La biblioteca del Banco de la República, en Tunja, sirvió de marco a un diálogo informal y poco habitual: periodistas, colectivos de comunicación y líderes sociales de las provincias de Centro, Tundama, Occidente y Sugamuxi conversaron sobre cómo se están contando, y cómo deberían contarse, las historias relacionadas con la defensa de los derechos humanos y los conflictos socio – ambientales.
El encuentro hizo parte del taller Producción de narrativas participativas sobre derechos humanos, una iniciativa conjunta del programa Somos Defensores y la unidad Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, que desde mayo de 2025 ha recorrido cinco regiones del país: Oriente antioqueño, Bogotá, Ibagué, Barranquilla y ahora Tunja.
Para Víctor Casas, integrante de la unidad Hacemos Memoria, el propósito central del proceso ha sido abrir espacios de discusión sobre el papel de los medios en la construcción de relatos sobre líderes y lideresas sociales.
“Hay muchas historias que interesan a los periodistas, pero también son historias que las comunidades quieren que se visibilicen y que tengan mayor alcance”, explicó Casas y agregó que la intención es que ambos sectores se reconozcan mutuamente, comprendan el valor de su trabajo y puedan empezar a construir agendas conjuntas.
El taller en Tunja marcó el cierre de este primer ciclo nacional y dejó abiertas preguntas estructurales sobre la relación entre prensa y organizaciones socio – ambientales en los territorios.
Desconfianza mutua y riesgos compartidos
Al preguntarle por el estado de esa relación, Víctor Casas evitó emitir un diagnóstico categórico. Prefirió hablar de hipótesis y matices regionales.
En muchas zonas del país, señaló persiste una desconfianza bilateral. Desde los medios, existe temor a ser instrumentalizados por organizaciones sociales. Desde las comunidades, la preocupación, en muchos casos justificada, gira en torno a prácticas periodísticas que pueden derivar en estigmatización.
Y esa estigmatización no es un asunto menor: puede traducirse en amenazas, debilitamiento de liderazgos e incluso violencia letal.
Casas advirtió que no es posible hacer un balance homogéneo del país. Las dinámicas en regiones con alta conflictividad armada, como Cauca, Nariño o Norte de Santander, no son comparables con contextos como Boyacá o Atlántico. Cada territorio está atravesado por condiciones históricas, niveles de riesgo y capacidades organizativas distintas.
El panorama se complejiza aún más si se considera la situación de la prensa regional. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado reiteradamente agresiones contra periodistas en zonas apartadas y ha identificado municipios donde no existen medios comunitarios ni alternativos. Esas zonas silenciadas, puntualizó, evidencian que el desafío no es exclusivo de las organizaciones sociales: también lo es para el ecosistema informativo.
Revisar el método
Desde el programa Somos Defensores, Juan Manuel Quinche se refirió a otro problema de fondo: la forma en que las personas defensoras de derechos humanos son presentadas ante la opinión pública.
No se trata únicamente de narrativas periodísticas. También inciden discursos políticos, mediáticos e incluso de figuras públicas que, de manera directa o indirecta, reproducen asociaciones engañosas o estigmatizantes. Vincular a una persona defensora con actores armados o con intereses ilegítimos, sin sustento, puede poner en riesgo su vida.
De allí el interés de sumar esfuerzos con la Universidad de Antioquia. La alianza ha producido previamente una colección de tres libros que visibilizan el trabajo de organizaciones defensoras en distintos territorios mediante procesos participativos entre periodistas y comunidades. De esa experiencia surgió la metodología que ahora se traduce en talleres regionales y en la construcción de decálogos territoriales.
Nuevas reglas para narrar, el decálogo de Boyacá
El ejercicio colectivo realizado en Tunja los días 20 y 21 de febrero derivó en un decálogo que busca redefinir la relación entre periodistas y comunidades.
Entre los principios destacados se encuentran:
- Reconocer que la agenda mediática no siempre coincide con la agenda comunitaria.
- Privilegiar las preguntas que emergen desde los territorios, no solo las del periodista.
- Permitir que las comunidades definan desde qué enfoque desean ser narradas.
- Solicitar autorización explícita para registros fotográficos o audiovisuales.
- Mantener comunicación constante durante el proceso de documentación y publicación.
Para Quinche, el decálogo boyacense tiene una impronta local clara, resultado de conversaciones naturales entre comunicadores y líderes de distintos municipios. Más que una lista rígida, es una guía ética para fortalecer la confianza y garantizar que la producción informativa no genere daños adicionales.
Casas complementa que el documento también enfatiza el cuidado mutuo: de los periodistas hacia las personas defensoras y de los propios periodistas frente a los riesgos que implica cubrir temas sensibles.
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