacimos y fuimos criados en esta comunidad y nos dedicamos a este tipo de minería, pero detrás de nosotros no hay ningún grupo al margen de la ley que nos esté acosando para hacer esta actividad”.
________________________________________________________________________________________Este reportaje fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM) y la Voz de América.
