Aunque no es autoridad ambiental, la Gobernación de Boyacá juega un papel determinante en el abordaje y el tratamiento de la conflictividad ambiental presente en su territorio.
Son diversos los retos socio – ambientales vigentes, son de variada naturaleza las deudas que el Estado nacional, el regional y el local tienen frente a la gestión integral de los recursos naturales.
Entre los más críticos están el vertimiento de las aguas residuales a quebradas, ríos y lagunas sin que, luego de innumerables promesas y anuncios de los gobernantes de turno, haya sido posible materializar la construcción e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Otro desafío lo constituye la generación de residuos sólidos y las dificultades para mejorar las dinámicas y los porcentajes del reciclaje en el departamento.
Según cifras de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá, anualmente son enterradas en los rellenos sanitarios activos 160 mil toneladas de desechos “y solo el 17% de estas son recuperadas y reincorporadas al ciclo productivo”.
A eso se suma que el relleno sanitario de Tunja o Parque Ecológico y Tecnológico de Pirgua, como lo denomina la empresa Urbaser, recibe desperdicios de 121 municipios ante los cierres que pesan sobre los sitios de disposición de Sogamoso y Garagoa, y la crisis por la que atraviesa el de Carapacho, en Chiquinquirá.
A este inventario hay que agregar la deuda asociada a la formulación e implementación de los planes de manejo de los páramos y la conflictividad socio – ambiental presente en esos ecosistemas, relacionada con su deterioro por el desarrollo de actividades agropecuarias y mineras, responsables de su intervención y de impactos negativos como la contaminación y su transformación en detrimento de los servicios ambientales que prestan como el agua, el oxígeno, la captura de carbono y el abrigo de cientos de especies de fauna y flora.
El inventario de compromisos
En el actual Plan de Desarrollo de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya y su equipo se propusieron abordar de manera integral las problemáticas del sector ambiental y las posibilidades de aprovechamiento sostenible de la naturaleza a través de estrategias para el tratamiento de los conflictos, la protección de los ecosistemas, la promoción de prácticas amigables con el ambiente, la investigación y el desarrollo de energías renovables y la dinamización de los negocios verdes.
En el segundo año de la actual administración se han publicitado sendos acuerdos con el Ministerio de Ambiente para la conservación de los páramos Tota – Bijagual – Mamapacha y Pan de Azúcar – El Consuelo por 35 mil millones de pesos, se ha citado la campaña de recolección de residuos posconsumo, y las jornadas de siembra de especies nativas y de educación ambiental.
Muy poco se ha dicho, sin embargo, sobre los esfuerzos de la administración departamental para resolver el tema de las aguas residuales, al menos así se desprende de la respuesta entregada por el secretario de Ambiente de Boyacá, Wilfredy Bonilla, a una consulta puntual de entreojos.co.
Entre las acciones emprendidas por su despacho, Bonilla destacó el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente en las mesas de trabajo para analizar la situación generada por las denuncias de afloramiento de hidrocarburos en San Luis de Gaceno; en su mediación para superar la crisis entre la empresa Argos y su mina San Antonio con habitantes de Duitama y Santa Rosa de Viterbo; y en las sesiones de trabajo lideradas por el Ministerio de Ambiente para avanzar en la delimitación del páramo de Pisba.
Abordaje de la conflictividad
Bonilla y su equipo dieron cuenta del trabajo articulado con autoridades ambientales como Corpoboyacá, CAR, Corpochivor y Corporinoquia para la identificación de los conflictos socio – ambientales a partir de las orientaciones incluidas en la Ley 2327 de 2023 en la cual se definen los pasivos ambientales y se fijan lineamientos para su gestión.
Se refirieron a la elaboración de una matriz y a su presentación ante el Consejo Superior Ambiental de Boyacá. Con su validación, se diseñó una hoja de ruta a partir de la cual se abordarán las diversas problemáticas activas en el departamento.
En el instrumento definido para ese análisis se contemplan, entre otros, aspectos como los siguientes:
- Localización
- Tipología del conflicto
- Categoría de Área Protegida
- Caracterización
- Generadores del conflicto
- Mecanismos de Participación y/o Acciones judiciales
- Fases del Conflicto
- Acciones realizadas y/o Pendientes
Según lo detalló el Secretario de Ambiente de la Gobernación de Boyacá, la hoja de ruta para el conocimiento de los conflictos permite hacer consideraciones específicas sobre varios aspectos relevantes:
- Impacto ambiental (Evalúa la magnitud del daño al recurso hídrico, biodiversidad y ecosistemas).
- Impacto Social (Considera las consecuencias sobre salud, calidad de vida y actividades humanas).
- Nivel de Conflictividad (Mide la intensidad del conflicto entre los actores involucrados).
- Disponibilidad de Solución (Analiza si existen alternativas técnicas, institucionales o comunitarias viables).
- Afectación a comunidades (Evalúa el grado de afectación a grupos vulnerables o directamente dependientes del recurso).
El funcionario expresó la disposición de su despacho para asesorar a las comunidades en el trámite de sus quejas y en la exploración de alternativas de solución a sus inquietudes.
Wilfredy Bonilla respondió a varios de los interrogantes formulados por entreojos.co sobre la gestión ambiental de la Gobernación de Boyacá, y los detalles de sus respuestas los presentaremos en futuras entregas dada la extensión de la información suministrada.
