La reciente presentación del documento CONPES ‘Política de Reforma Agraria: Redistribución de Tierras y Aguas para la Producción y el Cuidado de la Vida’ marcó un hito en la agenda del Gobierno Nacional, no solo por retomar la redistribución de tierras como política pública estructural, sino también por incorporar explícitamente un enfoque ambiental y climático.
La presentación se realizó en Cartagena, y fue destacada por medios nacionales especializados, como La Silla Vacía, que reseñó el acto y el contenido del Conpes enfatizando este giro hacia la sostenibilidad y la agroecología.
El Conpes, identificado como la hoja de ruta para una reforma agraria integral, apunta a corregir desigualdades estructurales en la tenencia de la tierra y del agua, articulando la justicia social rural con criterios de producción sostenible, adaptación al cambio climático y ordenamiento territorial basado en ecosistemas.
Esta política abarca seis ejes estratégicos que van desde la redistribución de tierras y bienes naturales hasta la inclusión de riesgos climáticos y nuevas formas de sostenibilidad productiva.
Un giro hacia la justicia ecológica en la tierra y el agua
El documento Conpes fue presentado en el marco de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se desarrolló en Cartagena y reunió a actores nacionales e internacionales para discutir la equidad en el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del campo.
Según La Silla Vacía, el nuevo planteamiento de reforma agraria incorpora por primera vez de forma explícita elementos como la agroecología, la adaptación climática y la gestión sostenible de los recursos hídricos, enlazando políticas ambientales con la redistribución de activos rurales.
Esto ubica al Conpes como un instrumento de política pública con doble propósito: atender demandas de justicia social en el campo e integrar prácticas productivas compatibles con la conservación de los ecosistemas.
La inclusión de la dimensión ambiental responde a la creciente evidencia de que las desigualdades en la tenencia de la tierra están estrechamente relacionadas con la degradación de suelos, la presión sobre áreas estratégicas como páramos y cuencas, y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Redistribuir tierras sin considerar su función ecológica, advierten académicos y organizaciones ambientales, puede traducirse en mayor deterioro de los servicios ecosistémicos y en contradicciones entre políticas agrarias y ambientales.
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