La Gobernación de Boyacá ha tratado de presentarse como mediadora en la conflictividad ambiental presente en el departamento, de hecho la administración del ex gobernador Ramiro Barragán plateó en su Plan de Desarrollo la instalación de al menos ocho mesas de trabajo para abordarla, sin embargo, la gestión no rindió los frutos esperados.
En su momento la secretaria de Ambiente, Karen Molano, admitió que las mesas previstas no serían un escenario permanente de negociación en el marco de un proceso sistemático de resolución de los conflictos entre la naturaleza, la productividad y la comunidad, y en su lugar se habilitarían encuentros alternativos de acuerdo con cada coyuntura.
En el segundo periodo del gobernador Carlos Andrés Amaya, el papel de mediación se materializó a través del ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Medrano, quien desde 2019 solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tomar medidas definitivas para superar la crisis por afloramiento de hidrocarburos en varias veredas de San Luis de Gaceno.
En septiembre de 2024, y en su condición de gobernador encargado, Medrano insistió ante la ANLA y respaldó a la comunidad en su petición de una audiencia pública ambiental, en la suspensión definitiva de la licencia de operación de la petrolera Nikoil Energy y en la reparación de los daños ocasionados. La audiencia se realizó finalmente el 13 de septiembre pasado.
Recientemente le consultamos al actual secretario de Ambiente de Boyacá, Wilfredy Bonilla, por los avances en la gestión de varios de esos conflictos ambientales, incluidos, por supuesto, el de afloramiento de hidrocarburos en San Luis de Gaceno, el de la comunidad con Argos por minería entre Duitama y Santa Rosa de Viterbo; el de minería y movilidad campesina en y por el páramo de Pisba, y la amenaza por la apertura de una carretera ilegal a través de la Ruta Libertadora y el Parque Natural Pisba con la presunta incidencia del ELN.
También le indagamos sobre los retos en materia de delimitación y planes de manejo de páramos, la situación en la Serranía de las Quinchas, asociada a las amenazas por deforestación y minería, y los impactos por vertimiento de aguas residuales a ríos y otros cuerpos de agua del departamento.
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El caso de San Luis de Gaceno
A nuestra consulta sobre el accionar de la Gobernación de Boyacá, como actor del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y responsable de acompañar alternativas a las crisis identificadas, la Secretaría de Ambiente indicó que en 2018, a partir de la queja de la comunidad, un equipo de esa dependencia realizó una inspección a los afloramientos petroleros detectados en la vereda Horizontes.
En agosto de 2022 la administración seccional acompañó una visita programada por la Procuraduría General de la Nación, y evidenció “la misma situación que se ha presentado desde el año 2014”, sin que hasta ese momento se hubiesen implementado acciones de corrección, por el contrario, se advirtió un incremento de las emanaciones de sustancias oleaginosas y de gas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible admitió que solo desde agosto de 2024 inició el acompañamiento constante a la comunidad y en septiembre de ese año pidió a la ANLA programar un audiencia pública ambiental para el seguimiento de los permisos otorgados a la petrolera Nikoil Energy Corp. Suc Colombia, la realización de una visita al proyecto en conjunto con las autoridades de control y la imposición de una medida preventiva de suspensión de la licencia ambiental dadas las afectaciones detectadas y las sanciones impuestas por la autoridad ambiental a la compañía.
A partir de esa gestión se enumeraron algunos eventos clave:
– Octubre 2024: ANLA convocó a una mesa de trabajo en Bogotá para plantear la vinculación del Ministerio del Interior
– Enero 2025: ANLA ordena una visita de verificación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
– Marzo 2025: la Secretaría de Ambiente acompañó visita de seguimiento en la zona de influencia del proyecto Campo de Producción de Hidrocarburos Medina, donde se presentan las emanaciones. Allí se evidencian algunas obras de infraestructura para contener la sustancia en el agua y la persistencia de los brotes oleaginosos. El Servicio Geológico Colombiano asume el estudio de integridad de los pozos.
– Marzo 26 de 2025: Se cumplió una audiencia pública en el Congreso de la Republica, citada por la senadora Carolina Espitia, para escuchar a la comunidad, a la empresa Nikoil Energy y a las autoridades ambientales y del sector de hidrocarburos. Como resultado se conformaron tres (3) mesas de trabajo, una jurídica, una social y otra técnica ambiental para analizar la situación y las opciones de tratamiento del conflicto.
