Aunque la Ley 1931 de 2018 ordenó a las gobernaciones y a las autoridades ambientales territoriales avanzar en la formulación de sus planes de Gestión Integral de Cambio Climático, Boyacá es uno de los departamentos más atrasados.
Regiones como la Orinoquia, Chocó, Córdoba, La Guajira y San Andrés hacen parte del grupo de 24 departamentos que cumplieron con su obligación de identificar evaluar, priorizar y definir medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero.
Nariño lo logró antes de 2014 mientras que el de Boyacá apenas se encuentra en etapa de formulación, al menos así lo reportó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Esa fue una tarea que no completó la administración del ex gobernador Carlos Amaya Rodríguez, y con ello se evidenció la desarticulación de la Gobernación con las corporaciones autónomas regionales.
La importancia del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial (PGICCT) radica en que permite identificar las amenazas que inciden en la variación del clima, la emisión de gases de efecto invernadero y el comportamiento de las lluvias, entre otros factores relacionados con el calentamiento global.
La Ley 1931 de 2018 determinó que 2029 sería el horizonte inicial de planificación para preparar a las regiones, y la situación actual evidencia que Boyacá ha perdido dos años sin contar el tiempo que se tarde para materializar la meta propuesta en el plan de desarrollo de “Estructurar y socializar el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial”.
Este instrumento debió ser la base para el diseño de los planes de acción de Corpoboyacá, Corpochivor, la Car y Corporinoquia, entre las cuales se distribuye la responsabilidad de ser autoridades ambientales en los 123 municipios del departamento. También tuvo que ser guía de los planes de desarrollo departamental y de las alcaldías, sin embargo, no fue posible disponer de él.
Hoy apenas está en marcha un proyecto de investigación ejecutado por la UPTC denominado ‘Boyacá se adapta’ que busca generar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en siete municipios de la zona centro.
Residuos sólidos, PTAR y bosques, otros pendientes
La imagen corresponde a la PTAR de Tunja. Ciudades como Sogamoso y Duitama carecen de un sistema de tratamiento de aguas residuales.
El reto ambiental de las autoridades y de la sociedad boyacense es enorme, en el departamento persisten conflictos como la contaminación ríos y quebradas ocasionados por el vertimiento de aguas residuales y la falta de sistemas de tratamiento; la deforestación en áreas tan sensibles como el piedemonte llanero y la Serranía de las Quinchas; la intervención de los páramos y el incumplimiento de los alcaldes a la hora de implementar efectivamente sus planes de gestión integral de residuos sólidos (Pgirs).
Aunque el Plan de Desarrollo de Boyacá no proyecta acciones específicas dirigidas a asegurar el equilibrio entre conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos presentes en el Parque Regional Natural Serranía de las Quinchas, el documento aprobado por la Asamblea establece la formulación de dos “proyectos para iniciar procesos de restauración de ecosistemas de bosques”. Allí no se individualizan los ecosistemas a intervenir y eso genera incertidumbre entre comunidades de Puerto Boyacá y Otanche.
Caso contrario sucede con el Lago de Tota que tiene un programa específico titulado ‘Boyacá avanza por la salvaguarda y recuperación del Lago de Tota’ desde el cual se hace referencia a la consolidación de una alianza interinstitucional para su cuidado y recuperación.
En materia de aguas residuales se plantea la implementación de estrategias que permitan garantizar y ampliar el sistema de alcantarillado, así como el fomento al desarrollo del saneamiento y tratamiento de vertimientos. La meta prevista para el cuatrienio es optimizar y poner en operación tres sistemas de tratamiento de aguas residuales, y avanzar en los estudios y diseños de alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas servidas.
En cuanto a residuos sólidos, la meta principal que definió la Gobernación es la recuperación de 300 toneladas y la asesoría a los municipios en temas como reducción de plásticos de un solo uso, manejo de residuos orgánicos, campañas de recolección de residuos posconsumo y de envases de agroquímicos. No se alude al seguimiento que hoy precisan los Pgirs ni al necesario fortalecimiento de las asociaciones de los recicladores de oficio.
Propuestas ambientales en el plan de desarrollo de Boyacá
La administración del gobernador Ramiro Barragán Adame planteó en el Plan de Desarrollo ‘Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando – 2020-2023’ una línea estratégica denominada ‘Sociecológica y Territorial que contiene alrededor de 14 programas dirigidos a atender los siguientes temas:
– Programa 59 – Conservación de ecosistemas estratégicos
– Programa 60 – Negocios verdes y sostenibles
– Programa 61- Educación, participación y cultura ambiental.
– Programa 62- Gobernanza del agua
– Programa 63 – Gestión social para el desarrollo y participación comunitaria.
– Programa 64 – Calidad del agua para consumo humano.
– Programa 65 – Cobertura del agua
– Programa 66 – Cobertura de alcantarillado
– Programa 67- Boyacá avanza por la salvaguarda y recuperación del Lago de Tota.
– Programa 68 – Residuos sólidos y economía circular.
– Programa 69 – Cambio climático y gestión del riesgo.
– Programa 70 – Gestión del riesgo en servicios públicos domiciliarios.
– Programa 71 – Boyacá sigue avanzando en gestión del riesgo.
– Programa 72 – Ordenamiento territorial para el desarrollo departamental.
– Programa 73 – Planes Estratégicos para el desarrollo territorial
Para la ejecución de estos programas la Gobernación de Boyacá previó un presupuesto de $24.834 millones de los cuales $14.230 millones provienen de regalías, y el resto corresponden a recursos de destinación específica y de libre destinación.
