La Casa de la Cultura de El Cocuy fue escenario de un nuevo raund entre la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El viernes 30 de enero, en una reunión entre delegados de esa cartera y líderes de la organización social, el Gobierno presentó alternativas para atender los reclamos campesinos sin desmontar el marco constitucional que protege a los ecosistemas de páramo. Pero la Federación rechazó de plano cualquier ajuste: exige que dos resoluciones que blindan ambientalmente al Páramo Sierra Nevada del Cocuy desaparezcan de la vida jurídica.
Se discute si Colombia puede abrir la puerta a un precedente en el que la presión social —y ahora también las amenazas de desobediencia civil— terminen debilitando instrumentos diseñados para proteger el agua, la biodiversidad y la estabilidad ecológica de la alta montaña.
La Federación, representada por su presidente, Roberto Arango, y su vicepresidente, Javier Vargas, insistieron en que se derogue la Resolución 1405 de 2018, mediante la cual se delimitó el páramo Sierra Nevada del Cocuy, y la Resolución 1275 de 2014, que adoptó la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª en El Cocuy.
Arango viene sosteniendo —desde agosto de 2025, cuando el gremio impulsó un bloqueo que afectó la movilidad en Boyacá— que estas normas golpean a los campesinos del páramo porque, según su criterio, les impiden producir, tener ganado, alimentarse y prosperar.
El Gobierno, por su parte, ha intentado sostener una tesis distinta: el Estado no puede renunciar a la protección de un ecosistema estratégico, pero sí debe garantizar condiciones dignas de permanencia, transición productiva y seguridad jurídica para quienes viven allí.
También le puede intersar: Son inviables exgencias de Roberto Arango para desmontar la protección de El Cocuy.
No expropiación, si crédito y saneamiento predial
El Ministerio ha reiterado un paquete de garantías que, en su narrativa, busca desmontar uno de los temores que más circula en territorios de alta montaña: la idea de que delimitar páramo implica expulsión o pérdida de la propiedad.
Según lo expuesto por el equipo gubernamental, la política no contempla expropiaciones ni desalojos, y sí plantea mecanismos para sostener medios de vida, siempre que las actividades agropecuarias transiten hacia criterios de bajo impacto y sostenibilidad.
Entre las alternativas enunciadas se incluyen: acceso a crédito rural, procesos de avalúo con criterios ambientales para predios en páramo delimitado, apoyo institucional para el saneamiento de la propiedad, y lineamientos sobre vías: mantenimiento y mejoras a las existentes, pero sin abrir nuevas carreteras en el ecosistema.
El Gobierno, además, insistió en que delimitar y mantener normas de protección sirve para “definir con precisión el ecosistema de páramo, orientar la gestión ambiental y territorial, fortalecer la protección, restauración y uso sostenible, y aplicar las prohibiciones de ley”.
Una decisión histórica
Como lo publicó el diario El Espectador el pasado 31 de diciembre, el gobierno ha dado pasos importantes como la actuación de la Agencia Nacional de Tierras en la reconstrucción de un título histórico para habitantes de El Cocuy.
Se logró clarificar el origen jurídico y la propiedad de los predios habitados durante décadas por campesinos de las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño. En 1974 habían quedado incluidos dentro de la reserva forestal de la Ley Segunda de 1959 del páramo del Cocuy.
Se trata, destaca El Espectador, de “un territorio de más de 2.300 hectáreas en el cual habitan unas 500 familias que exigían al Estado que se reconociera su propiedad sobre las tierras de vocación campesina”.
En este mismo sentido los colectivos ambientales que piden ser admitidos por el gobierno en estas discusiones, destacaron que el Ministerio de Ambiente está poniendo lo suyo en el tema de la participación social. “específicamente en cambiar zonificaciones con consensos comunitarios”.
También le puede intesar: Organizaciones piden aplazar decisiones sobre el páramo El Cocuy.
