El Acuerdo de Escazú está empantanado en el Congreso de la República. Foto: senado.gov.co

¿Cuál es la posición de los actuales parlamentarios de Boyacá sobre el Acuerdo de Escazú?

Siete de ellos se declararon a favor, uno se mostró en contra de la ratificación y dos prefirieron no comprometerse.

A propósito de la jornada electoral del domingo 13 de marzo en la que se elegirá a los senadores y representantes que integrarán el Congreso de la República desde el próximo 20 de julio, quisimos indagar con los parlamentarios en ejercicio su posición respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Este es un tratado internacional sobre derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, “y es fundamental para la democracia ambiental de nuestro país y contribuye de manera esencial a la prevención y resolución pacífica de los conflictos ambientales”, han argumentado las organizaciones sociales que lo respaldan.

Este Acuerdo fue firmado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, como resultado de un proceso de negociación entre los Estados de América Latina y el Caribe, y su entrada en vigencia en cada país está sujeto a la ratificación del mismo por parte los parlamentos nacionales.

Colombia, a pesar de los mensajes de urgencia con los cuales el proyecto de ratificación ha sido radicado en el Congreso por parte del gobierno del presidente Iván Duque, no ha dado ese paso. Su discusión en las plenarias no ha avanzado y por el contrario se ha archivado en dos ocasiones.     

La posición de los parlamentarios

Foto: hacemosmemoria.org

Aída Avella Esquivel, senadora boyacense de la Unión Patriótica, se mostró a favor de la ratificación. 

En respuesta a nuestro interrogante, expresó lo siguiente: 

Desde una perspectiva personal, considero que el acuerdo de Escazú es un acervo normativo que vincula la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que el Estado colombiano ha asumido en favor de un desarrollo sostenible se ven reforzados con los nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad.

Sin duda, un país caracterizado por su gran biodiversidad y riqueza ambiental, pero también reconocido por su alta tasa de conflictos ambientales y de ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales requiere de garantías para la promoción y protección de los derechos humanos ambientales.

El Acuerdo de Escazú, permitiría la estabilidad que requieren las políticas ambientales, sobre todo en momentos de crisis climática y de lucha ambiental.

Foto: WRadio Colombia

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, hizo consideraciones sobre el alcance del tratado y su implicación en el ordenamiento jurídico colombiano.

Aquí su planteamiento.

Considero que el Acuerdo de Escazú, evidentemente representa un esfuerzo a nivel de órganos internacionales y países, suficientemente ilustrado para determinar los objetos sobre los que media la regulación en función del bienestar general, aunado a todo el proceso de discusión, estudio, profundización y constitución de la tesis sobre la cual se reconoce el deber de cubrir un conjunto de obligaciones a las cuales los Estados no han dado el suficiente cubrimiento, claro está, que la justificación basada en elementos estructurales tan complejos como lo derivado de la cumbre de Rio en 1992 y Rio+20 en 2012 para América Latina y el Caribe, no deben simplemente dejarse bajo un escenario tan amplio que la misma definición de justicia y derecho sobrepase la esfera constitucional de cualquier país que haya o no decidido ratificar un acuerdo o que se haya permitido evaluar aquellos artículos cuya connotación institucional supere la propia función Estatal de regular su territorio y decretar sus propias leyes.

Todo acuerdo debe responder al equilibrio de sus funciones respetando la autonomía y soberanía del Estado conforme a su arreglo institucional sin perjuicio de modificar aquello que es propio a su naturaleza siempre que exista la libertad para hacerlo, y en este sentido, el acuerdo de Escazú no lo está determinando así, ejemplo de ello, es la generalidad de aplicación de su articulado en situaciones tan disimiles entre un país y otro como la gestión del territorio, que convergen a un ambiente de discrecionalidad y arbitrariedad bajo el principio precautorio.

Jorge Eduardo Londoño Ulloa, senador de la Alianza Verde, votaría positivamente su ratificación.

Al respecto dijo lo siguiente:

Como Senador de la República apoyo firmemente la ratificación del Acuerdo de Escazú en el país. Bajo el reconocimiento de los conflictos socio-ambientales que persisten en nuestros territorios, es vital defender los derechos la participación, el acceso a la justicia y la democracia ambiental de las comunidades y sus territorios.

Es por esto que en diversas ocasiones hemos liderado y suscrito proposiciones para discutir la importancia de la ratificación del Acuerdo en Comisión Quinta y en Plenaria.

De igual forma, identificando el potencial y los principios del Acuerdo de Escazú, en diversas discusiones de proyectos de ley hemos buscado aterrizar e incorporar artículos que busquen garantizar derechos de participación como es el caso del acceso a la información, el derecho a la participación, entre otros.

