Por más de un año, 506 días exactamente, habitantes de las veredas Juracambita, en Zetaquira, y San Ignacio, en Rondón, han venido denunciando una situación que consideran crítica para su seguridad hídrica: la construcción de varios reservorios en predios ubicados en el sector Páramo, una zona de alta importancia ambiental por su función en la regulación y provisión de agua para las comunidades rurales de ambos municipios.
Las primeras denuncias fueron radicadas ante Corpoboyacá en enero de 2025. Desde entonces han transcurrido más de 506 días sin que, según los habitantes de la zona, se haya restablecido plenamente el flujo natural de las fuentes hídricas ni se hayan recuperado las condiciones ambientales previas a las intervenciones.
La controversia gira alrededor de la construcción de siete reservorios en los predios Santa Cecilia y El Turín, ubicados en la vereda Juracambita.
De acuerdo con las denuncias comunitarias, las excavaciones alteraron áreas de humedal y bosque altoandino, además de afectar un pequeño cauce natural identificado durante las inspecciones como Caño N.N., una fuente que históricamente habría contribuido al abastecimiento de agua para habitantes de las veredas Juracambita y San Ignacio, de Zetaquira y Rondón, respectivamente.
Según la comunidad, la captación y almacenamiento del recurso hídrico en los reservorios redujo significativamente la disponibilidad de agua aguas abajo, afectando tanto el consumo doméstico como actividades productivas relacionadas con la agricultura y la ganadería.
Las preocupaciones de los habitantes también se relacionan con la intervención de ecosistemas de alta fragilidad ecológica, caracterizados por la presencia de juncos, musgos de la familia Sphagnaceae y especies arbóreas propias del bosque altoandino, cuya función resulta fundamental para la regulación hídrica de la región.
Lo que encontró Corpoboyacá
El 18 de febrero de 2025, funcionarios de Corpoboyacá realizaron una inspección técnica en compañía de representantes de las personerías de Zetaquira y Rondón, funcionarios municipales, miembros de la comunidad y los presuntos responsables de las obras.
Durante la visita se evidenció la construcción de cuatro reservorios en el predio Santa Cecilia y tres más en el predio El Turín.
Los técnicos concluyeron que parte de las intervenciones se encontraban en zonas que corresponden a ecosistemas de humedal y bosque altoandino, donde identificaron vegetación asociada a suelos permanentemente húmedos y especies de especial importancia ecológica.
El informe técnico también advirtió sobre la presencia de brotes de agua dentro de algunos reservorios y sobre la posible interrupción del flujo natural de un cauce que abastece a comunidades ubicadas aguas abajo.
Adicionalmente, Corpoboyacá señaló que las obras requerían permisos ambientales relacionados con la ocupación de cauces y el aprovechamiento del recurso hídrico, autorizaciones que, según los hallazgos de la entidad, no habían sido obtenidas.
Según manifestaciones recogidas entre la comunidad y funcionarios de la administración municipal, las intervenciones habrían sido realizadas por los señores José Saúl Olarte Ulloa y John Fredy Olarte Parra, residentes en Ramiriquí.
De acuerdo con la Secretaría de Planeación de Zetaquira, estas personas no contaban con autorización municipal para la apertura de los siete reservorios identificados durante la inspección.
Medidas preventivas y proceso sancionatorio
Como resultado de las actuaciones técnicas, Corpoboyacá expidió la Resolución 1952 del 10 de junio de 2025, mediante la cual impuso medidas preventivas a los presuntos responsables de las intervenciones.
Entre las órdenes impartidas figuraban la suspensión de nuevas obras, la restauración de las áreas afectadas y la recuperación de las condiciones ambientales originales.
Un día después, mediante la Resolución 1966 del 11 de junio de 2025, la autoridad ambiental abrió formalmente un procedimiento administrativo sancionatorio al considerar que existían elementos suficientes para investigar posibles infracciones ambientales derivadas de la construcción de los reservorios.