Concluyeron que el Estado está haciendo concesiones sensatas y democráticas en armonía con los derechos del campesinado y del derecho ambiental, y se quedan con la impresión de que la radicalidad en la posición de Roberto Arango y la Federación de Parameros, para que sean derogadas las resoluciones que protegen el páramo El Cocuy, podría ocultar intereses como el de la posibilidad de explotar carbón en el eventual caso de que el gobierno ceda a sus pretensiones.
Federación rechaza ajustes y recusa
Arango no aceptó la propuesta de ajustes a las resoluciones. Su mensaje fue tajante: la Federación no quiere modificaciones, quiere derogatoria.
“Nosotros no hablamos de lineamientos ni de cambio de resoluciones… pedimos que estas desaparezcan de la vida jurídica”, dijo ante los funcionarios. Luego elevó la tensión: solicitó el retiro de dos integrantes del Ministerio Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y Jairton Díaz, asesor del despacho ministerial.
A los dos los recusó por su participación en la redacción de normas ambientales que hoy rechaza el gremio, incluyendo la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos. Desde los colectivos contrarios la opinión de Arango consideran que él también podría ser recusado por sus vínculos con el sector minero, en particular por un mandamiento de cobro coactivo a su nombre, emanado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), y asociado al título minero número FLE – 154.
Desobediencia civil y otras advertencias
El cierre del encuentro fue aún más inquietante. Javier Vargas, vicepresidente de la Federación de Parameros, lanzó una advertencia que, por su alcance, no puede leerse solo en el escenario de una negociación, también debe prestársele atención desde el ámbito de la garantía del orden público y del derecho a la libre movilidad de la ciudadanía.
Dijo que, si no se avanza en la negociación, la comunidad, que asegura representar, podría declararse en desobediencia civil, crear una guardia campesina y vetar del territorio a entidades que, según su planteamiento, “ejercen funciones sobre predios privados”.
También mencionó la posibilidad de restringir el tránsito de funcionarios y planteó un eventual paro para las elecciones legislativas o las presidenciales, y el cierre del Parque Nacional Natural El Cocuy,
“No es una amenaza, estamos en el escenario de que si no se avanza en las negociaciones con ustedes nos declaramos en desobediencia civil, creamos una guardia campesina. Por supuesto que la Corporación … quedaría vetada de este territorio. Otra propuesta que sale hoy es el cierre del Parque Natural El Cocuy y que los funcionarios no podrían tener esa libertad con la que andan, porque ya vemos cuanto territorio nos ha cercenado el Parque Nacional”, dijo Vargas.
En un país donde la protección de ecosistemas estratégicos suele depender de la presencia, de por sí limitada, de autoridades y equipos técnicos, la idea de vetar a entidades o condicionar su operación es una línea roja. No solo erosiona el Estado de derecho: incrementa el riesgo para guardaparques, guardapáramos, funcionarios ambientales y liderazgos sociales que, desde distintos enfoques, defienden el cuidado del agua y la montaña.
Producción agroindustrial vs límites del páramo
La Federación sostiene que las resoluciones les impiden producir de manera “agroindustrial” en el páramo. Ese punto cambia el sentido del conflicto. La discusión deja de ser únicamente sobre medios de producción sostenibles y pasa al terreno de la producción a gran escala, con el riesgo de abrirle espacio a la minería, en un ecosistema sensible y vulnerable como el páramo.
El marco legal de páramos existe precisamente porque estos ecosistemas son frágiles y porque su alteración tiene consecuencias directas sobre el agua: nacimientos, regulación hídrica, almacenamiento natural, conectividad ecológica. Abrir la puerta a intensificación productiva puede traducirse en mayor presión sobre coberturas, suelos, drenajes y fuentes, con impactos que no se quedan en la montaña: bajan por cuencas y se sienten aguas abajo.
Por eso la derogatoria no es un trámite neutro. Puede significar un debilitamiento de la delimitación y de la zonificación, y un precedente en el que las normas ambientales se vuelven negociables bajo presión.