Creemos que el apoyo dado a este acuerdo no puede ser considerado una amenaza ante los gremios, sino como una oportunidad. Al garantizar los diálogos existe una mayor facilidad de poder generar acuerdos entre los territorios y sobre todo cuando el tema de participación ambiental se da por hecho y no es incluido en los temas tratados en la política. 

Foto: Boyacá días

Sandra Ortiz Nova, senadora de la Alianza Verde, nos hizo llegar una respuesta lacónica. “Estoy de acuerdo con la ratificación del Acuerdo de Escazú”.

@SoledadTamayoT

Soledad Tamayo, senadora del Partido Conservador, no dejó clara su posición en la respuesta que nos hizo llegar. 

“Considero que el Acuerdo no solo aboga por la protección del medio ambiente, sino que además empodera a las comunidades para participar de forma activa y con plena garantía de sus derechos en la defensa de sus territorios y la protección del medio ambiente”.

¿Y los representantes en ejercicio?

@CesarPachonAgro

César Pachón, del Movimiento Pacto Histórico, avaló la ratificación del Acuerdo de Escazú.   

La posición es clara y está enfocada al apoyo rotundo de la ratificación del mismo, la cual además de ser importante y necesaria. En Colombia es sumamente urgente. Este acuerdo adoptado en el año 2018 en Costa Rica y posteriormente ratificado por Nicaragua, México, Panamá, Argentina, Bolivia, Ecuador, San Vicente y granadinas entre otras; trae consigo objetivos ligados al acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso de justicia en asuntos ambientales.

Como Campesino, líder agrario, ingeniero agrónomo y actual congresista concuerdo con las pautas trazadas en el acuerdo de Escazú. Nuestra madre naturaleza debe ser defendida de las diferentes agresiones que como sociedad a través de los años hemos hecho y es esta misma sociedad que hoy con conciencia de lo realizado por generaciones pasadas y actuales, gracias a este acuerdo podrían participar en decisiones puntuales.

@Hangelortizn

Héctor Ángel Ortiz, representante del Centro Democrático, se expresó a favor del Acuerdo, aún a pesar de la posición contraria de su partido. 

En primer lugar, respecto de la posición frente a la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República y frente al cual el Gobierno asumió el compromiso de impulsarlo a través de su radicación con mensaje de urgencia, es importante resaltar el compromiso que como colombiano he asumido y como representante a la Cámara de Representantes, miembro de la Comisión Quinta.

En este sentido, estoy de acuerdo con la ratificación del Acuerdo de Escazú que se constituye como un acuerdo de gran relevancia ambiental para el país y para el mundo en estos tiempos de preocupación global por la situación del medio ambiente.

Neyla Ruiz Correa, representante a la cámara de la Alianza Verde, sugirió estar a favor del tratado.

La ratificación del Acuerdo de Escazú, no debe limitarse a un compromiso político entre individuos, sino, debe ser interés nacional su ratificación, cumplimiento y garantía. Es necesario que desde todos los escenarios públicos posibles, garanticemos la protección ambiental, el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Aunado a ello, es menester garantizar la protección y defensa de líderes ambientales en nuestro territorio.

@RodrigoRojas

Rodrigo Rojas, representante liberal, no sentó una posición ni a favor ni en contra. Se limitó a citar las funciones del gobierno en materia de sus relaciones internacionales, a su presencia en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, a la decisión del gobierno de radicar el proyecto con mensaje de urgencia ante el Congreso y al trámite que este surtió. Al final no dijo si estaba o no de acuerdo con su ratificación.       

Wilmer Leal, representante de la Alianza Verde, dijo, sin rodeos, estar a favor de Escazú.

Aquí está su declaración: 

Es imperativo su aprobación para refrendar el acuerdo, pues el primer paso fue firmarlo, pero se hace necesario que el Congreso lo ratifique. No obstante, el proyecto de ley ha encontrado toda clase de obstáculos que han ocasionado cuatro aplazamientos para su discusión y aprobación.

Así mismo, es de resaltar que, junto a mi equipo de trabajo, hemos sido partícipes de mesas de trabajo que han permitido la socialización de la iniciativa de ley, ratificando el compromiso para la aprobación de esta y del acuerdo, que entre muchos aspectos garantiza la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Se evidencia la falta de compromiso del gobierno nacional, así como su doble discurso, pues los principales opositores a la iniciativa son senadores y representantes pertenecientes a los partidos de gobierno, tanto así que como se mencionó anteriormente, presentaron ponencia negativa para primer debate aludiendo que con el Acuerdo de Escazú se afecta el desarrollo y soberanía del país, dejando ver la desinformación de dichos sectores políticos y empresariales sobre el acuerdo y el desconocimiento por la situación actual en materia ambiental, que entre muchas cifras alarmantes, posiciona a Colombia como uno de los países más peligroso para defender el ambiente.

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