«Hoy tengo el corazón lleno de regocijo con Dios, la Santísima Virgen, mi familia, mis compañeros de trabajo de la Procuraduría General de la Nación y la comunidad en general, porque me permitieron hacer lo que más me gusta: servir, servir y servir a quien lo necesitó, mis campesinos, comunidad e instituciones, en aras siempre de obtener la protección de los recursos naturales».
Con esas palabras enviadas a algunas personas con las que interactuó durante su gestión, el pasado 30 de junio, Alicia López Alfonso anunció el cierre de su trayectoria como Procuradora Judicial para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios con sede en Tunja.
En el mismo mensaje aseguró que dejaba la entidad «con la satisfacción del deber cumplido» y agradeció el respaldo recibido durante los años en que representó al Ministerio Público en buena parte de Boyacá.
Su despedida marca el final de una carrera en el servicio público. Pero, al mismo tiempo, abre una discusión que trasciende el retiro de una funcionaria: ¿qué ocurrirá ahora con la presencia de la Procuraduría Ambiental en un departamento donde la conflictividad socio – ambiental continúa creciendo?
La respuesta aún es incierta.
Una sola procuradora para todo Boyacá
La Procuraduría Alicia López Alfonso tenía bajo su responsabilidad 59 de los 123 municipios de Boyacá.
Su jurisdicción incluía territorios como Aquitania, Puerto Boyacá, Cubará, San Luis de Gaceno, Muzo, Otanche, El Cocuy, Güicán, Sogamoso, Duitama, Paipa y Pisba, escenarios de conflictos relacionados con minería, hidrocarburos, protección de páramos, calidad del agua, disposición de residuos sólidos y procesos agrarios.
Los demás municipios están asignados a la Procuraduría 31 Judicial II Ambiental, Minero Energética y Agraria. Ese despacho, sin embargo, no funciona en Boyacá. Tiene sede en Bogotá y está a cargo de la abogada Eliana Margarita Cerón.
Hasta septiembre de 2021 el procurador Álvaro Cardona González, responsable para entonces de la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria de Tunja, fue trasladado al departamento del Huila. Su salida dejó un vacío que tardó meses en resolverse.
Inicialmente, algunos procesos fueron atendidos parcialmente desde Bogotá por la procuradora delegada Olga Lucía Patín Cure, mientras Alicia López asumía la representación institucional en los asuntos que requerían presencia en el territorio.
La situación cambió en septiembre de 2022.
En respuesta a un derecho de petición presentado por entreojos.co, la Procuraduría General de la Nación confirmó que, por designación de la entonces procuradora general, Margarita Cabello Blanco, Alicia López asumió también las funciones correspondientes a la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria de Tunja, sin dejar de ejercer las responsabilidades propias de la Procuraduría 32 Judicial I.
En la práctica, una sola procuradora quedó a cargo de los asuntos ambientales, mineros y agrarios de los 123 municipios de Boyacá.
La investigación que anticipó el problema
Dos años después, entreojos.co publicó el reportaje «La procuradora sobrecargada», en el que documentó cómo la representación territorial del Ministerio Público se había reducido mientras aumentaban los conflictos ambientales del departamento.
La Procuraduría respondió entonces que Alicia López intervenía en procesos relacionados con la delimitación del Páramo de Pisba, el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), la actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el control sobre rellenos sanitarios, la vigilancia de actuaciones ambientales y mineras, procesos agrarios, actuaciones ante la Agencia Nacional de Tierras y acciones constitucionales en defensa del interés público.
Sin embargo, la respuesta institucional omitía un dato fundamental.
El despacho contaba únicamente con la procuradora y dos funcionarios de apoyo para atender la totalidad de esa carga laboral.
La pregunta que formuló entonces entreojos.co continúa vigente:
¿Puede una estructura de esa dimensión responder eficazmente a la complejidad ambiental de Boyacá?
Un departamento donde sobran los desafíos
La respuesta cobra mayor relevancia al observar la realidad del territorio.
Boyacá concentra algunos de los conflictos socio – ambientales más importantes del país.
La delimitación de los páramos de Pisba y El Cocuy, la protección del Lago de Tota, la minería de carbón, esmeraldas y materiales de construcción; la exploración y producción de hidrocarburos en el piedemonte; la gestión de los residuos sólidos, el cumplimiento de los planes de saneamiento, la protección de las fuentes hídricas y los procesos agrarios hacen parte de una agenda que demanda una presencia permanente del Ministerio Público.
Aunque la Procuraduría no sustituye a las autoridades ambientales, sí desempeña un papel determinante en la vigilancia preventiva de la gestión pública, la intervención en procesos judiciales y administrativos y la defensa del interés colectivo.
Un legado con reconocimientos
Entre las comunidades que trabajaron con la procuradora Alicia López predominan los reconocimientos por su cercanía y disposición para atender las problemáticas del territorio.
Milena Porras, lideresa socio – ambiental de San Luis de Gaceno, destacó el acompañamiento de la procuradora frente a los afloramientos de hidrocarburos y gas registrados en la vereda Horizontes.
«La doctora Alicia deja un legado de compromiso, humanidad y servicio público que merece ser reconocido. Durante el ejercicio de sus funciones demostró que la institucionalidad puede acercarse a las comunidades con sensibilidad, respeto y vocación, entendiendo que detrás de cada trámite existen personas y familias que requieren ser escuchadas«, afirmó.
Para Porras, la ex procuradora representó «un ejemplo de servicio, ética y responsabilidad social».
Desde Sogamoso, Felipe Velasco, integrante de la Fundación Montecito, resaltó la capacidad técnica y humana de la funcionaria.
«La doctora Alicia representó un muy positivo ejemplo del buen funcionario público en un cargo de control y responsabilidad. Siempre estudiosa, supo escuchar las incontables necesidades del territorio, pese a las limitantes de oficina y de recurso humano que enfrentaba«, señaló.
Velasco recordó que, al conocer el tamaño del equipo con el que trabajaba la Procuraduría Ambiental, la pregunta era inevitable: «¿Cómo es que la doctora Alicia saca tiempo para todo?».
...y también cuestionamientos
No todas las voces, sin embargo, coinciden en ese balance.
Pedro Castañeda, veedor ambiental de Tasco y defensor del Páramo de Pisba, considera que la Procuraduría tuvo una actuación insuficiente frente a la expansión de la actividad minera en ese ecosistema estratégico.
Según el líder ambiental, la entidad no ejerció de manera efectiva sus funciones para proteger el páramo ni para garantizar el cumplimiento de la Ley 1930 de 2018.
Castañeda sostiene que quien llegue a reemplazar a Alicia López deberá fortalecer la presencia institucional en la provincia de Valderrama y trabajar de manera coordinada con las comunidades para enfrentar la minería, legal e ilegal, que, a su juicio, continúa afectando el ecosistema y las fuentes hídricas.
Las afirmaciones del veedor reflejan su valoración sobre la gestión de la Procuraduría en ese territorio y evidencian que el balance de la labor desarrollada por la funcionaria también genera posiciones críticas entre algunos sectores sociales.
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