La funcionaria fue categórica: “En el páramo no puede haber minería, debemos trabajar articuladamente para proteger los derechos humanos de las comunidades a las que les está llegando el agua contaminada, tenemos el resolver eso”.
Su planteamiento se realizó en el marco del diálogo social promovido por la cartera de ambiente en el municipio de Socha el pasado 8 de junio para escuchar a las comunidades que conviven con ese territorio, y encontrar salidas al enfrentamiento entre quienes exigen medidas para proteger la integridad del páramo de Pisba y abogan por la erradicación total de la minería, y los trabajadores y empresarios del sector minero, formales e informales, que demandan su derecho al trabajo.
Las comunidades que piden el cese de las actividades extractivas vienen denunciando que la minería legal e ilegal está impactando el área protegida, contaminando el agua y el suelo y alterando la integridad de la vegetación nativa. Señalan tanto a los mineros ilegales que no cuentan con títulos ni permisos, como a los legales sobre los cuales, según denunciaron, las autoridades no ejercen controles para verificar el efectivo cumplimiento de sus planes de manejo ambiental.
Ante el incremento de situaciones de confrontación entre las comunidades, especialmente en municipios como Socha, Socotá y Tasco, la ministra de ambiente, Susana Muhamad González, planteó que en la fase de concertación del proceso de delimitación del páramo de Pisba se revise municipio por municipio el detalle la realidad territorial del conflicto.
Se refirió a la necesidad de generar alternativas para las personas que ejercen la minería ilegal, que quienes la desarrollan prefieren llamarla informal o tradicional, y que se adelanten los controles para reducir los efectos negativos de la minería legal en las veredas.
“Debemos promover pactos sociales respetuosos y territorializados de fondo y tenemos la tarea de concertarlos entre todos para buscar las salidas, a todos nos va a tocar poner y la lógica de que defiendo mi interés por encima de todo no nos va a ayudar, a todos nos va a tocar buscar un acuerdo colectivo”, expresó la ministra en el Polideportivo de Socha.
"Debemos enfrentar la minería criminal"
Ante los retos que implica la conservación del páramo de Pisba, la ministra de ambiente ofreció toda la capacidad técnica del Estado para allanar las alternativas y las soluciones requeridas y aceptó la propuesta de la comunidad de establecer una mesa permanente de diálogo sobre la protección de los derechos colectivos a un ambienta sano, a un agua limpia, a la seguridad alimentaria y al trabajo. Insistió en la urgencia de ordenar el territorio alrededor del agua.
Expresó su preocupación por las denuncias sobre presencia de minería criminal en el páramo de Pisba, una minería ilegal financiada o promovida por grupos vinculados a la delincuencia y la sedición, “es una minería que debemos combatir con la capacidad del Estado”.
Planteó como insumo para el análisis de la problemática local la realización de un diagnóstico de la situación ambiental y minera del páramo de Pisba que permita identificar dónde están los títulos mineros vigentes y cuál es su situación y los problemas asociados a su operación, dónde están los nacimientos de agua y los acueductos veredales, en dónde se desarrolla la minería ilegal, quiénes la realizan y qué tipo de efectos generan sobre el territorio.
Ese diagnóstico, expuso la ministra, debe profundizar en estudios sobre las lógicas climática e hidrogeológica, “cómo transcurre el agua, cómo la trabajamos”.
La funcionaria expuso que toda esa información debe permitir transitar hacia el diseño de un plan estratégico que incluya la diversificación económica y la implementación de alternativas encaminadas a identificar opciones de ingresos diferentes a la minería.
“La minería es un renglón muy importante pero no es eterna, si el precio está alto es un buen negocio, si se baja es mal negocio, si los países empiezan a reemplazar el carbón se cerrarán mercados de exportación, por eso hay que prepararnos y fortalecer otros sectores económicos, hay potencial en el turismo y la agroecología, hay potencial de otros sectores”, sostuvo.
La ministra dijo al final que es responsabilidad del Estado ordenar el desorden minero propiciado por la entrega, sin control, de títulos mineros en el páramo, y como en el páramo no puede haber minería consideró prioritario avanzar en planes de desmonte y desmantelamiento, así como de cierre y abandono de explotaciones de carbón en Pisba. Destacó la disposición de varios empresarios del sector de entregar sus títulos y aportar en proyectos de restauración y de reconversión productiva.
