El lunes 26 de octubre, la plaza principal de Socha fue escenario de una manifestación de mineros del sector El Curital, quienes trabajan sin título minero y piden ser formalizados.
La protesta llegó después de que el Juzgado Primero Administrativo de Duitama requiriera al alcalde, Óscar Antonio Hurtado Carvajal, para que presente las pruebas del cierre definitivo de las bocaminas ilegales en la vereda Curital.
La orden no es nueva.
Según la información recopilada por entreojos.co, desde hace varios años distintas decisiones judiciales han instado a los alcaldes de Socha, entre ellos a la hoy senadora Zandra Bernal, a aplicar el artículo 306 del Código de Minas.
Esa norma contempla suspender en cualquier momento, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales que no tenga título inscrito en el Registro Minero Nacional, y por supuesto, que no tenga licencia ambiental.
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Lo que denuncian los colectivos ambientales
Organizaciones y colectivos ambientales, junto con habitantes de la zona, sostienen que en El Curital se concentra minería ilegal que afecta fuentes y nacimientos de agua. También afirman que ni la Alcaldía ni las autoridades ambientales han hecho lo suficiente para erradicarla.
Frente a la petición de formalización, estos colectivos la consideran improcedente. Argumentan que El Curital está dentro del páramo de Pisba y muy cerca del Parque Nacional Natural de Pisba, y que por eso la actividad no podría formalizarse allí.
La voz de un minero
Para tener una versión directa de quienes trabajan en el sector, entreojos.co entrevistó a Jorge García Carreño, minero de El Curital.
García dijo que en la zona laboran cerca de 2.000 personas, de las cuales unas 500 son mujeres cabeza de familia. Aclaró que no están vinculados a ninguna organización o gremio, sino que son familias que históricamente han vivido de esta actividad.
El vocero reconoció que su trabajo se considera ilegal por no contar con licencias ambientales. Su petición, sin embargo, es clara: “que el Gobierno los formalice y les permita aportar regalías con todo lo establecido por la ley».
Dijo que trabajan sobre la norma minera y que quieren pagar lo que corresponda.
Sobre la cercanía al páramo, o la operación minera en el páramo, Jorge García afirmó ser consciente del tema, pero sostuvo que ellos no están dentro de esa delimitación, dentro de la zona delimitada como páramo.
Esa es, precisamente, una de las diferencias de fondo con los colectivos ambientales, que ubican la zona como área de conservación ambiental.
En recientes declaraciones a entreojos.co, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se mostró a favor de la formalización minera, aunque omitió referirse a la discusión relacionada con la ubicación de El Curital en suelo paramuno.
Agua, vigilancia y presencia institucional
Ante las denuncias por afectación de fuentes hídricas, García aseguró que pueden demostrar lo contrario y pidió que, mientras se ordena sellar las minas, se envíen ingenieros a verificar el terreno.
Afirmó que en la zona se reforesta y se siembran árboles, y que por ser residentes de la vereda no tendrían interés en destruirla. Contrastó su situación con la de las multinacionales, que, según dijo, «si llegan y acaban».
También aseguró que allí nunca han visto presencia de Corpoboyacá ni de otras instituciones ambientales en la zona, pese a haber tocado puertas y radicado solicitudes de visita.
Dijo que tampoco recibieron apoyo del gobierno anterior, en referencia a la administración del presidente Gustavo Petro, ni han sido atendidos por la actual Presidencia de la República.
Lo que el entrevistado no pudo precisar
Algunas respuestas dejan preguntas abiertas. García admitió que en El Curital también trabajan ciudadanos venezolanos y señaló que la generación de empleo ha contribuido a reducir la inseguridad en el municipio.
Sobre la comercialización del carbón, explicó que llegan compradores desconocidos que adquieren el mineral en la vereda y que ellos no saben qué ocurre después. Su respuesta se dio luego de que entreojos.co le preguntara sobre los canales de venta del producto extraído y su eventual relación con empresas mineras legales de la región
Tampoco pudo dar una cifra de producción anual del sector.
Respecto a las conclusiones de la jornada de protesta del lunes 26 de octubre, su balance fue negativo: dijo que hubo pocos avances y ninguna respuesta favorable de parte de la Alcaldía y del Estado en general. Anticipó que los mineros esperan presentar acciones de tutela para lograr respuestas oficiales efectivas.
La postura del alcalde
Durante la manifestación, el alcalde Hurtado Carvajal valoró el carácter pacífico de la protesta y pidió que el Gobierno Nacional los escuche, a él y a los mineros informales.
Explicó que el Juez Primero Administrativo de Duitama le ordenó, en un plazo de 30 días, hacer lo que él considera imposible, y llegó a decir que ponía la Alcaldía a disposición del Gobierno si no podía cumplirlo.
El mandatario afirmó que la minería sostiene al 99 por ciento de la economía del municipio y que las regalías del carbón se invierten en vías y en escuelas.
Dijo que su administración está del lado de legalización, y recordó que en la Comisión Quinta del Senado ya se surtió el primer debate de un proyecto de formalización minera.
Pidió que los funcionarios, en referencia indirecta al Juez que le dio la orden de cierre de socavones, salgan de los escritorios y visiten el territorio para verificar que sí es posible una minería bien hecha.
Por su parte, la Alcaldía de Socha informó en Facebook que acompañaba la manifestación y que instalaba una mesa de diálogo para pedir a los gobiernos departamental y nacional que atiendan las solicitudes de la comunidad.
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