La Laguna de Socha enfrenta riesgos por la presencia de minería legal e ilegal en sus inmediaciones.

Alcaldía de Socha ha incumplido con su deber de combatir la minería ilegal

Tribunal Administrativo de Boyacá le ordenó suspender la explotación de carbón sin licencia ambiental.

La decisión judicial del pasado 13 de febrero tiene como antecedente que el ciudadano Francisco Cipagauta Tuta solicitó en 2023, a través de una demanda radicada en el Juzgado Primero Administrativo de Duitama, que la Alcaldía de Socha cumpla con lo señalado el artículo 306 del Código de Minas en el sentido de “suspender, en cualquier momento y de oficio o por aviso de cualquier persona, las explotaciones mineras en la vereda Curital”.

El Juzgado negó la pretensión del demandante al considerar que “no se observó negligencia u omisión” por parte de la ex alcaldesa se Socha, Zandra Bernal, cuya familia ha estado vinculada al sector minero. El despacho judicial de Duitama estimó además que “la obligación del sellamiento no le corresponde únicamente a la autoridad demandada, como quiera que es necesario coordinar con otras entidades estatales, en procura de evitar acciones de hecho”.

Francisco Cipagauta Tuta impugnó la sentencia, argumentando que, a diferencia del concepto del Juzgado Primero Administrativo de Duitama, el artículo 306 del Código de Minas sí contiene un mandato claro e inobjetable.

La impugnación fue asumida para estudio por el magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Néstor Arturo Méndez Pérez, quien hizo varias consideraciones respecto a la actuación del juzgado la cual consideró errada en su interpretación del Código de Minas y de fallos asociados emanados por la Corte Constitucional.

Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá, con ponencia del magistrado Méndez Pérez, decidió revocar el fallo del Juzgado, “ya que encuentra que cabe razón al impugnante en cuanto a que el artículo 306 del Código de Minas sí contiene un mandato” claro que debe ser acatado integralmente por la Alcaldía de Socha.

De acuerdo con lo expresado por los integrantes de la comunidad, en el sector rural de El Curital existen 64 bocaminas ilegales que, pese a estar identificadas y denunciadas ante las autoridades correspondientes, siguen operando y generando severos impactos sobre las fuentes de agua, el suelo y la vegetación del páramo de Pisba y del Parque Nacional Natural del mismo nombre.

Según las quejas de los denunciantes, los residuos mineros, cargados con metales pesados, están impactando a la quebrada que abastece el acueducto de uso doméstico El Moralito, el cual suministra agua a familias de la vereda Aposentos de Socotá; contaminan además el río Pailas, fuente del acueducto de las veredas Coscativa, La Vega y Comaita, también de Socotá. Los desechos mineros envenenan igualmente los canales de regadío de cultivos y aquellos usados para actividades ganaderas.

Liliana Castellanos, habitante de Socha e integrante de la veeduría ambiental, planteó la necesidad de formular una estrategia encaminada a exigirle al actual alcalde de Socha, Antonio Hurtado Carvajal, el cumplimiento de la orden del Tribunal de suspender, en cualquier momento y de oficio o por aviso de cualquier persona, las explotaciones mineras en la vereda Curital.

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