El Salón Boyacá del Congreso de la República servirá de marco para que la comunidad de las veredas Horizontes, Caño Grande y Río Chiquito, de San Luis de Gaceno, le exponga al país el drama del que son víctimas desde 2014 cuando detectaron emanaciones de crudo y gas en sus predios.
La sesión está prevista para el jueves 27 de marzo, desde las 9 de la mañana, y será transmitida a través del Canal del Congreso.
Los habitantes de la zona señalan directamente a la empresa petrolera Nikoil Energy, responsable de la Plataforma Horizontes, y de la operación de los pozos Cóndor 1, Cóndor 2 y Medina. La acusan de inyectar nitrógeno al pozo Medina con el propósito de incrementar su producción. Desde entonces los potreros donde pastaba el ganado y los manantiales de los cuales bebían las reses están contaminados.
La situación ha sido documentada por la Procuraduría Ambiental y expuesta ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol, los ministerios de Minas y Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpochivor, sin embargo, las acciones estatales han sido mínimas.
Según la veeduría ambiental, constituida para hacerle seguimiento al caso, las entidades competentes no han ordenado la práctica de estudios específicos para identificar el origen de los afloramientos. Los vecinos insisten en que los mismos están conectados con el Pozo Medina, parece obvio, pero los funcionarios de la ANLA y la ANH consideran necesario profundizar en la investigación, sin embargo, no lo han hecho. Al contrario, le han delegado esa responsabilidad a la misma petrolera.
En una medida desesperada, pero justificada, las juntas de acción comunal han acudido a las vías de hecho. Desde el 28 de julio de 2021 decidieron impedir el tránsito de carrotanques para la extracción del crudo y el Ministerio de Minas y Energía, según lo revelado por la veeduría, ha mediado a favor de Nikoil sin considerar sus preocupaciones.
Los pobladores de Horizontes, Caño Grande y Río Chiquito confían en que la audiencia del jueves 27 de marzo sirva para que, por fin, el Estado actué a su favor.
Franklin Mendoza, representante de la veeduría, destacó el rigor con el cual los afectados han monitoreando la situación, tienen evidencia de los daños en sus predios, del impacto en sus ganados y cultivos, de la contaminación del suelo y del agua, y de las cuentas pendientes de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
La comunidad no concibe la pasividad oficial en este asunto, la ausencia de medidas concretas para remediar la situación, tampoco la falta de inversión en educación, salud, vías de acceso y en atención integral a adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Se lo plantearon en persona a la ex ministra de Ambiente, Susana Muhamad el 4 de agosto de 2022, tres días antes de la posesión del ‘Gobierno del Cambio’, pero nada ocurrió.
Mendoza aseguró que, en noviembre de 2024, aproximadamente, Nikoil Energy comenzó con algunas labores de recolección de la sustancia oleaginosa esparcida entre los pastizales, pero la misma fue suspendida, según relató, por problemas técnicos. Citó el mantenimiento de la vía de acceso a la plataforma, aun cuando su frecuencia no es la deseada.
Nada más ha ocurrido, ninguna decisión de fondo orientada a reparar los daños ni a mejorar la calidad de vida de los afectados.
Génesis de la audiencia
A mediados de septiembre de 2024 el secretario de Ambiente de Boyacá, Fabio Medrano, quien para la época fue encargado del despacho del Gobernador, solicitó a la ANLA programar una audiencia ambiental para discutir la problemática. Su petición no ha sido atendida.
Ante la gravedad de lo que viene ocurriendo, Medrano buscó el apoyo de la senadora del partido verde, Carolina Espitia, para llevar el conflicto por afloramiento de hidrocarburos al Congreso de la República.
A la sesión de este jueves 27 de marzo en el Salón Boyacá están convocadas las principales autoridades ambientales y mineras del país, la veeduría ambiental de San Luis de Gaceno, así como la Alcaldía y el Concejo, expertos en la materia provenientes de la industria y la academia, y los representantes de Nikoil Energy.
Medrano dijo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no ha tomado cartas en el asunto, “no ha hecho un control exhaustivo de los afloramientos y no ha sido contundente siquiera en suspender la licencia a pesar del daño ambiental que habría causado la petrolera desde el año 2014”.
Se comprometió a continuar acompañando a los habitantes de Horizontes, Caño Grande y Río Chiquito en sus exigencias, y acudió a frases como “este derrame no puede quedar impune” o “no nos vamos a rendir” para expresar su disposición de seguirle exigiendo al gobierno la atención inmediata de este conflicto socio – ambiental.