– Junio de 2025: la empresa Nikoil Energy reporta el retiro del crudo almacenado en los depósitos de la vereda Horizontes ante el riesgo para los habitantes de la zona.
– Julio de 2025: Desarrollo de la Mesa de seguimiento en la que la Defensoría del Pueblo solicitó la activación del puesto de mando unificado para la gestión del riesgo en la zona de influencia del proyecto – vereda Horizontes. Esta acción se materializó el pasado 14 de agosto.
– Agosto 6 de 2025: ANLA convocó a una audiencia pública ambiental de seguimiento para el sábado 13 de septiembre de 2025 en San Luis de Gaceno, con el fin de abordar los impactos y el estado de cumplimiento de la licencia ambiental otorgada al proyecto petrolero ‘Campo de Producción Medina’.
– Septiembre 13 de 2025: realización de la Audiencia Pública Ambiental en San Luis de Gaceno.
Conflicto Argos por mina San Antonio
En los municipios de Duitama y Santa Rosa de Viterbo persiste un conflicto entre la comunidad y la empresa Argos S.A. por el manejo ambiental de la mina de piedra caliza San Antonio, que opera a cielo abierto desde hace más de una década.
Juntas de acción comunal de los dos municipios han denunciado públicamente que la compañía no ha cumplido con sus obligaciones de mitigación ambiental ni con las compensaciones legales derivadas de su actividad extractiva.
El centro de la controversia ha radicado en la falta de claridad institucional sobre quién debería exigir y vigilar el cumplimiento de estas obligaciones.
Argos afirmaba que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no era competente para ejercer esa supervisión, y que la responsabilidad correspondía a Corpoboyacá, dado el tamaño de su operación. Por su parte, Corpoboyacá había argumentado no tener potestad para ejercer control porque no había recibido delegación formal para ese fin. Esta indefinición derivó en una ausencia de acciones efectivas de seguimiento y control, lo que indignó a las comunidades.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá, en respuesta a una solicitud de información, reconoció la existencia de una posible afectación ambiental en zonas bajas con potencial de inundación, causada por el inadecuado manejo de aguas mezcladas con lodos provenientes de la actividad minera.
Además, explicó que la autoridad ambiental competente había cambiado en varias ocasiones de ANLA a Corpoboyacá, debido a modificaciones en los volúmenes de producción aprobados por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Esto ha generado demoras e incertidumbre en la ejecución de los planes de compensación definidos para la zona.
La Secretaría indicó que su intervención ha sido principalmente de articulación institucional y acompañamiento jurídico. Inicialmente participó en mesas de trabajo ambientales realizadas en el marco de movilizaciones ciudadanas, y posteriormente hizo seguimiento a las acciones populares interpuestas por la comunidad. También ha realizado – aseguran – requerimientos en el contexto de cuatro actas de compromiso suscritas entre la empresa, la comunidad y las autoridades municipales.
En 2025, bajo la dirección del secretario Wilfredy Bonilla Lagos, se reactivaron espacios de diálogo con la participación de Corpoboyacá, que desde marzo de este año asumió el conocimiento del expediente ambiental de la mina. En la última mesa de trabajo se evaluaron presuntos incumplimientos de Argos a su licencia ambiental vigente, de la cual la empresa desistió de solicitar modificación.
Paralelamente, la comunidad radicó una solicitud de audiencia pública ambiental, respaldada por firmas, para exigir un seguimiento más estricto a la operación de la mina.
¿Y sobre la conflictividad en Pisba?
Otro problema latente está relacionado con la minería legal e ilegal en el páramo de Pisba y los reclamos de los campesinos de la zona para contar con movilidad a través del Parque Natural Pisba y de la Ruta Libertadora, el primero patrimonio natural y la segunda patrimonio cultural de la nación. En este último caso cobran protagonismo denuncias sobre presunta injerencia del ELN para la apertura de una carretera ilegal que comunique a Pisba con Socotá.
¿Qué ha hecho la Gobernación para gestionarlo? Desde la Secretaría de Ambiente aseguraron que se ha brindado acompañamiento jurídico a las comunidades “debido a que el conflicto se enmarca en procesos judiciales que superan los diez años de trámite, relacionados especialmente con el proyecto Carbones El Alizal S.A.S.”.
