Albaluz Ramos Franco, del Observatorio de Conflictos Ambientales de Boyacá, atendió una invitación de entreojos.co para reflexionar sobre la vulnerabilidad de la fauna y la flora durante los días de la cuarentena obligatoria, decretada para contener la expansión de la pandemia en Boyacá y Colombia.
Ramos, bióloga de la UPTC y especialista en derecho ambiental, abordó inicialmente el tema de la inequidad social: “Este momento de crisis mundial nos ha hecho reflexionar sobre las brechas de clase, que, aunque están presentes en la «normalidad», son invisibles a los ojos del Estado y empeoran cuando la «normalidad» se ausenta”.
En su condición de representante del Observatorio de Conflictos Ambientales de Boyacá se preguntó sobre ¿cómo conciliar el aislamiento por coronavirus con la supervivencia en las zonas rurales?
Albaluz Ramos se responde:” La ilegalidad, en el contexto colombiano, muchas veces es una expresión de esas brechas socioeconómicas. Pensemos hipotéticamente en un habitante rural, que subsiste de la venta de algunos frutos de pancoger los días de mercado en el casco urbano. A partir del día en que se decreta aislamiento preventivo nacional, el transporte desde su vereda se acaba, son al menos cuatro horas a pie para conseguir su abastecimiento o vender lo que acostumbra, las semanas pasan y la medida de aislamiento no se levanta ¿Qué opciones tiene este ciudadano para seguir alimentándose? La respuesta es sencilla: proveerse del bosque”.
Y continúa: “¿En algún momento este ser humano pensará en la necesidad de obtener un permiso para tumbar un árbol y sacar leña para cocinar? ¿Contemplará que el ocarro (armadillo gigante) que cazó en la madrugada está sujeto al pago por tasa de compensación? La ilegalidad es una línea tan delgada, que las realidades de pobreza no pueden ver”.
También se inquieta por el actuar de los infractores ambientales, los que actúan con sevicia y al filo de las normas. Al respecto expone lo siguiente: “Y pensando en el peor de los casos, ¿no es este el escenario perfecto para desobedecer cualquier restricción de tipo ambiental? Para nadie es un secreto que el presupuesto y la cantidad de personal dispuesto en las autoridades ambientales para el control de las infracciones y delitos contra la naturaleza, siempre han sido escasos (por no decir insuficiente), ahora, con todo su personal en casa, es físicamente imposible que se encuentren casos en flagrancia”.
Y aquí trae como ejemplo lo ocurrido la semana pasada en Socha en donde dos mineros murieron en un socavón luego de una explosión mientras se encontraban explotando carbón, y se refiere al principio de responsabilidad compartida pero diferenciada. “¿No se supone que estamos en aislamiento preventivo nacional? ¿Por qué hay empresas que no acatan este tipo de órdenes por el bienestar de sus empleados?”.
Alternativas para la vigilancia
Además de bióloga, Albaluz Ramos acude a su condición de especialista en derecho ambiental para plantear que frente al riesgo de los delitos ambientales, en tiempos de confinamiento de los funcionarios de las CAR, “la herramienta ideal son las líneas base con las que se elaboran los planes de manejo ambiental y los estudios de impacto ambiental, estas deberían ser la mano derecha de las autoridades después de la emergencia nacional, siendo el punto de comparación entre una afectación mitigada por las medidas impuestas y una clara infracción a las mismas”.
Añade que la jurisprudencia ha sido muy enfática en el papel que deben cumplir los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) y los PMA (Planes de Manejo Ambiental). “No son solo un montón de papeles y requisitos, son la hoja de ruta entre lo que había, lo que se está usando y lo que debe quedar después del uso”.
“Los meses siguientes serán la oportunidad de las Corporaciones para brillar y demostrar que los archivos no están cargando documentos en vano”, concluye.
Desde entreojos.co consultamos a los directores de Corpoboyacá, Herman Amaya Téllez; y de Corpochivor, Plinio Rolando Forero, sobre la logística prevista por las autoridades ambientales para mantener la vigilancia sobre el bienestar de los ecosistemas.
Los funcionarios informaron que, aunque el personal en su mayoría trabaja desde sus casas, quienes hacen parte de los equipos de control y vigilancia están en disponibilidad permanente para atender quejas o denuncias relacionadas con la comisión de delitos ambientales.
Mencionaron además que se mantienen los canales de comunicación con la fuerza pública y recordaron que los alcaldes y los inspectores de policía tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas en sus territorios.
