La reunión convocada el pasado 19 de marzo en la vereda Horizontes, zona rural de San Luis de Gaceno, revivió las tensiones entre la comunidad, la Gobernación de Boyacá y la empresa petrolera Nikoil Energy, en medio de un conflicto socio – ambiental que es evidente desde hace más de una década.
El encuentro, citado con apenas unos pocos días de anticipación, fue calificado por líderes comunitarios como un espacio con resultados “buenos, malos y feos”, en palabras de Franklin Mendoza, integrante de la veeduría ambiental y comunitaria que se opone a la operación petrolera en la zona por los impactos ocasionados: afloramientos de hidrocarburos y de gas en predios destinados a la agricultura y la ganadería, y la contaminación del suelo y los nacimientos de agua.
Entre los aspectos que la comunidad considera positivos se destaca que, por primera vez, desde el inicio de operaciones de Nikoil Energy en la región, en 2012 la empresa manifestó su disposición a destinar recursos significativos para atender la problemática ambiental.
Según lo expuesto en la reunión, Nikoil Energy propone que, si se le permite reanudar operaciones en el pozo Medina, destinaría el 70 % de sus utilidades, después de regalías y costos operativos, a un fondo para financiar obras de mitigación y compensación por los impactos ambientales.
La propuesta, planteada por el presidente de la compañía, Omar Leal, representa un giro en la postura empresarial. Sin embargo, la comunidad mantiene reservas frente a su viabilidad. “No hay ninguna garantía de que efectivamente se vaya a cumplir”, advirtió Mendoza, quien insistió en la necesidad de un acuerdo vinculante con acompañamiento institucional.
En ese sentido, los habitantes plantean que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras autoridades estatales actúen como garantes de cualquier compromiso que se suscriba.
Promesas oficiales y anuncios cuestionados
Durante la reunión, la Gobernación reiteró propuestas previamente socializadas, como la construcción de un acueducto rural y la instalación de placas huellas para mejorar la movilidad en la zona, inversiones que serían asumidas en conjunto por la administración departamental y Nikoil. No obstante, algunos anuncios generaron inconformidad.
Uno de ellos fue la promesa de entregar un banco de maquinaria al municipio, que en la práctica se traduce en el préstamo temporal de una motoniveladora y un vibrocompactador por parte de Tierra Sua, una empresa creada por la Gobernación que dispone de recursos oficiales para ejecutar proyectos de inversión.
“Nos convocan a una cosa y nos salen con otra”, señaló Mendoza en referencia a los equipos que serían enviados a San Luis de Gaceno
La ausencia del gobernador y un mensaje polémico
El punto más crítico del encuentro fue la ausencia del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quien no asistió pese a estar anunciado. En su lugar, envió un mensaje de audio en el que se excusó por compromisos de agenda y dificultades climáticas para desplazarse en helicóptero desde Guaymaral.
En su intervención, el mandatario insistió en la necesidad de avanzar en el diálogo y pidió a la comunidad levantar las protestas que impiden la operación de la empresa. También aseguró que, según información proporcionada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), de la cual no exhibió evidencias, no existiría relación entre la actividad petrolera y los afloramientos de hidrocarburos denunciados en la zona.
“Lo que a mí me ha informado la UPTC es que el proceso de explotación de gas no es la causa de los afloramientos”, afirmó el gobernador, quien agregó que es necesario esperar los resultados del Servicio Geológico Colombiano para determinar el origen del fenómeno, resultados que en su opinión es necesario “revisar y estudiar”
Estas declaraciones generaron preocupación entre los habitantes, quienes aseguran no tener conocimiento de estudios concluyentes por parte de la universidad. Según Mendoza, la presencia de personal de la UPTC en la zona ha sido esporádica y no hay evidencia de investigaciones profundas.
A pesar de su llamado a los habitantes de Horizontes para que permitan la extracción de gas del pozo Medina, y de esta forma ayudar a superar la crisis por el incremento nacional de los precios, el gobernador de Boyacá expuso una de sus máximas:
“Yo no voy a permitir que ninguna actividad se haga poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental en los ecosistemas estratégicos del departamento”.
Un conflicto sin resolver
El origen de los afloramientos de gas e hidrocarburos sigue siendo motivo de disputa. Mientras la empresa insiste en que no son su responsabilidad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la Resolución 445 de 2022, señaló que estos no son de origen natural sino antrópico, y podrían estar relacionados, según testimonios de ex trabajadores de Nikoil Energy, con la inyección de nitrógeno realizada en 2014.
Sobre la investigación que adelanta el Servicio Geológico Colombiano, la entidad lleva cerca de dos años realizando estudios en la zona sin haber emitido aún un resultado definitivo. Se espera que en junio próximo entregue sus conclusiones.
En este contexto, la comunidad expresa frustración frente a lo que considera una falta de respaldo institucional, especialmente de parte del gobernador Amaya al pedirles a los habitantes de San Luis de Gaceno, especialmente a los afectados por la problemática, levantar la protesta y permitir la operación de la petrolera.
“Es una clara muestra de que el mandatario está defendiendo intereses privados y no los de la comunidad”, sostuvo Mendoza.
Una nueva mesa de diálogo
La reunión del 19 de marzo concluyó con el acuerdo de instalar una mesa de trabajo el próximo 10 de abril en el sector de Guamal. Allí, la comunidad espera presentar una contrapropuesta que permita avanzar hacia una solución estructural del conflicto.
Los líderes insisten en que estos espacios deben realizarse en las veredas afectadas, como Horizontes o Guamal, y no en el casco urbano, para garantizar la participación directa de quienes enfrentan los impactos.
Mientras tanto, la exigencia sigue siendo clara: soluciones efectivas frente a la contaminación del suelo y las fuentes hídricas, que han afectado la producción agrícola y ganadera, así como la calidad de vida de las familias campesinas.
El conflicto en San Luis de Gaceno continúa abierto, en un escenario donde la confianza entre comunidad, empresa e instituciones sigue profundamente fracturada.
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