Páez es el director jurídico de Macías Gómez & Asociados y a finales de 2016 fue invitado por Corpoboyacá a participar como expositor en el Foro sobre Licenciamiento Ambiental.
Allí se refirió a las debilidades de las autoridades ambientales, incluidas las corporaciones, la Agencia Nacional Minera y el propio Ministerio de Ambiente, para aplicar y hacer seguimiento a las normas que protegen los recursos naturales.
El jurista dijo, entre otras cosas, que el desconocimiento de las normas por parte de los funcionarios y la corrupción amenazan el bienestar de los ecosistemas que esas autoridades están obligadas a proteger.
¿Qué tanto desconocimiento hay en el país sobre los trámites de licenciamiento ambiental, especialmente por parte de las mismas autoridades?
Es un tema frecuente en todas las autoridades ambientales, inclusive en la propia Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y el desconocimiento no es tanto por falta de claridad de las normas, el desconocimiento estriba en los continuos cambios del personal que tiene a su cargo la decisión del licenciamiento ambiental. Para nadie es un secreto que las Corporaciones y la misma autoridad ambiental tienen recursos escasos, eso lleva a que tenga plantas de personal bastante cortas lo que implica una contratación bastante alta de profesionales a través de órdenes de prestación de servicios por tres o seis meses.
¿Y eso permite suponer que se trata de profesionales sin el perfil suficiente o la experiencia necesaria en el tema ambiental?
Son personas que muchas veces no conocen a fondo el ordenamiento jurídico ambiental y entran a aplicar la norma. Eso lleva a que se pierda la memoria histórica y es donde vienen los problemas de interpretación alrededor de una única norma.
¿Qué tanta incidencia tiene el desconocimiento de las normas de licenciamiento ambiental en los conflictos que a diario se registran por deterioro de los ecosistemas?
Muchísima, a tal punto que los jueces han venido tomando partido en el sentido de adoptar decisiones sobre las cuales las autoridades ambientales ya han conceptuado. Allí los jueces asumen el rol de autoridad ambiental ya sea por una indebida interpretación de la norma o por la no interpretación de la misma.
¿Pero esa situación genera incertidumbre frente a la manera como deben aplicarse las normas de protección ambiental? La interpretación individual podría ser riesgosa.
El licenciamiento ambiental no es un tema que se pueda ver de manera estática, es un tema cambiante porque los recursos naturales van cambiando con el tiempo, pero aparte de eso estamos viviendo una hiperinflación de normas ambientales y de pronunciamientos judiciales que generan un esfuerzo muy grande para la autoridad ambiental que la obliga a que esté permanentemente actualizando las licencias, exigiendo modificaciones, exigiendo medidas adicionales para de esa manera entrar a compatibilizar ese nuevo ordenamiento, esos nuevos pronunciamientos, con una licencia ambiental expedida con anterioridad.
El gran problema que se les presenta a las autoridades ambientales es que se están quedando rezagadas de las nuevas exigencias normativas y de pronunciamientos judiciales.
¿Y cómo enfrentar ese escenario tan cambiante?
El gran mensaje para las autoridades ambientales es que vía seguimiento y control estén permanentemente actualizando las licencias para de esa manera tener un mecanismo idóneo que permita desarrollar los proyectos de manera armónica con el medio ambiente.
¿La dificultades en la aplicación de la normatividad ambiental tienen que ver además con su complejidad?
Somos un país tremendamente santanderista y todo lo normativizamos para solucionar los problemas y lo ambiental no es la excepción. La legislación ambiental es un tema que hoy por hoy desborda a las autoridades. Hemos encontrado que esas mismas autoridades no conocen las normas que existen hoy en día, pero no es un problema de falta de preparación, es que estamos desbordados frente a la cantidad de normas que existen.
¿Podría suceder además que hay un problema de sobreexplotación de los recursos naturales y por ende de demanda de peticiones de licenciamiento sin el lleno de los requisitos?
El tema no pasa por la manera como los usuarios están presentado los proyectos sino la manera como se están dando las evaluaciones para el otorgamiento de las licencias.
¿Estos problemas de interpretación pueden ser la causa de la violación a las disposiciones y de una tendencia a su incumplimiento que provoca conflictos en el uso y explotación de los recursos naturales?
La falta de rigor en el licenciamiento ambiental hace que las licencias queden muy amplias, y que las medidas de manejo que se establecen queden muy vagas, eso permite entonces que el titular de la licencia tenga una interpretación amplia sobre los recursos naturales. Entonces es esa falta de concreción a la hora de establecer las condiciones puntuales del recurso lo que lleva a que una empresa desborde la utilización del recurso más allá de lo que le fue autorizado, pero no por un tema de incumplimiento sino de amplitud del permiso que le fue otorgado.
¿Qué tanta capacidad operativa tienen las autoridades ambientales para hacer cumplir la normas y hacer una adecuada vigilancia del seguimiento a los planes de manejo ambiental?
Es muy corta esa capacidad, es muy limitada. Las Corporaciones y en general la autoridad ambiental hacen el mejor esfuerzo con recursos bastante escasos, el gran problema es que el tema ambiental no ha sido visto como un tema preponderante y en esa medida los recursos que se le asignan son bastante escasos y eso va en detrimento de menos personal, de menos equipos técnicos, de menos operatividad para hacer seguimiento lo cual conduce necesariamente a que no se pueda hacer un óptimo seguimiento a las licencias ambientales otorgadas.
¿Hacía dónde debería orientarse la reforma a las corporaciones autónomas regionales?
Eso depende de cómo quiera el Estado colombiano orientar la gestión ambiental. Si quiere centralizar, y esa es una de las propuestas, es desaparecer las corporaciones y generar un solo ente administrativo, robusto y fuerte con sedes en las diferentes regiones, un poco asimilándose a como se maneja el tema minero. La otra opción es fortalecer esa autonomía territorial y eso implica un fortalecimiento en todo nivel de las corporaciones, desde la dotación de recursos y fuentes de financiamiento para que ellas puedan operativizar eso a través de un correcto seguimiento y control a las licencias que otorgan.
¿Como puede haber incidido la corrupción en las tareas de vigilancia y control al cumplimiento de las normas y los planes de manejo ambiental?
El tema de la corrupción en Colombia no debe ser visto sólo como el que ofrece plata para que haga algo, la corrupción no solo debe ser entendida de esa manera sino que debe transcender a un concepto más macro y general en el sentido de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de ejercer sus competencias de una manera consistente y permanente, y bajo ese entendido (la corrupción) ha incidido bastante, los casos saltan a la vista, en donde uno puede decir que no es una corrupción dolosa, es una corrupción culposa, y no es que el funcionario no atienda los requerimientos o no pretenda hacerle seguimiento a las licencias, si uno habla con la autoridad esta tiene claras sus tareas de seguimiento, el problema es que no tienen la capacidad para hacer seguimiento a dos mil o tres mil licencias ambientales al año, eso implicaría que existiera un seguimiento diario a las licencias y las autoridades tienen otras funciones adicionales al licenciamiento ambiental.
