Interrogantes como qué tipo de especies y en qué cantidad se vieron afectadas por el derrame de petróleo reportado el 21 de julio en la Serranía de las Quinchas o por qué la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no realizó contra muestras para determinar el nivel de contaminación de la quebrada La Cristalina, quedaron sin resolver durante la sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República que se cumplió este martes 16 de octubre.
Tampoco se hizo referencia a los riesgos que hoy genera el paso del oleoducto central o las líneas del gasoducto por una importante porción del área protegida.
Camilo Altamar, de la Fundación Paujil, citó el Decreto 622 de 1977, para referirse a las restricciones que impiden realizar actividades de hidrocarburos en los parques naturales.
En efecto, en el capítulo noveno del mencionado Decreto, correspondiente a las prohibiciones, se indica que no está permitido “desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petroleras”.
En el informe de la Procuraduría sobre los efectos del derrame de crudo se detalla que “el oleoducto se dirige hacia el noroccidente y desciende hasta cruzar el río Minero. Continúa por la vertiente izquierda del río Minero hasta la Serranía de las Quinchas y posteriormente hasta la quebrada del mismo nombre y El Cerro de La Grilla, atravesando la quebrada La Cristalina en la cuenca del río Negro. A continuación el oleoducto se adentra en la región del Magdalena Medio, en jurisdicción de Puerto Boyacá, y atraviesa la quebrada Velásquez y las cuencas de drenaje de los caños Sacamujeres, Las Pavas y Palagua, hasta llegar a la Estación Vasconia, al norte de Puerto Boyacá”.
Jorge Eduardo Londoño, senador boyacense del Partido Verde, y promotor del debate junto a la senadora Sandra Ortiz, admitió que no se resolvieron varios de los puntos planteados al inicio de la sesión y que su labor será hacerle seguimiento a los compromisos asumidos por los funcionarios del Estado que asistieron a la sesión, entre ellos el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano; y el director de la ANLA, Rodrigo Suárez.
Londoño se declaró satisfecho porque los funcionarios y Ocensa aceptaron que el derrame generó daños al suelo, la vegetación y a la quebrada, de que hay una investigación en curso para determinar responsabilidades e imponer las sanciones y de que actualmente no está en trámite ninguna licencia para proyectos petroleros en la Serranía de las Quinchas.
A pesar de ello, Camilo Altamar insistió en la preocupación que tienen los ambientalistas y la comunidad por el riesgo de tres bloques petroleros que estarían muy cerca del Parque: Bloque Morpho, Bloque Horta y Bloque Quinchas. De allí el argumento para advertir que el futuro de la Serranía de las Quinchas es incierto.
A este se suma la progresiva reducción del bosque. Según datos de Corpoboyacá, en 1959 existían dos millones 400 mil hectáreas de un ecosistema totalmente conservado, hoy solo quedan 80 mil de las cuales apenas 21.226, efectivamente conservadas, conforman el Parque Regional de las Quinchas que sobrevive a la deforestación, al tráfico de madera y a su intervención para actividades agropecuarias y mineras.
Todo por una válvula
La fuga de crudo se produjo al interior del Parque Regional Natural Serranía de las Quinchas. Foto: Edwin Toro León.
Una válvula de 40 mil pesos causó la fuga de crudo que provocó la contaminación de 250 metros cuadrados en la Serranía de las Quinchas, y en su remediación ambiental se han invertido dos millones de dólares.
Así lo expuso el presidente de Ocensa S.A., Enrique Sandoval, al detallar las circunstancias de la emergencia y la puesta en marcha de los protocolos para superarla.
Sandoval aseguró que gracias a la interacción con la comunidad se tuvo información del siniestro y se procedió al envío de una comisión técnica y a la suspensión del bombeo de crudo para determinar el lugar en donde se presentó la “pérdida de contención”.
El presidente del Ocensa S.A. reveló que se recogieron 44 galones de aceite de la zona impactada por la mancha de crudo, que el hidrocarburo impregnó el suelo y a por lo menos 60 árboles que fueron sometidos a limpieza y que la compañía ha invertido dos millones de dólares para la recuperación de la zona, la remoción de tierra y la utilización de enzimas que digieren el hidrocarburo.
A pesar de estos anuncios, el presidente de la ANLA, Rodrigo Suárez, la entidad del Estado que le otorgó la licencia ambiental a Ocensa S.A. y que debe supervisar el cumplimiento de su Plan de Manejo Ambiental, aseguró que ya inició un proceso sancionatorio contra la compañía y que se está en la primera de siete etapas, la etapa probatoria para determinar responsabilidades.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le exigió a la ANLA proceder conforme lo dispone la Ley en estos casos para que el daño causado sea remediado de la mejor manera.
