Las obligaciones asumidas a instancias del Pacto de SumaPaz que se firmó el sábado 29 de marzo, en el que es considerado el páramo más grande del mundo, involucran a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; a los gobernadores de Boyacá, Ramiro Barragán: de Cundinamarca, Nicolás García; de Huila, Luis Enrique Dussán; de Meta, Juan Guillermo Zuluaga; y de Tolima, José Ricardo Orozco. También a la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda; y a los directores de las corporaciones autónomas regionales del área de influencia del páramo, entre ellas la CAR, Corpoboyacá y Corpochivor.
“Este debe entenderse como el inicio de una gran alianza regional, que va más allá de los límites administrativos, entendiendo la dinámica natural que acaece en el territorio. Si bien tiene una connotación ambiental, supera en su contenido los temas medio ambientales y establece retos importantes en otros sectores igual de relevantes; necesarios para el crecimiento y desarrollo de nuestra región”, sostuvo Fernando Flórez Espinosa, gerente de la Región Centra RAP-E.
El Pacto de SumaPaz incluye siete puntos centrales:
I. Acción por el Desarrollo Sostenible: se trata incorporar la protección medioambiental en los instrumentos de planificación, haciendo énfasis en la protección de los páramos, la restauración ecológica, la reconversión productiva y la recuperación de la biodiversidad.
II. Prioridad a la Seguridad Hídrica: a la adaptación y mitigación del Cambio Climático: las inversiones de los asociados priorizarán la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad territorial a la crisis climática.
III. Abastecimiento de Alimentos: incentivarán sistemas agroalimentarios sostenibles, fomentando patrones de producción y consumo responsable con el medio ambiente.
IV. Construcción y Promoción de la Identidad Regional a través del ciclismo: fomentarán el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible, contribuyendo a reducir emisiones contaminantes, mejorar la movilidad y visibilizar a nuestros ciclistas en el ámbito internacional.
V. Infraestructura y servicios para el bienestar del territorio: enfocarán recursos en la planeación integral de los servicios de infraestructura de conectividad y producción, que faciliten la transformación social y económica.
VI. Gobernanza, Paz y Reconciliación: el compromiso de apoyar todos los espacios de reconciliación nacional y regional, que tengan como propósito construir la paz y garantizar la justicia social.
VII. Participación e Inclusión: se adoptarán las medidas necesarias para convocar el apoyo ciudadano en la implementación de este Pacto.
La firma del pacto generó diversas reacciones en círculos de opinión nacional. Por ejemplo, en el editorial del periódico El Tiempo, del domingo primero de marzo, se destaca lo siguiente:
“El pacto luce ambicioso pero realizable. Se trata de articular los planes de desarrollo de cada uno con el fin de velar por la protección del medioambiente, particularmente del agua, y hacerle frente al cambio climático. Cabe recordar que la región que comparten está conformada por un sistema de 17 páramos y exige garantizar la sustentabilidad y fortalecer la despensa alimentaria, todo como parte de los compromisos adquiridos de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Entre tato el delegado de Asojuntas de Sumapaz, Alfredo Díaz, dijo que el Pacto de Sumapaz se asume de manera histórica. “Los territorios que hoy se reúnen son los más estratégicos del país y por ende los más amenazados también, por ello requiere del esfuerzo de todos a través de la integración”.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, destacó el compromiso de la Región Central y de la capital de tener un sistema de abastecimiento para comprarle a precio justo a los productores, sin intermediarios y venderles a los consumidores. “Eso es un acuerdo de paz”, concluyó la funcionaria.
A su torno el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, quién asumió la presidencia de la Región Central y la ejercerá durante el 2020, reiteró su obligación de seguir avanzando en equipo en la regionalización, el desarrollo rural sostenible, la protección de los ecosistemas y la competitividad de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y Bogotá.
