El proceso administrativo para delimitar el páramo de Pisba, área de vital importancia para Boyacá y la Orinoquia colombiana, ha estado acosado por acciones legales para impedir su marcha, cuestionamientos por parte de las comunidades sobre fallas en las fases de información y consulta, y recursos judiciales promovidos por mineros para dejar sin efecto las restricciones impuestas por la autoridad a la extracción de carbón en ese ecosistema.
La delimitación, de acuerdo con lo determinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, comenzó en abril de 2018, y desde entonces contempló cuatro fases: informativa, de consulta, de concertación y de seguimiento y verificación.
La primera se cumplió entre 2018 y 2019 y la segunda, la de consulta, se concretó entre el 6 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2023. La tercera, la de concertación, no se ha logrado materializar por los reparos de la comunidad, los mineros, la Defensoría del Pueblo. la Procuraduría General de la Nación y el mismo Tribunal Administrativo de Boyacá.
Han sido varios los hitos que han impedido la concertación de acuerdos de cara a la delimitación, entre ellos los reparos de habitantes de varios municipios quienes consideraron como inconvenientes los espacios virtuales programados por el Ministerio de Ambiente en 2021, cuando aún persistían las restricciones sanitarias asociadas a la pandemia; y la protesta de pobladores de Gámeza en oposición a una reunión informativa programada para ese municipio el 30 de abril de 2022.
¿Pero cuáles son los argumentos de un sector de la comunidad para frenar la delimitación del páramo de Pisba? Son varias las razones, en primer lugar, aducen falta de claridad del gobierno nacional respecto a cómo se adelantará la clarificación predial en los casos en los cuales los habitantes paramunos no puedan demostrar la titularidad de sus parcelas, también reclaman información precisa de cómo prevén ponerse en marcha las estrategias de sustitución o reconversión de las actuales actividades productivas, especialmente la agricultura y la ganadería porque la minería está prohibida desde 2016 por disposición de la Corte Constitucional.
Otro argumento para oponerse a este proceso de delimitación compromete a Corpoboyacá, responsable de realizar los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales (Etesa) necesarios para adoptar la decisión final. Las comunidades alegaron ante el magistrado Diego Higuera Jiménez que la información sobre la cual se soportan dichos estudios está desactualizada.
Los reproches expuestos y respaldados tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Procuraduría Ambiental y Agraria de Boyacá, y la falta de documentos que evidenciaran avances en las fases de información y consulta, motivaron la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá del 28 de septiembre de 2023 de suspender “las actividades tendientes a satisfacer la fase de concertación, hasta que no sea verificada la correcta realización de la fase de consulta”.
A estas trabas se suman las demandas motivadas por representantes del sector minero. Una fuente de la comunidad citó al ex alcalde de Socha y empresario del carbón, Hernando Vega, como responsable de motivar a trabajadores a su cargo a presentar recursos legales en contra la delimitación del páramo con la pretensión de dilatarlo a favor de sus intereses extractivos. A Vega lo señalan de explotar carbón muy cerca de la laguna de Socha y de impactar negativamente nacimientos de agua de los cuales se surte el municipio.
Finalmente, y luego de que el Tribunal Administrativo de Boyacá evaluara los soportes aportados por el Ministerio de Ambiente y Corpoboyacá, y la cotejara con las consideraciones de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo de Boyacá y de la comunidad, el pasado 6 de marzo decidió levantar la suspensión impuesta al proceso de delimitación del páramo de Pisba y notificar al Ministerio de su aval para “reanudar las actividades tendientes a satisfacer la fase de concertación”.
Adicionalmente le dio plazo de 30 días a esa cartera para presentar la siguiente información:
– Cronograma que especifique las actividades a través de las cuáles se va a satisfacer la fase de concertación.
– El estado de ejecución de las actividades adelantadas para el saneamiento de predios.
– El estado de ejecución de los lineamientos, actividades, y objetivos con los cuales se va a trabajar para la sustitución de actividades y la reconversión del páramo a través de la Resolución 1294 del 7 de diciembre de 2022.
El magistrado a cargo de la decisión, Diego Higuera Jiménez, exhortó a Corpoboyacá a continuar colaborando con el Ministerio en las restantes fases de la delimitación del páramo y a “continuar ejerciendo sus labores de inspección, vigilancia y sanción en la zona de influencia del páramo”.
El togado le pidió además a la comunidad paramuna a participar activamente en las actividades propuestas por el Ministerio de Ambiente y las CAR involucradas, Corpoboyacá y Corporinoquia.
