La apertura de un socavón para la extracción de carbón en la vereda Chinquira, a una altura de 2.435 m.s.n.m., sin el permiso de Corpochivor mantiene en el ojo del huracán a la empresa Grupo Guadalupe representada por José Vicente Rincón Ariza y Mayerni Lisbeth Valbuena Ávila, responsables del título minero No. GAI-142.
El título les fue otorgado en 2005 por la Agencia Nacional de Minería (ANM) para adelantar labores de exploración y explotación de carbón en aproximadamente 700 hectáreas que comparten los municipios de Turmequé, Villa Pinzón y Ventaquemada, y en el área de influencia del páramo de Guacheneque donde nace el río Bogotá. En 2012, a través de la Resolución No. 972, Corpochivor le otorgó la licencia ambiental LA 11-08 para la explotación de un yacimiento de carbón mineral, y le informó al Grupo Guadalupe que podría ejecutar la actividad siempre y cuando cumpliera a cabalidad lo expuesto en el Plan de Manejo Ambiental.
También le hizo énfasis en la prohibición de explotar en áreas “afectadas por fenómenos de remoción en masa, donde se encuentren fuentes hídricas y concesiones de agua, zonas de fuertes pendientes y zonas de bosque nativo”.
En 2015 Corpochivor le impuso al Grupo Guadalupe una medida preventiva de suspensión de sus actividades mineras y lo hizo a través de la Resolución No. 086 por incumplimiento a lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental, y conminó a sus propietarios a tomar las medidas necesarias para prevenir, recuperar y compensar el deterioro ambiental ocasionado por sus labores, y a mitigar nuevos impactos.
En 2020 el alcalde de Turmequé, Pedro Antonio Murillo, le pidió a esa autoridad ambiental información sobre la legalidad de una explotación localizada en el sector Los Naranjos de la vereda Chinquira, y aunque la Corporación respondió que la misma no estaba ubicada dentro de las áreas de restricción o de exclusión determinadas en la licencia ambiental, admitió que la nueva bocamina no se encontraba incluida dentro de la licencia ambiental.
El secretario general de Corpochivor, Luis Guillermo Reyes, lo explicó de la siguiente manera: “La Corporación encontró que había un socavón en la jurisdicción de Turmequé no aprobado en el Plan de Trabajos y Obras (PTO) presentado a la Agencia Nacional de Minería (ANM), eso significa que los titulares deben hacer una solicitud de modificación de la licencia ambiental”, trámite que a la fecha el Grupo Guadalupe no ha adelantado, confirmó el funcionario.
Reyes también dijo que hay un proceso penal abierto en la Fiscalía por la apertura no autorizada de esa bocamina, además de un preacuerdo del grupo empresarial para su cierre y abandono.
La reciente alerta para la comunidad se generó a raíz de una orden impartida por la Corporación para el levantamiento de la suspensión de las actividades mineras, esta fue interpretada como un aval para que el Grupo Guadalupe empezara a explotar carbón en jurisdicción de Turmequé.
Sobre este particular, el secretario general de Corpochivor sostuvo que el levantamiento de la medida preventiva por la superación de las condiciones que la motivaron, le permite a la compañía minera intervenir en otros frentes, en otros municipios, pero no en Turmequé hasta tanto sus representantes tramiten la modificación de la licencia ambiental.
No rotundo a la minería
Marlene Muñoz, presidenta del Concejo de Turmequé, reiteró el rechazo del cabildo y de un amplio sector de la comunidad a los proyectos extractivos.
Recordó que desde 2021 está vigente el Acuerdo Municipal 024 a través del cual se prohibió la minería a gran escala en la localidad, decisión que estuvo amparada, explicó, en el artículo 313 de la Constitución Política en el que les asigna a los concejos municipales la tarea de “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.
“Este es un municipio agropecuario con gran potencial para el agroturismo y el ecoturismo y si llegaran estas empresas se alteraría la vocación del municipio” sostuvo la presidenta del Concejo.
En relación con la pretensión del Grupo Guadalupe de explotar carbón en la vereda Chinquira, Marlene Muñoz se refirió a eventuales daños al entorno, particularmente aquellos vinculados a la afectación de nacimientos de agua; la contaminación del río Albarracín, situado a 80 metros del sector en donde se pretende establecer la mina; y la inestabilidad del terreno. “Allí se presentó una remoción en masa que afectó la vía y algunas viviendas del sector”.
Aura Quintana, integrante de la Veeduría Ciudadana, reclamó de Corpochivor mayor rigor en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Detalló que sus integrantes se han dedicado a revisar con minucia los documentos presentados por la empresa y en ellos, según su afirmación, se desconoce la existencia de aljibes, nacimientos o ríos que puedan ser afectados. “Hace falta un inventario riguroso de fuentes superficiales”, aseguró Quintana.
Ligia Rodríguez, residente en la vereda Chinquira, reiteró su preocupación por fenómenos como la remoción en masa y planteó inquietudes adicionales como la sobrecarga de transito que tendría la vía de acceso a la pretendida mina, “una vía terciaria, angosta, sin muchas especificaciones para el tránsito diario de 70 camiones subiendo y bajando”. A ellas agregó otra, “la alteración del régimen de aguas y del nivel freático del subsuelo”.
