Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 58 por ciento de la deforestación en Colombia, entre 1990 y 2013, es evidente en municipios que han padecido con mayor intensidad el conflicto armado y en los que más se ha reportado la presencia de cultivos ilícitos.
Para nadie es un secreto que la guerrilla, los grupos paramilitares y las bandas criminales se han tomado los bosques y las áreas de conservación para establecer allí sus campamentos, abrir rutas de movilización, sembrar coca, construir centros de procesamiento de alcaloides y explotar ilegalmente oro, carbón y otros minerales.
Este accionar de los grupos armados ha dejado un desolador panorama: bosques y páramos arrasados, fuentes de agua contaminadas por vertimientos mineros como el mercurio, suelos degradados, áreas protegidas intervenidas y ecosistemas destruidos con el consecuente impacto sobre el agua, la flora, la fauna y la vida en general.
El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, así lo reconoce, y confía en que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto permita recuperar las áreas degradadas y emprender un ambicioso programa de protección con la ayuda de los reinsertados de las Farc.
En sus salidas pedagógicas para socializar los acuerdos de La Habana, Murillo ha reiterado que los ecosistemas han sido escenarios de confrontación lo que en muchos casos ha impedido que las autoridades puedan tener control sobre las áreas protegidas. Ahora espera que las instituciones puedan hacer presencia en esos territorios con mayor capacidad de control.
“Las áreas protegidas deben convertirse en base para el desarrollo social y la reconciliación”, sostuvo el Ministro al detallar que uno de los programas centrales de los acuerdos con la guerrilla se denomina ‘Bosques para la paz’ y su pretensión es que esos activos ambientales se constituyan en canal para la normalización e integración de los excombatientes.
Pero el trabajo no será solo con los hombres y mujeres que dejarán las armas, el cambio en la doctrina militar permitirá que los recursos de la fuerza pública, incluido su personal, se orienten a prevenir amenazas como la deforestación asociada a los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Además de quienes han sido protagonistas de la confrontación armada, estas acciones de conservación incorporarán a las comunidades que como víctimas han permanecido en medio del fuego cruzado. Ellas, por lo menos así lo ha declarado el Ministro de Ambiente, jugarán un papel clave en la preservación de la biodiversidad pues su conocimiento les permitirá aportar como gestores del ambiente.
Pero aquí también es oportuno ofrecer otro punto de vista. Aunque el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra es optimista frente al Acuerdo para la Terminación del Conflicto, es prudente a la hora de referirse a los beneficios que este le generará a la naturaleza.
En una columna suya, publicada el 27 de marzo en El Tiempo, y titulada ‘Dividendos ambientales de la paz’, Rodríguez advierte que “la experiencia internacional indica que la destrucción ambiental se podría incrementar en el posconflicto como ocurrió en El Salvador, Nicaragua o El Congo.
En esos países, explica, muchos excombatientes se dedicaron a la explotación ilegal de recursos naturales mientras que las empresas formales, que antes no tenían acceso a bosques o territorios vírgenes, ”con la paz desarrollaron actividades que acabaron generando injustificados daños para el medioambiente”.
Coca en los Parques Nacionales
Proteger los Parques Nacionales de los cultivos de coca uno de los retos de Colombia en 2017.
Según un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2014 y 2015 el número de hectáreas sembradas con coca en Colombia creció en un 39 por ciento al pasar de 69 mil a 96 mil hectáreas y dicho aumento representa, como lo reconoce la ONU, “una amenaza latente para la diversidad biológica y cultural de Colombia”.
Amenaza biológica por lo que significa la destrucción de bosques y la invasión de parques naturales y santuarios de flora y fauna; y amenaza cultural porque buena parte del incremento de estos cultivos ilícitos se ha dado en resguardos indígenas y territorios de comunidades afrodescendientes.
Semana Sostenible reveló un reporte entregado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) que a través de imágenes satelitales detectó que la deforestación creció en 16 de las 59 áreas protegidas a cargo de Parques Nacionales, especialmente por la presencia de coca.
Esa misma publicación, citando a Elsy Morales, asesora de la Dirección General de PNN, afirma que esta situación se presenta por la “ocupación de colonos que al no tener un ingreso económico ven en los parques un atractivo, sobre todo cuando en estas áreas hay una restricción de las fumigaciones de cultivos y solo se puede hacer de forma manual”.
Con la adopción de lo pactado en los puntos uno y cuatro del acuerdo de La Habana, se espera que las altas montañas logren recuperarse de los daños infringidos y mantenerse incólumes durante el posconflicto.
Territorios para la paz
Fabio Villamizar, director de la Territorial Norandina de Parques Nacionales, responsable de las áreas protegidas que se localizan en Boyacá, Santander y Norte de Santander, dijo que se trabaja de la mano con las corporaciones autónomas para consolidar los territorios de paz.
La consolidación a la que se refiere Villamizar tiene que ver con la tarea promovida desde la Asociación de Corporaciones – Asocars – para que todas sus afiliadas ajusten sus planes de acción al nuevo escenario de la paz y eso significa incluir programas y proyectos que tengan que ver con el impulso y apoyo a procesos productivos sostenibles que cobijen a los desmovilizados y alejen el conflicto de los territorios en conservación.
Los ajustes a los Planes de Acción recibieron un particular impulso durante los encuentros regionales de ‘Ambiente y Paz’, liderados por el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en diferentes regiones de Colombia. A través de ellos el gobierno espera armonizar adecuadamente el Sistema Nacional Ambiental a fin de que esté lo suficientemente articulado para enfrentar los retos que para el sector supone el posconflicto.
