El fortalecimiento de la democracia ambiental en Colombia pasa, cada vez más, por las manos de la ciudadanía.
Bajo esa premisa, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible abrió una nueva convocatoria del programa estratégico Sistema Nacional de Control Social Ambiental #AlertaPorMiAmbiente 2024-2027, una iniciativa que busca que comunidades y organizaciones participen activamente en la vigilancia de la gestión pública ambiental.
Boyacá figura entre los 16 territorios priorizados para 2026.
En el departamento, podrán postularse procesos con presencia en municipios clave como Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Tasco y Firavitoba, lo que abre una ventana concreta para que actores locales incidan en decisiones relacionadas con el uso de los recursos naturales y la protección de ecosistemas.
Ciudadanía que vigila, territorios que se transforman
El programa no es solo una convocatoria más. Se trata de un instrumento que apunta a consolidar el control social ambiental como práctica cotidiana. En términos operativos, esto implica que organizaciones comunitarias, colectivos ciudadanos, redes campesinas o grupos académicos puedan hacer seguimiento a políticas, proyectos y decisiones públicas con impacto ambiental.
La apuesta es pasar de una gestión ambiental centralizada a un modelo donde la ciudadanía ejerza veeduría, acceda a información pública y dialogue directamente con las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA).
En 2026, el programa proyecta la implementación de 150 procesos de control social ambiental en todo el país, seleccionados mediante una convocatoria pública. Cada iniciativa contará con apoyo técnico y recursos económicos que oscilan entre cinco y diez millones de pesos, dependiendo de la categoría.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria es amplia y flexible. No exige que las organizaciones estén formalmente constituidas, lo que reduce barreras de entrada y reconoce la diversidad organizativa de los territorios.
Podrán postularse:
- Organizaciones sociales y comunitarias
- Colectivos ambientales
- Juntas de acción comunal
- Grupos de jóvenes, mujeres o comunidades étnicas
- Redes campesinas
- Comunidades educativas
- Semilleros y grupos de investigación
Quedan excluidas las personas que participen de manera individual, entidades con ánimo de lucro, funcionarios públicos y actores con conflictos de interés o vínculos directos con los procesos a vigilar.
Temas clave: del agua al cambio climático
Las propuestas deberán enfocarse en problemáticas ambientales específicas. La convocatoria define 15 líneas temáticas que reflejan las principales tensiones socio – ambientales del país. Entre ellas destacan:
- Gestión del recurso hídrico
- Protección de la biodiversidad y control a la deforestación
- Cambio climático
- Ecosistemas estratégicos como páramos y humedales
- Contaminación del aire, ruido y olores
- Manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios
- Licencias y permisos ambientales
- Regalías ambientales
- Agroecología y negocios verdes
En el caso de Boyacá, estas líneas conectan directamente con conflictos actuales como la presión sobre páramos, la gestión de residuos, el uso del agua y las tensiones derivadas de actividades extractivas.
Más allá de la vigilancia: hacia la justicia ambiental
El control social ambiental no se limita a supervisar. Su alcance es más profundo: busca promover transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y abrir espacios de diálogo entre comunidades e instituciones.
En este sentido, la convocatoria se alinea con principios del Acuerdo de Escazú, especialmente en lo relacionado con acceso a la información, participación pública y protección de defensores ambientales.
La lógica es que una ciudadanía informada y organizada no solo detecta fallas en la gestión ambiental, sino que también propone soluciones y construye gobernanza territorial.
Fechas clave
- Apertura de la convocatoria: 20 de abril de 2026
- Cierre de postulaciones: 22 de mayo de 2026 (11:59 P.M.)
- Evaluación: del 23 de mayo al 5 de junio
- Resultados preliminares: entre el 6 y el 10 de junio
La inclusión de Boyacá en esta estrategia nacional representa una oportunidad estratégica. En un territorio marcado por la riqueza ecosistémica, especialmente en zonas de páramo y cuencas hídrica, pero también por conflictos ambientales, el fortalecimiento del control social puede convertirse en una herramienta clave para equilibrar desarrollo y sostenibilidad.
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