Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca son los departamentos en donde, según el organismo, las corporaciones autónomas regionales “no ejercen adecuado control y prevención de la minería ilegal”.
Sobre el trabajo en equipo que debería operar para evitar daños irreparables a los ecosistemas, la Contraloría General de la República es categórica: “las Corporaciones Autónomas Regionales de los departamentos mencionados no se articulan con las alcaldías municipales ni con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para ejecutar acciones oportunas que garanticen la protección del ambiente”.
Los investigadores de la Contraloría también evaluaron los expedientes sancionatorios que cursan en las Corporaciones y comprobaron que no se está dando cumplimiento estricto a los procedimientos establecidos en el Régimen Sancionatorio Ambiental (Ley 1333 de 2009) como imposición de medidas preventivas, legalización, seguimiento e imposición de sanciones y compensaciones.
El organismo concluyó que ante las debilidades en el ejercicio de la autoridad ambiental en contra de la minería ilegal, son evidentes los pasivos ambientales que hoy se ven reflejados en la contaminación de las fuentes hídricas, la destrucción de los bosques y por supuesto la calidad de vida y la salud de las poblaciones.
Advirtió además que en algunas regiones del país las dragas y los químicos decomisados son dejados en custodia de las mismas personas que están explotando de manera ilegal. “Esto evidencia permisividad de la Corporación e incumplimiento de sus funciones de vigilancia y control”.
Licencias en zonas de reserva
Un hallazgo que desconcertó a los funcionarios de la entidad fue identificar que las CAR otorgan licencias ambientales para actividades de minería dentro de zonas de reserva forestal “sin haber solicitado la previa sustracción del área como lo establece el artículo 210 del decreto 2811 de 1974”
Sobre la zona que tiene a su cargo Corpochivor, la Contraloría expresó su preocupación por la presencia de minería ilegal en el Distrito Regional de Manejo Integrado del Páramo de Rabanal.
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Una falta recurrente identificada por la Contraloría General está relacionada con el hecho de que algunas Corporaciones no tramitan de manera oportuna las solicitudes relacionadas con el otorgamiento o no de las licencias ambientales. Tienen solicitudes sin respuesta radicadas de muchos años atrás, situación que genera el riesgo de que los peticionarios inicien actividades sin los correspondientes permisos.
Y en este punto mencionó el caso de la CAR de Cundinamarca que tiene 141 solicitudes en trámite, la más antigua desde 1995. Para resolverla la visita técnica se realizó solo hasta 2010, quince años después. De Corpoboyacá la Contraloría determinó 51 trámites pendientes, el más antiguo data de 2006.
¿Y de las regalías qué?
Evasión, de eso también habló la Contraloría General. Recordó que las regalías son una contraprestación económica que se paga al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables, sin embargo, y según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) solo el 15 por ciento de las actividades del sector minero del oro son legales o formales.
“Si todas las explotaciones mineras se formalizaran la Nación recibiría anualmente más de 2.000 millones de dólares, es decir, el sector sería uno de los grandes generadores de divisas, pero como el 85 por ciento de la minería es ilegal esos recursos no ingresan al Estado”, afirmó la ACM.
La Contraloría concluyó que en Colombia no se ha formulado una política pública dirigida a dar solución a la minería ilegal a pesar de sus consecuencias sobre la gobernabilidad y el deterioro ambiental. Agregó que el modelo extractivista bajo el cual se desarrolla la industria minera desconoce las realidades de las pequeñas y medianas explotaciones y no se armoniza con las políticas ambientales ni de ordenamiento territorial.
Corpochivor responde
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Frente al llamado de atención de la Contraloría General de la República, el director de Corpochivor, Fabio Antonio Guerrero Amaya, dijo que en el informe se alude a la presencia de dragas usadas para la minería ilegal en su jurisdicción, sin embargo, aseguró que en el suroriente de Boyacá no se ha detectado la presencia de ese tipo de maquinaria.
Detalló que en la auditoría realizada a la entidad se evaluó efectivamente el tema de la explotación de carbón en el territorio y contrario a lo afirmado por la Contraloría sostuvo que los operativos para combatir la ilegalidad en su extracción se ejecutan de manera coordinada con Fiscalía, CTI, Policía Nacional, Procuraduría Agraria y Ambiental y las demás entidades que hacen parte de la Mesa Operativa de Medio Ambiente del departamento.
Guerrero Amaya indicó que todo proceso que se realice en torno a la minería ilegal implica un componente penal que está a cargo de la Fiscalía; y otro de tipo administrativo que es gestionado por la Corporación. “No dejamos vencer los términos, estamos pendientes de que se apliquen las sanciones y las multas establecidas por la Ley”.
Aquí la posición oficial de Corpochivor frente al pronunciamiento de la Contraloría General
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