Las aguas residuales en la represa de La Playa generan un severo conflicto ambiental y sanitario.

Compensación por daños ambientales y sanitarios piden vecinos de la represa de La Playa

Las aguas residuales de Tunja, de otros municipios y del complejo carcelario de Cómbita siguen impactando a esta comunidad.

A pesar de las sanciones impuestas por el Tribunal Administrativo de Boyacá en contra de la Alcaldía de Tunja, de Corpoboyacá, de las localidades de Motavita, Cómbita, Oicatá y Chivatá, y de la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, las aguas residuales de estos municipios y del complejo carcelario siguen impactando a la represa de La Playa diseñada para surtir al Distrito de Riego y Drenaje del Alto Chicamocha.

Además del daño ambiental y sanitario provocado a la represa, esta severa la afectación incide en la calidad de vida de pobladores rurales de Tuta y Cómbita, vecinos del embalse, que deben soportar los malos olores y el asedio de zancudos, moscos y roedores.

Ni siquiera la acción popular fallada en 2000 por el Tribunal Administrativo de Boyacá ha logrado revertir la situación. Los implicados (las alcaldías y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) han pagado multas y en algunos casos, como el de Tunja, han hecho inversiones millonarias en saneamiento, pero igual siguen vertiendo aguas residuales al río Jordán y directamente a la represa.

Los afectados están desesperados y el sábado 10 de septiembre recurrieron a las vías de hecho al bloquear de manera intermitente el paso por la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso (BTS) a la altura del ingreso a Tuta. Están hastiados de las promesas, de los incumplimientos y de las multas del Tribunal y de Corpoboyacá a las entidades responsables de las cuales no ven beneficios directosz

“Ellos pagan las sanciones, pero igual siguen contaminando”, declaró Pedro Reyes, líder ambiental de Duitama, quien se hizo presente en el lugar de la protesta para acompañar los reclamos de la comunidad.

El bloqueo vial hizo parte de la concentración popular convocada para exigir una vez más soluciones definitivas y compromisos reales de las entidades involucradas, y uno de los invitados fue el magistrado José Fernández Osorio, quien lleva el caso de la acción popular.

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Fernández les llamó la atención a los responsables oficiales por sus reiterados desacatos, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, y lamentó la ausencia del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán; y del alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, a quienes consideró actores determinantes para la concreción de acuerdos efectivos.

En la audiencia citada para reclamar el acatamiento de lo ordenado por el Tribunal, intervino doña María Jovita de Carmen Martínez. Acompañada por una sobrina, apoyada en un bastón y sosteniendo una bala de oxígeno, esta octogenaria relató sus problemas respiratorios vinculados a los recurrentes estados gripales. Su hija Alcira Pedraza culpa de tal situación a la putrefacción del embalse y a la proliferación de insectos. 

Doña Jovita clamó por una solución de fondo y en medio de su fatiga pulmonar propuso la apertura de la compuerta que retiene el agua nauseabunda. En su opinión esto ayudaría a superar la crisis.

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La Veeduría Ambiental de La Playa lideró los reclamos a las entidades que no han cumplido con la descontaminación de la represa.

Las exigencias

Durante la manifestación del sábado anterior, la Veeduría Ambiental de la Represa de La Playa exigió, como lo han hecho por décadas, la ejecución de varias acciones:

– Construcción y puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios y del complejo carcelario para la descontaminación del río Jordán y del embalse de La Playa.

– Implementar un plan estratégico para la descontaminación del embalse y el control del buchón, de los insectos y roedores y de los malos olores.

– Crear programas de compensación social, económica y ambiental por los perjuicios causados en las tres últimas décadas a los campesinos y al medio ambiente, como parte de un plan de reparación a las comunidades afectadas.

– Crear un comité veedor conformado por delegados de la comunidad, de la academia, de especialistas y de organizaciones ambientalistas que verifiquen el cumplimiento de los compromisos.

Al final de la concentración popular se acordó la instalación de una mesa de trabajo permanente a partir del 28 de septiembre para hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades vinculadas a la problemática y allanar la búsqueda de soluciones.

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