Posteriormente, Corpoboyacá formuló dos cargos relacionados con la presunta afectación de ecosistemas de recarga hídrica y la ejecución de obras sin contar con los permisos ambientales requeridos por la normatividad vigente.
En enero de 2026 la entidad adoptó nuevas medidas preventivas, ordenando suspender cualquier aprovechamiento del recurso hídrico sin concesión de aguas, retirar las mangueras instaladas en los reservorios, restablecer el flujo natural de las fuentes intervenidas y abstenerse de realizar fumigaciones cerca de las corrientes de agua.
La restauración sigue pendiente
Uno de los aspectos más sensibles del proceso tiene que ver con la recuperación de las áreas afectadas.
Según ha explicado Corpoboyacá, el cierre de los reservorios no puede realizarse de manera improvisada, pues una intervención inadecuada podría generar nuevas afectaciones sobre el ecosistema.
La corporación ha insistido en la necesidad de contar con un estudio hidrogeológico que permita definir técnicamente la forma en que deberá adelantarse la restauración ambiental.
Sin embargo, la entidad informó que dicho estudio no había sido entregado por los señalados responsables dentro de los plazos establecidos, situación que ha dificultado la adopción de decisiones definitivas sobre la recuperación de la zona.
Preocupación de la comunidad
Mientras el proceso administrativo continúa avanzando, los habitantes de Juracambita y San Ignacio sostienen que los efectos de las intervenciones siguen presentes.
Aseguran que la quebrada Porras y otras fuentes asociadas al sistema hídrico local continúan afectadas y que las dificultades para acceder al agua persisten para numerosas familias campesinas.
Para la comunidad, la principal inquietud radica en que, pese a las medidas preventivas, la apertura del proceso sancionatorio y las actuaciones adelantadas por diferentes entidades, aún no se ha materializado una solución definitiva que garantice la recuperación integral del ecosistema y el restablecimiento pleno de las condiciones de abastecimiento hídrico.
Intervención de la Procuraduría y acción de tutela
La situación también ha despertado el interés de la Procuraduría General de la Nación, entidad que ha realizado seguimiento a las actuaciones institucionales relacionadas con el caso.
Paralelamente, miembros de la comunidad acudieron a la acción de tutela buscando la protección de sus derechos fundamentales relacionados con el acceso al agua y la protección ambiental.
Aunque el Juzgado de Zetaquira negó las pretensiones principales de la tutela, sí impartió una orden relevante a Corpoboyacá: presentar en un plazo de veinte días un informe detallado sobre las actuaciones realizadas y el grado de cumplimiento de las medidas ordenadas mediante la Resolución 1952 del 10 de junio de 2025.
La decisión judicial determina la necesidad de mantener el seguimiento institucional sobre un caso que continúa generando preocupación entre los habitantes de la zona.
Un proceso cerca de su decisión final
Consultada recientemente por entreojos.co, una fuente del área jurídica de Corpoboyacá explicó que el expediente sancionatorio se encuentra actualmente en la etapa de alegatos de conclusión, una de las últimas fases del procedimiento administrativo.
Según la entidad, una vez surtido este trámite se expedirá el acto administrativo de decisión, en el que se determinarán las eventuales sanciones y las obligaciones de restauración que deberán cumplirse.
La corporación reconoció que se trata de un caso complejo desde el punto de vista jurídico, técnico y ambiental, y reiteró que la recuperación del ecosistema exige medidas especializadas que requieren tiempo y estudios técnicos adecuados.
Mientras llega esa decisión definitiva, las comunidades de Juracambita y San Ignacio continúan esperando respuestas concretas sobre el futuro de las fuentes hídricas de las que dependen sus hogares, cultivos y actividades productivas.
Los afectados agradecen el acompañamiento de los personeros de Zetaquira, Rossy Lorena Cucaita Soler; y de Rondón, Luis Carlos Cruz López. así como el interés expresado por la Procuradora 31 Judicial II Ambiental, Minero Energética y Agraria de Bogotá con Jurisdicción Nacional, Eliana Margarita Cerón Guevara.
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