Giovanny Vela, ex alcalde de Turmequé, se refirió a presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento. Sostuvo que la socialización no ha sido suficiente, situación que ha provocado la confrontación de la comunidad con los concesionarios del título minero.
Vela consideró que el Grupo Guadalupe, amparado en la licencia ambiental y en el título minero, que se extiende por cerca de 800 hectáreas, interviene donde más le convenga, “sin respetar el Plan de Trabajos y Obras”, por esta razón, y por las deficiencias denunciadas en el Estudio de Impacto Ambiental, estimó conveniente la suspensión de los permisos entregados a la empresa.
Su posición fue respaldada por Aida Urrego, también integrante de la Veeduría creada para velar por el bienestar de los recursos naturales de Turmequé. Ella expresó su temor y el de sus compañeros por otros proyectos para la extracción de piedra caliza y roca fosfórica, y por los impactos sociales y ambientales para el municipio, y a esta inquietud sumó una adicional: la desactualización del plan de ordenamiento territorial.
La administración municipal comparte en buena medida los reclamos de la Veeduría y de la comunidad que se opone a la minería. Francisco Cortés Castillo, secretario General y de Desarrollo Social de Turmequé, dirigió sus dardos hacia Corpochivor. Dijo que las respuestas a los requerimientos de la Alcaldía para aclarar dudas en relación con las obligaciones del Grupo Guadalupe han sido contradictorias y ambiguas.
Una mediación a medias
El pasado 14 de julio se llevó a cabo una reunión convocada por el procurador regional, Alexander Guevara Pérez, para escuchar los diferentes puntos de vista sobre este conflicto.
El encuentro tuvo lugar en el Coliseo del Tejo y allí intervinieron representantes de la Veeduría, el alcalde Pedro Murillo y miembros de su gabinete; las voceras del Grupo Guadalupe, Mayerni Lisbeth Valbuena Ávila y Carolina Ávila; el defensor del Pueblo de Boyacá, Fredy Giovanny Pardo; y Lorena Pinzón, en representación de la Contraloría de Boyacá.
Como mecanismo para aclarar las dudas existentes sobre el proceso de licenciamiento, el Procurador propuso la instalación de una mesa técnica con representación de todos los involucrados: comunidad, empresa, autoridad ambiental y entes de control.
Esta alternativa incluye una visita a la vereda Chinquira que Corpochivor considera podría realizarse a mediados de agosto por temas de agenda, lo que implica que la mesa técnica solo se podría reunir luego de esa inspección en terreno.
María Elisa Mora, presidenta de la Veeduría, expresó su inquietud porque no quedó definido un cronograma para hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos, aunque confió en la gestión de los órganos de control.
Sobre los riesgos de posible afectación a cuerpos de agua y remoción en masa advertidos por la comunidad en la vereda Chinquira, Luis Guillermo Reyes, secretario general de Corpochivor, dijo que la entidad actuará en consecuencia para evaluar esta información de la cual, admitió, no tenían reporte.
Entre tanto el procurador regional, Alexander Guevara, reclamó de la Alcaldía de Turmequé mayor diligencia para la actualización de plan de gestión de riesgos del municipio, una herramienta que le permitiría a la administración, a la autoridad ambiental y a la comunidad disponer de información precisa sobre aquellas áreas vedadas para el desarrollo de proyectos mineros a causa de riesgos geológicos.
Mientras se hace la visita a la zona y se reúnen las partes involucradas en la mesa técnica, el Grupo Guadalupe adelanta una intensa campaña a través de la emisora comunitaria Paraíso Estéreo orientada a destacar las bondades de la minería.
En un programa semanal contratado con ese medio de comunicación, uno de sus voceros dijo que el propósito central de su componente social incluye proyectos como la creación de una cooperativa comunitaria para comprar los productos cultivados por los agricultores sin intermediarios, la puesta en marcha de un servicio de Internet gratuito para quienes residan cerca del punto de explotación de carbón y un plan de alimentación escolar para combatir la desnutrición.
En el mensaje radial, la empresa Guadalupe cuestiona a quienes se oponen a la minería y les pregunta sobre sus propuestas para aportar al desarrollo del municipio y beneficiar al campesino.
En el mismo audio el locutor se pregunta: ¿Esos individuos no desean que el municipio progrese o que el campesino no mejore su calidad de vida? y a continuación invita a los detractores a hablar de sus proyectos sociales y finaliza con la siguiente frase: “No le nieguen al municipio y al campesino de Turmequé la posibilidad de progresar”.
Desde la Veeduría respondieron que el proyecto de este colectivo es evitar un desastre natural y social, hacer respetar la integridad del territorio y defender la vocación productiva fundada en la agricultura, la ganadería y las alternativas que brinda el ecoturismo y el agroturismo.
Ellos también adelantan su propia campaña. Desde hace varias semanas recorren los sectores rurales aledaños para explicarles a los pobladores rurales las amenazas asociadas a los proyectos mineros: contaminación, desplazamiento, deterioro de las fuentes de agua y la vegetación nativa, y problemas de seguridad.
Nos comunicamos con Carolina Ávila, vocera del Grupo Guadalupe, para conocer su versión sobre las infracciones por las cuales Corpochivor le mantuvo suspendidas sus actividades mineras, y los cuestionamientos de la Veeduría, sin embargo, no recibimos respuesta a nuestros interrogantes.
