Durante el acto de posesión de la nueva directora de Corpoboyacá, Yeimy Liseth Echeverría Reyes, se firmó un pacto programático propuesto por los delegados del gobierno nacional en el Consejo Directivo de la entidad, Alfonso Avellaneda Cusaría y Edna Rocío Vanegas.
El pacto hace énfasis, entre otros aspectos, en la necesidad de promover la participación ciudadana en los procesos de planificación y licenciamiento ambiental, la gobernanza del agua, la articulación entre el Plan de Acción de la Corporación y los instrumentos de ordenamiento territorial, el cuidado de la fauna, el control a la minería ilegal y el liderazgo en acciones para hacerle frente al cambio climático.
Su propósito es que lo contenido en este pacto sea incluido en el Plan de Acción que la Corporación deberá formular en el primer semestre del año para el periodo 2024 – 2027.
Llama la atención que hay dos temas cruciales que no aparecen desarrollados de manera específica en el pacto: el tratamiento de aguas residuales en los municipios de la jurisdicción y la gestión de los residuos sólidos. Al respecto Alfonso Avellaneda, el delegado del presidente de la República en el Consejo Directivo, dijo, sin mayores detalles, que en el caso de las aguas residuales “se habla de atención prioritaria a la descontaminación del rio Chicamocha”.
El pacto en referencia se sustenta en los siguientes puntos:
1. Garantizar que el plan de acción cuatrienal 2024-2027, recoja las voces de los movimientos sociales ambientales de la jurisdicción, mediante escenarios participativos incidentes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’; e incluir en el PAC acciones específicas que fortalezcan el trabajo Interinstitucional con las Alcaldías de su jurisdicción y la Gobernación de Boyacá para la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, la protección de las fuentes de agua y de las áreas estratégicas de la jurisdicción en particular, la protección efectiva do ecosistemas alto andinos, páramos, humedales de la mano las demás entidades del SINA y las organizaciones campesinas de la reglón.
2. Adoptar un plan de fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social que incluya garantías de transparencia y acceso a la información, diálogo con los veedores y gestores ambientales, atención efectiva a las quejas de la comunidad y un modelo ejemplar del proceso de rendición de cuentas y consulta, en el marco del Acuerdo de Escazú y la normatividad vigente, bajo un claro enfoque diferencial y aprovechando las múltiples opciones de las tecnologías de las comunicaciones. Se necesita fortalecer la gestión ambiental participativa. Se reclama que la autoridad ambiental en la identificación, caracterización y declaración de áreas protegidas y la delimitación de paramos, y los planes de manejo de estos y otros ecosistemas estratégicos, no cuenta con las comunidades.
3. Incorporar metas de cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado en materia de excluir los ecosistemas estratégicos y vulnerables del desarrollo de las actividades extractivas, especialmente de la minería.
4. Fortalecer la actualización del PGAR, y de los POT municipales con un ordenamiento alrededor del agua tal como está contemplado en el PND, garantizando además el apoyo a la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal a partir de definir y hacer cumplir los determinantes ambientales. Es necesario incidir efectivamente en los POT de los municipios de la jurisdicción de la Corporación, fortaleciendo el apoyo y trabajo articulado con las oficinas de planeación de los municipios para que en los procesos de concertación no se avale la fragmentación del suelo rural, se identifiquen y prevean las acciones de ordenamiento supramunicipales requeridas para la integridad del territorio; y que en el proceso de licenciamiento ambiental se respeten las zonas protegidas a nivel municipal contempladas en los mismos POT.
5. Construir y desarrollar una agenda de acción climática para enfrentar la triple crisis ambiental, que favorezca además el fortalecimiento de los territorios campesinos y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y protección especial. Esto implica también establecer la consulta con las comunidades campesinas durante la elaboración de los estudios de impacto ambiental con el fin de garantizar sus derechos territoriales establecidos constitucionalmente.
6. Avanzar en la compra de predios para conservación del recurso hídrico y manejo de estos a partir del fortalecimiento de la gobernanza del agua apoyada en una mirada de gobernanza del agua desde los territorios y desde los acueductos comunitarios.
7. Generar una estructura funcional para atención y resolución de los conflictos socio ambientales lo cual Implica estructurar una estrategia participativa para la gestión de dichos conflictos socio – ambientales de la jurisdicción, que a su vez permita ver a la sociedad civil y movimientos sociales como aliados de la Corporación y no como actores antagónicos; coordinar con las autoridades competentes el fortalecimiento para la prevención y gestión de delitos ambientales; fortalecer la participación de terceros intervinientes, veedurías ciudadanas y otros actores en los procesos de planificación y gestión ambiental territorial; mejorar la atención de las peticiones de la comunidad, gobierno abierto y transparencia de datos.
8. Generar y desarrollar un Plan de Educación y una Campaña de Educación Ambiental Participativa que conlleve a fortalecer la apropiación del territorio por las comunidades en cada uno de los municipios, generando núcleos permanentes de gestión y educación ambiental comunitaria y ciudadana.
9. Ajustar los procesos y proyectos de restauración ecológica mediante mecanismos de seguimiento que garanticen una evaluación espacio temporal robusto.
10. Fortalecimiento institucional con cambios en los procesos para que se orienten dentro de la función misional de hacer cumplir el derecho am ambiente sano, favoreciendo así a las poblaciones más vulnerables a nivele rural y urbano. Esto implica además fortalecer las capacidades técnicas, operativas y jurídicas de la Corporación en general, y de las dependencias responsables del ejercicio de la autoridad ambiental, en relación con la vigilancia y el control, el uso no autorizado de los recursos naturales renovables, las acciones que afectan los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de la Corporación; y el control ambiental de las actividades desarrolladas por los sectores productivo, industrial, agropecuario, constructor y minero, incluida la minería ilegal que se desarrolla en la jurisdicción de la Corporación.
11. Establecer condiciones claras para los asentamientos de viviendas campestres que respeten la integridad de los territorios campesinos, sus paisajes y otros territorios socio ecológicos y culturales que definen la identidad histórica de Boyacá.
12. Definir las metas e Indicadores permanentes del Plan de Gestión Ambiental Regional y del Plan de Acción de la Corporación (PAC) mediante las cuales se pueda demostrar el avance en la garantía de los derechos al agua limpia, al control y/o mitigación de los riesgos geológicos y a la adaptabilidad al cambio climático, en la búsqueda de la salud y calidad de vida de la población.
13. Formular e implementar una estrategia participativa para la protección de la vida silvestre y la biodiversidad ecosistémica.
14. Restauración, recuperación y conservación ecológica con base en la activa participación de las comunidades en cada territorio y municipio fortaleciendo la gobernanza ambiental.
15. De manera particular, disponer acciones concretas para:
a. Adelantar acciones claras para la protección del lago de Tota con reconversión de actividades de cultivo de cebollas con sector comercio.
b. Atención prioritaria a la contaminación del río Chicamocha en articulación con los entes territoriales
c. Protección de paramos (planes de manejo, títulos mineros)
d. Articulación para controlar la minería ilegal (Ejemplo en Socha)
e. Garantizar de manera amplia la participación de las comunidades en la protección de ecosistemas de Bosque Seco y en la gobernanza del lago de Sochagota
f. Formulación de planes de m anejo pendientes (El del humedal Palagua quedó pendiente de aprobación hasta que se lleve a las mesas del COATS con la comunidad)
g. Revisar cambios necesarios en los mecanismos de compensaciones ambientales.
