Por Germán García Barrera
En Chita, Sogamoso, Floresta y Tota se impidió que la Agencia Nacional de Minería (ANM) realizará audiencias públicas. En los cuatro casos habitantes de la zona y colectivos ambientales de apoyo coincidieron en que la minería no es la mejor opción para sus territorios.
Gabriel Concha, líder ambiental y gestor de turismo de naturaleza de Zetaquira, municipio de Lengupá, asistió a la audiencia y participación de terceros convocada por la ANM en Tota.
¿Qué tiene que ver Tota con Zetaquira? Gabriel nos explicó que la propuesta de contrato de concesión identificada con el número de expediente GEI-151, y presentada por Juan Ricardo Leguizamón Vacca, pretende la explotación de una mina de carbón en un área compartida por los municipios de Tota y Pesca. Desde allí emerge el agua que alimenta a los ríos Fuche y Mueche y de esta unión nace el río Lengupá.
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Su preocupación y la de sus paisanos es que un proyecto minero como el pretendido por Juan Ricardo Leguizamón Vacca impacte, como se ha visto en otras regiones del país, el suministro y la calidad del agua para su provincia y el efecto directo sobre la vida de las personas y la actividad agropecuaria, agroecológica y turística de la zona.
Gabriel viajó en bus de Zetaquira a Tota en un trayecto de cinco horas. Lo acompañaron 9 personas de Lengupá dispuestas a oponerse a la realización de la audiencia programada por la Agencia de Minería para el 30 de junio, a las 8 de la mañana, con el objeto de poner “en conocimiento de la comunidad la propuesta de Contrato de Concesión No. GEI-151”.
Gabriel, sus paisanos, pobladores de Tota y Pesca e integrantes de varios colectivos ambientales se opusieron a la realización de la audiencia, le reclamaron a la ANM transparencia en el proceso de divulgación de estos trámites y le pidieron al empresario minero desistir de su pretensión y respetar la vocación productiva que ha elegido la comunidad: el turismo y la agroecología.
Pedregal lucha por el agua y los dibujos prehispánicos
La otra audiencia citada por la ANM fue la del martes 29 de junio en Sogamoso con el objeto de socializar el alcance de cuatro propuestas de concesión minera identificadas con los expedientes PEQ-09051, SAI-16531, 500461 y OG2-090417.
El expediente OG2-090417 se concentra en el sector El Pedregal y en la vereda Monquirá y es el de mayor extensión: 500 hectáreas, aproximadamente. Los proponentes de este contrato de concesión son Gilberto Arcesio Gómez Díaz, Sonia Rojas Barbosa y Yuri Andrei García Saavedra y ellos pretenden extraer carbón, cuarzo, feldespatos, grafito, magnesita, minerales de potasio, roca fosfática y talco.
Al Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi le inquieta el hecho de que esta propuesta fuera incluida tres días hábiles antes de la realización de la audiencia del 29, a pesar de que la misma fue convocada desde el 25 de mayo.
Advirtieron que la minería “ha causado sendas afectaciones ambientales y sociales” en El Pedregal y que pone en peligro la desaparición de 16 nacimientos de agua y de al menos 36 piedras con arte rupestre.
Entre los cuerpos de agua susceptibles están la quebrada El Pedregal, de la cual se surte el acueducto veredal; de él dependen alrededor de 330 familias. La otra quebrada en riesgo de vulnerabilidad por la minería sería La Sonesí situada en límites entre Sogamoso e Iza.
Un habitante del sector dijo además que las pinturas rupestres, piezas con alto valor arqueológico, permiten la subsistencia de varias familias campesinas quienes adelantan actividades de senderismo y guianza a partir de la presencia de turistas interesados en conocer los dibujos, presumiblemente elaborados por comunidades indígenas.
Como sucedió en Chita, Floresta y Tota, integrantes de las juntas de acción comunal y de acueducto veredal, además de delegados del Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi y del Movimiento Nacional Ambiental, impidieron que la audiencia se llevara a cabo.
