El juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad del Distrito Judicial de Tunja, Yesid Rodrigo Rodríguez Calderón, admitió la acción de tutela en la que se cuestiona a la autoridad ambiental por presuntamente vulnerar los derechos fundamentales de las comunidades de Soatá, Tipacoque y Boavita al expedir el Acuerdo 002 del 31 del enero de 2019 que crea el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Bosque Seco del Chicamocha.
En el documento, de fecha 16 de diciembre de 2019, a través del cual se acoge la tutela presentada por el Ministerio Público, el juez infiere “que probablemente existió falta de consulta previa o de socialización del proyecto de declaratoria y alinderación…con las comunidades de los municipios de Tipacoque, Boavita y Soatá, lo que puede constituir una afrenta a sus derechos fundamentales”.
El titular del juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá rendir un informe sobre el proceso que condujo a la declaratoria del DRMI, y particularmente sobre aspectos como consulta previa, socialización y toma de medidas para mitigar el impacto de esta declaratoria. El plazo para dar respuesta a esta solicitud es de dos días posteriores de la notificación de la tutela.
La actuación de la Procuraduría 2 Judicial Ambiental y Agraria se suma al reclamo que se ha hecho desde estos municipios del Norte de Boyacá donde se asegura que el alcance del Acuerdo 002 no fue socializado ampliamente con la comunidad, y el que mismo impone restricciones para el desarrollo de actividades agropecuarias y turísticas, y menoscaba la economía de las familias de esta provincia.
“Tenemos necesidades y el Estado nos otorga una declaración que limita en extremo las libertades de nosotros los habitantes de esta región”, aseguró Carlos Vargas, habitante de la zona, en un documento titulado ‘El turismo ecológico y la restricción a las libertades individuales en la zona del río Chicamocha’.
Allí hizo un análisis del alcance de la declaratoria y de la delimitación y afirmó que el Consejo Directivo de Corpoboyacá no fue explícito al momento de determinar las alternativas productivas. “No son claros los beneficios netos que se derivan de esta declaración para la zona y sus habitantes”.
En los próximos días Corpoboyacá deberá responder al requerimiento del juez primero de ejecución de penas.