Un enfoque jurídico que incomoda
En la reunión participaron delegados de la Gobernación de Boyacá y de la UPTC. La universidad pública del departamento. Esta última institución asumió, por solicitud del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, un rol de análisis jurídico para explorar escenarios de revocatoria, no de armonización de las normas cuestionadas.
En este punto, colectivos ambientales como el Grupo de Trabajo en Páramos de Boyacá (GPT), el Comité por el Páramo de Santurbán y la comunidad indígena Nación U’wa han hecho una crítica reiterada: consideran que algunos escenarios jurídicos expuestos en el marco de la concertación priorizan los intereses de la Federación —al buscar razones para derogar— más que el diseño de rutas equilibradas que sostengan la conservación y, al mismo tiempo, garanticen bienestar y permanencia campesina con transición productiva real.
Los colectivos también han insistido en que la Federación no representa a todas las voces de las zonas de páramo, y han pedido al Ministerio ser reconocidos como interlocutores válidos, especialmente cuando la discusión involucra la seguridad del agua y la integridad de ecosistemas estratégicos.
En una comunicación del 27 de enero, los veedores ambientales consideran que el actual proceso de revisión de las Resoluciones 1275 de 2014 y 1405 de 2018 presenta un sesgo a favor de la Federación de Parameros.
Plantearon además el aplazamiento de cualquier decisión en ese sentido y la apertura de una mesa técnica plural que permita la participación de otros actores y otras miradas sobre la gestión del páramo. En este punto invocaron las disposiciones del Acuerdo de Escazú acogidas por el gobierno de Colombia en materia de participación, divulgación y justicia ambiental.
Su requerimiento fue respaldado por la Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales de Boyacá, Alicia López Alfonso, quien consideró importante la garantía de los derechos de todas las comunidades . Sugirió un análisis de los compromisos, así como la incorporación de los argumentos de las veeedurías ambientales, y de la comunidad Nación U’wa, en el resultado de las gestiones adelantadas por las entidades oficiales en el marco de las negociaciones.
Otra postura que no cayó bien entre ambientalistas y habitantes del páramo, distantes de la Federación, fue la intervención de Mauricio Reyes Camargo, asesor de Paz y Diálogo Social de la Gobernación, y delegado del Gobernador Amaya.
Reyes expuso que las causales de revocación de las resoluciones, solicitadas por la Federación, se dan en esos dos actos administrativos. Adujo como argumento que las leyes son cambiantes y que deben variar en la medida en que cambia la sociedad. Complementó que la vigencia de las resoluciones contraría los principios de la Constitución Política de Colombia de garantizar los derechos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Reyes, en representación del Gobernador, insistió en la violación de los derechos de los campesinos a partir de las resoluciones que protegen el páramo El Cocuy, pero evitó referirse a la necesidad de cuidar el páramo y sus servicios ecosistémicos. Omitió, igualmente, citar las alternativas planteadas en conjunto por los ministerios de Ambiente y Agricultura para brindarles opciones y ventajas económicas a los residentes en el páramo y garantizar su permanencia en el territorio.
Una semana decisiva
Desde el Ministerio se respondió que se tomará nota de cada argumento y que las reclamaciones deberán consultarse con el equipo en Bogotá en el transcurso de una semana. Ese plazo abre un compás de espera, pero también exige claridad.
Lo que está en juego es el tipo de pacto social que Colombia está dispuesta a sostener en los páramos: si el Estado puede garantizar derechos campesinos (tierra, crédito, avalúos justos, asistencia técnica, mercados y transición) sin desmontar las normas que protegen el agua; y si la concertación seguirá siendo un espacio de construcción democrática o terminará capturada por amenazas de vías de hecho.
En El Cocuy, el tono ya subió. Ahora falta saber si el país permitirá que la protección del agua se negocie como moneda de presión, o si, por el contrario, se encontrará una salida que combine justicia social con un principio que no admite ambigüedades: sin páramo, no hay agua; y sin agua, no hay futuro posible para nadie, tampoco para el campesinado.
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