Santiago de Chile fue escenario, del 20 al 22 de abril, de la primera Conferencia de las Partes (COP1) de Escazú, un acuerdo internacional adoptado en 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe con el propósito de promover el acceso a la Información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
Aunque el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021, solo 12 de los 24 países firmantes lo han ratificado, y entre los 12 que no lo han hecho está Colombia.
Durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del mencionado Acuerdo se definieron las reglas de procedimiento de las próximas COP y del Comité de Apoyo en la Implementación y Cumplimiento.
Como corolario se produjo una ‘Declaración Política’ en la cual los países que le han dado su aval lo reafirmaron “como un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región, con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”.
Además de los representantes de los gobiernos y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización que ha acompañado el caminar del Acuerdo, también han estado presentes colectivos y organizaciones ambientales y de derechos humanos en un caso sui géneris en este tipo de escenarios internacionales en los cuales generalmente solo tienen voz los delegados de los Estados.
Katta Alonso integra uno de esos colectivos. Es vocera de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio de Chile, y durante su intervención, en una de las sesiones, declaró: “una sociedad justa no solamente se basa en respetar los derechos humanos, sino también los de la naturaleza”.
Katta también dijo: “A la tierra le debemos todo, sin ella no hay vida. Por eso debemos protegerla, porque finalmente somos parte de ella y no podemos seguir sobreexplotándola como lo hemos hecho hasta ahora”.
Una de las delegadas de la sociedad civil colombiana fue Laura Serna, joven Campeona de Escazú. En su opinión, ningún tratado puede generar cambios por sí solo, “requiere de actores de carne y hueso que lo hagan realidad y con el Acuerdo de Escazú queremos que nazca un nuevo tejido social, que podamos sanar las heridas y construir una nueva generación”.
Debemos trabajar juntos para construir un nuevo tejido social. #ALC tiene un tejido dañado por la violencia, el mal uso de los recursos, por la invisibilización. Esperamos que la región sea un ejemplo para el mundo en términos de #democraciaambiental: @laura_sernam en #COP1Escazú pic.twitter.com/hrkVGLdR0F
— CEPAL (@cepal_onu) April 22, 2022
En representación de la ONU estuvo virtualmente la expresidenta de Chile y Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria.
La embajadora de ese organismo destacó que instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para que los Estados cumplan con su responsabilidad de cuidar el planeta y los derechos de las personas.
“El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe”, sostuvo Bachelet.
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Colombia y una ratficación pendiente
Aunque el gobierno del presidente Iván Duque ha defendido la importancia del Acuerdo, y lo ha radicado en dos ocasiones ante el Congreso, una de ellas con mensaje de urgencia, la bancada de gobierno se le ha atravesado a esta posibilidad.
“Yo creo que es un tratado que ayuda muchísimo más de lo que muchos creen que perjudica. La verdad es que creo que es una gran herramienta de protección ambiental”, ha dicho Duque en su defensa.
Grupos ambientalistas y parlamentarios declarados en oposición han acusado a Duque y a los miembros de partidos como el Centro Democrático de dilatar las discusiones sobre Escazú, a pesar de sus declaraciones y anuncios en escenarios internacionales.
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Tanto el presidente de Colombia como su ministro de Ambiente, Carlos Correa, se ha mostrado a favor de políticas encaminadas a proteger los liderazgos ambientales, descarbonizar la economía y avanzar en el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de París, sin embargo, decisiones como darle vía libre a los pilotos de fracking ponen en tela de juicio las reales intenciones del gobierno.
Para esta última semana de abril se espera que el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú tenga su primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, luego de que varios congresistas acudieran al Estatuto de la Oposición para reactivar las discusiones correspondientes.
Hasta ahora 12 países de América Latina y el Caribe lo ha ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Junto a Colombia, países como Brasil, Chile y Perú hacen parte de los que aún no han avalado la implementación del Acuerdo de Escazú en sus territorios.