¿Olvido u omisión?
Ni la administración municipal ni el concejo de Sogamoso estuvieron en la lista de los presentes en la reunión convocada por la ANM en el Mega Colegio Integrado de Sogamoso – Sede Aristóbulo Angarita.
Al respecto el concejal Sergio Benavides le reclamó a la presidenta del cabildo local, Vanessa Pérez Rodríguez, el hecho de no haber notificado a sus compañeros sobre la invitación de la ANM para asistir a la audiencia.
Pérez Rodríguez dijo al respecto que la carta había llegado solo a su nombre y le ordenó al secretario del Concejo oficiar a la ANM con el fin de asegurar futuras invitaciones a los 17 concejales de la ciudad.
Algunas personas de la comunidad atribuyen la omisión de la concejala al hecho de que una de las propuestas de contrato de concesión, con número de expediente SAI-16531 para explotar roca fosfática, está a nombre de Elsa Yaneth Suárez Chaparro, actual esposa del empresario Edgar Pérez, padre de la presidenta del cabildo.
entreojos.co se comunicó vía celular y a través de WhatsApp con la concejala Vanessa Pérez para conocer su versión, sin embargo, dijo que nos atendería en una entrevista formal y solo de manera presencial en la ciudad de Tunja la próxima semana.
Cuestionamientos a la ANM
El Movimiento Nacional Ambiental expresó en un comunicado que la Agencia Nacional de Minería debió suspender 9 audiencias mineras en Boyacá y Cundinamarca “por irregularidades y protestas”.
Carlos Andrés Santiago, integrante del equipo coordinador de este Movimiento, señaló que “es muy grave que la Agencia Nacional de Minería no solo desconozca lo establecido por la Corte Constitucional en materia de participación, coordinación y concurrencia con estas actas, sino que ahora induzca a los alcaldes a suplantar la competencia de ordenamiento territorial y usos de suelo de los concejos municipales, y se motiven falsamente actos administrativos con supuestas concertaciones que nunca existieron, según manifiestan los mismos alcaldes”.
Santiago se refiere al hecho de que en varios de los autos de citación a las audiencias se incluyó un párrafo indicando que la Gerente de Contratación de la Agencia Nacional de Minería y alcaldes como los de Chita, Tota y Sogamoso “suscribieron acta mediante la cual concertaron unas áreas susceptibles de actividad minera en el municipio”
“Seguiremos impulsando por todo el país acciones de movilización en defensa del territorio y la naturaleza, y acompañaremos a las autoridades locales y las comunidades para que el Gobierno Nacional no imponga sus proyectos mineros sobre los territorios”, expresó el Movimiento Nacional Ambiental en un comunicado.
Desde esta ONG hicieron referencia al hecho de que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Boyacá respaldó la solicitud de las comunidades de suspender las audiencias, y denunció públicamente que la Agencia Nacional de Minería no había garantizado las condiciones adecuadas para ejercer el derecho a la participación al no suministrar información oportuna y suficiente sobre las solicitudes de títulos mineros.
entreojos.co entrevistó a Ana María González Borrero, vicepresidente de Contratación y Titulación de la ANM, quien se defendió de la sindicación de la comunidad y de la Procuraduría. Aseguró que previo a la audiencia se realizaron reuniones preparatorias con alcaldes y miembros de la comunidad con el fin de concertar la realización de las audiencias. Sostuvo que lo conversado está consignado en varias actas que se comprometió a enviar a nuestra redacción.
González Borrero admitió, sin embargo, que en los autos de convocatoria para Boyacá se cometió el error de incluir a la Gobernación de Cesar en la instrucción de publicación de avisos de citación a la comunidad, y que tampoco se recurrió a emisoras locales para su difusión. Solo se hicieron los anuncios a través de cartas a los alcaldes, de avisos en las alcaldías y de publicaciones en la página web de la agencia.
Por ahora no se conocen nuevas fechas para el desarrollo de estas audiencias.
