El primero en advertirlo fue Salvador Ávila en su finca de la vereda Caño Grande, distante a una hora del casco urbano de San Luis de Gaceno, el último municipio de Boyacá hacia el sur, en límites como Sabanalarga, en el departamento de Casanare.
Fue en 2014 cuando él y sus vecinos se percataron que de los nacederos de agua emanaba una sustancia aceitosa, una especie de diésel, relató Milena Porras, concejala del municipio.
“La sustancia aparecía y desaparecía, y algunas personas la vieron útil para inmunizar la madera de los corrales”, sostuvo la Porras para describir el hecho de que al principio la comunidad no veía ningún riesgo. La situación ni siquiera motivó la presentación de una queja ante las autoridades locales.
Con el paso de los días el panorama cambió, los pobladores de la vereda empezaron a tener problemas con el agua, el ganado se enfermaba y moría, así como sucedía con los árboles y el suelo, cada vez más degradado.
Cinco años después, en 2019, el ex secretario de medio ambiente de la Gobernación de Boyacá, Fabio Medrano, hoy alcalde de Paipa, fue testigo de la situación durante un periplo político y lo publicó en sus redes sociales. Luego vendría la acción popular interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por la procuradora 32 Agraria y Ambiental, Alicia López Alfonso,
En 2020, y como parte de una sesión de control político, los integrantes del Concejo Municipal realizaron una visita a la vereda Caño Grande para inspeccionar las afectaciones. Ese mismo día, según lo relató Milena Porras, arribaron al lugar trabajadores de la empresa Nikoil Energy en compañía de una funcionaria de Corpochivor.
En opinión de la representante oficial, se trababa de afloramientos naturales georeferenciados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y los mismos, según le dijo a los vecinos, no tenían relación directa con la actividad de la petrolera.
“La funcionaria de Corpochivor desvirtuó la relación entre los afloramientos y Nikoil Energy”, aseguró Milena Porras.
El resultado de esta sesión descentralizada del Concejo de San Luis de Gaceno a la vereda Caño Grande fue reportado a la Procuraduría Regional, que a través de la Procuradora 32 Judicial y Agraria de Boyacá, Alicia López Alfonso, les reveló la existencia de un desacato en contra de todas las entidades vinculadas, entre ellas la ANH, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corpochivor, la Alcaldía de San Luis de Gaceno y el Ministerio de Medio Ambiente.
¿En qué va la investigación?
Porras denunció la apatía de Corpochivor para acompañar las quejas de los habitantes de la vereda Caño Grande. Dijo que solo hasta 2020, con la llegada del nuevo director de esa autoridad ambiental, Plinio Rolando Forero, se asignó a un equipo de profesionales para evaluar la situación y realizar estudios detallados sobre el suelo y el agua.
Uno de los estudios fue de tipo hidrológico, indicó la concejala. En un recorrido de aproximadamente kilómetro y medio, desde el inicio de los afloramientos a lo largo del río Guavio, se establecieron 20 puntos de muestreo “y en 18 de ellos no había microrganismos vivos. Incluso lo bautizaron río muerto”.
La posición de la comunidad ha sido rebatida en diversos escenarios por los representantes de la empresa Nikoil Energy quienes argumentan que las emanaciones corresponden a rezumaderos naturales, y a pesar de las medidas correctivas impuestas por la ANLA, la compañía petrolera, filial del Grupo Omega Energy, ha interpuesto recursos de reposición ante esa entidad. En San Luis de Gaceno aseguran que de esa manera quiere evadir su responsabilidad.
La veeduría local los ha desmentido. Hicieron ver que en el inventario de rezumaderos de la ANH, los más próximos se reportan en el municipio de Santa María, a 8 kilómetros; y otro en Medina (Cundinamarca) a 20 kilómetros.
Luis Guillermo Reyes, secretario general de Corpochivor, respaldó los reclamos de la comunidad. Informó que con el laboratorio certificado de la entidad se tomaron muestras de agua en los sitios donde se registra el conflicto, “y sabemos que los afloramientos no son de origen natural, es una situación antrópica”, dijo el funcionario, aunque evitó referirse directamente a Nikoil Energy, operadora de la plataforma Horizontes, como responsable de los mismos.
Desacato colectivo
La actuación de la Procuraduría Agraria y Ambiental de Boyacá en este caso ha sido determinante. Una de sus delegadas, la procuradora 32 Alicia López Alfonso, relató que en una audiencia de pacto de cumplimiento ordenada por el Tribunal Administrativo de Boyacá ninguna de las entidades estatales involucradas presentó propuestas para avanzar en la solución del conflicto socio – ambiental.
Ante estos hechos, la representante del ministerio público solicitó medidas cautelares para proteger los derechos de la comunidad de las veredas Caño Grande y Río Chiquito, y posteriormente recurrió al incidente de desacato con el fin de lograr una actuación definitiva de las agencias del Estado comprometidas en la investigación del origen de los afloramientos y en la sanción a Nikoil Energy, en caso de ser hallada responsable por acción u omisión.
Mientras se surten los procesos administrativos y legales correspondientes, la situación empeora. Los residentes han reportado nuevas emanaciones de hidrocarburo, en esta ocasión en la vereda Río Chiquito, en predios de Dumar Martínez, y recientemente dos aforamientos de gas, muy cerca de la finca de Salvador Ávila.
La operación de Nikoil Energy está suspendida desde el 28 de julio de 2021 fecha en la cual la comunidad restringió el paso de los carrotanques cargados de crudo. Desde entonces se mantienen en una protesta pacífica exigiendo inversiones en las vías terciarias. Señalan que la empresa hace uso de esos caminos conservados por la junta de acción comunal, sin que hasta la fecha hayan recibido apoyo para su mantenimiento.
El jueves 4 de agosto está prevista una reunión convocada por la Procuraduría Agraria y Ambiental para hacerle seguimiento a lo previsto en el pacto de cumplimiento.