Se aseguró que en Socha se adelantó un estudio hidrogeológico “con el propósito de identificar el impacto de la minería sobre los cuerpos de agua”, aunque no se detallaron ni resultados ni conclusiones ni recomendaciones.
Sobre labores de vigilancia para proteger la integridad de los páramos, la Secretaría señaló que cumple un rol de articulación con las autoridades ambientales competentes, sin tener competencia directa para adelantar acciones de control.
Respecto a las quejas en torno a la apertura de la carretera ilegal, interviniendo el sendero de la Ruta Libertadora, la Gobernación, a través de su delegada para asuntos ambientales, aseguró “no haber emitido autorizaciones ni conceptos favorables para obras viales o uso de maquinaria en la zona de influencia del parque”.
Negó su participación en procesos formales de concertación relacionados con nuevas vías en la zona de protección del páramo de Pisba, y frente a la presunta injerencia del ELN o solicitudes comunitarias en ese sentido, la Gobernación dijo haber reiterado “información clara sobre la prohibición legal vigente”.
Consideró importante trabajar por la articulación institucional para evitar que tensiones como minería, movilidad rural, decisiones judiciales y presencia de actores armados escalen en territorios estratégicos como Pisba.
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Y los planes de manejo en páramos y su delimitación….
También le preguntamos a la Gobernación de Boyacá por su papel en la tarea pendiente de apoyar la formulación de los planes de manejo de los páramos, en articulación con entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales.
Su respuesta fue lacónica: “El Equipo de la Secretaría de Ambiente ha participado del proceso de delimitación del páramo de Pisba liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. No se dijo nada acerca de su competencia institucional en la formulación de los planes de manejo de páramos ni en la implementación de lo previsto en la Ley 1930 de 2018.
Aunque esta responsabilidad recae principalmente en autoridades ambientales como Parques Nacionales y las CAR, la gobernación tiene un papel central como entidad territorial dentro del SINA, y su responsabilidad en la formulación y ejecución de estos planes se puede resumir en cuatro ejes:
1. Articulación interinstitucional y territorial:
La Gobernación debe coordinar con las CAR, los municipios, las comunidades locales, el sector productivo y entidades nacionales para asegurar que el plan de manejo sea integral y coherente con el Plan de Desarrollo Departamental y los planes municipales.
2. Participación en la formulación técnica
Aunque la Gobernación no lidera directamente la formulación técnica, debe participar activamente en los comités técnicos y mesas de trabajo, aportando información territorial, priorizando acciones de conservación y desarrollo sostenible, y ayudando a definir estrategias de reconversión productiva.
También puede cofinanciar estudios, diagnósticos hidrogeológicos o cartográficos, y apoyar la planificación participativa con comunidades campesinas e indígenas.
3. Garantía de participación social
La Ley 1930 obliga a que los planes de manejo se formulen con participación de las comunidades locales. La Gobernación tiene la responsabilidad de garantizar escenarios de participación efectivos, especialmente en territorios con alta conflictividad socio – ambiental. Esto incluye promover mesas de concertación, procesos pedagógicos y acuerdos sociales para armonizar conservación y modos de vida campesinos.
4. Gestión de recursos y apoyo en la implementación
La Gobernación también debe movilizar recursos financieros y técnicos para la ejecución de los planes de manejo, por ejemplo, mediante la inclusión de programas en el presupuesto departamental, la gestión ante cooperación internacional o la articulación con proyectos de desarrollo rural sostenible.
Entendiendo entonces que la Gobernación de Boyacá no formula directamente los planes de manejo en páramos, sí es corresponsable de su construcción e implementación, actuando como articulador, facilitador y cofinanciador. Su papel es clave para asegurar que estos planes tengan viabilidad social, política y técnica, y que se traduzcan en acciones efectivas de conservación y desarrollo sostenible.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Wilfredy Bonilla, evitó responder a la situación en la Serranía de las Quinchas y a las amenazas que soporta por deforestación y minería. Tampoco dijo nada sobre la crisis regional por el vertimiento de aguas residuales a ríos, quebradas y otros cuerpos de agua.
