En las gradas del Coliseo de Gámeza se instalaron varias pancartas en las cuales los habitantes de los municipios con influencia en el páramo de Pisba pidieron el gobierno nacional garantías efectivas para la protección de sus derechos en el marco del proceso de delimitación de esta área de interés hídrico.
El páramo de Pisba tiene una extensión de 106.243 hectáreas y hace parte del corredor de páramos de la Cordillera Oriental. Según la información consolidada por el Ministerio de Ambiente,12 municipios tienen jurisdicción en esta zona: nueve de Boyacá y tres de Casanare.
Las localidades con mayor área paramuna son Socotá, Socha, Tasco y Gámeza, de ahí la preocupación de sus habitantes por las restricciones que conllevaría la delimitación del páramo para el desarrollo de actividades agropecuarias y mineras.
Estas inquietudes y la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá impidieron que el gobierno nacional avanzara en la expedición de la resolución definitiva sobre la línea divisoria del área a proteger, y la distinción de aquella en la cual sí se pueden adelantar labores de alto impacto.
Por orden del magistrado Fabio Iván Afanador, los ministerios de Ambiente, Minas y Agricultura se vieron obligados a convocar para el sábado 22 de enero a una reunión informativa con el propósito de reportarle a la comunidad el estado del proceso de delimitación, y de escuchar sus inquietudes con el argumento de que había debilidades en materia de participación efectiva.
Las demandas de la comunidad
Una de las primeras intervenciones fue la del personero de Gámeza, Javier Lizardo Figueroa, quien en representación de los habitantes de la localidad planteó que se emplee en Pisba la misma metodología usada por el Ministerio de Ambiente en la redelimitación del páramo de Santurbán, en Santander.
Solicitó asimismo que se tenga en cuenta el Estudio Técnico Económico Social Ambiental (Etesa) del páramo como insumo principal en la etapa de reconocimiento de la comunidad que allí vive. El Etesa es un documento formulado por las CAR, en este caso Corpoboyacá, para describir la realidad social, económica, cultura y ambiental de quienes habitan en un territorio de importancia ambiental.
Otra petición del personero de Gámeza fue la de verificar el área de referencia del páramo de Pisba bajo el argumento de que en muchos sectores el ecosistema de páramo se ha transformado hasta desaparecer.
Javier Lizardo Figueroa consideró importante la oferta de garantías por parte del gobierno a fin de lograr tranquilidad entre la población dependiente de la agricultura y la minería artesanal, y pidió aclarar el concepto de “actividades de bajo impacto” como lo define la Ley 1930 de 2018 conocida como Ley de Páramos.
En representación de los campesinos de Tasco, Pedro Abel Castañeda le preguntó al Ministerio de Minas sobre la gradualidad prevista por el gobierno para la suspensión definitiva de la minería en el páramo, y aludió en específico al daño ocasionado por la extracción de carbón. La respuesta a su inquietud estuvo a cargo de María Paula Moreno, jefe de asuntos sociales y ambientales de esa cartera.
La contestación de la funcionaria dejó inquietos a quienes abogan por restricciones inmediatas en razón a impactos evidentes como en el caso de El Cerrejoncito o la mina de Hunza Coal.
María Paula Moreno describió que se deben cumplir varias etapas: elaboración de un estudio técnico minero para identificar la dimensión de la minería en cada municipio, a partir de él se establecerá qué explotaciones están dentro del páramo y cuánto tiempo les falta para cumplir el contrato. “Se buscará que lo que le resta a un titular minero para cumplir con su tiempo de explotación le permita financiar el proceso de cierre y desmantelamiento de su actividad”. Una tarea que podría llevarse más tiempo del esperado.
El panorama lo complementó Juan Miguel Durán, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Este informó que a la fecha hay 68 títulos con superposición en el páramo y según agregó podrán hacer minería hasta que no se defina la delimitación.
Otros reclamos estuvieron asociados a que casi el 85 por ciento del municipio de Chita está incluido como área de páramo, lo cual reduce las posibilidades para permitir procesos productos encaminados a garantizar la subsistencia de sus habitantes.
Marlén Medina Fuentes, personera de Sácama, municipio de Casanare con el 6 por ciento de su territorio en el páramo de Pisba, le reclamó a Corporinoquia por inconsistencias en el Estudio Técnico Económico Social Ambiental (Etesa) en relación con su comunidad, y le solicitó hacer los ajustes pertinentes.
David Alberto Amaya, de Tasco, se refirió a la imposibilidad de la comunidad para abrir vías al interior del páramo o ejecutar construcciones. Su inquietud fue atendida por el director de la Territorial Norandina de Parques Nacionales Naturales, Fabio Villamizar quien se refirió en concreto a las normas que prohíben adelantar la apertura de carreteras al interior de áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Pisba y el paso de la Ruta Libertadora.
Esta fue complementada por Omar Franco Torres, viceministro de Agricultura, quien suministró cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) entidad que ha identificado 17.502 predios en el páramo de los cuales solo 3.334 (apenas el 19 %) tienen sus títulos en regla.
Franco hizo énfasis en que el proceso de delimitación del páramo está enfocado a reglamentar y ordenar el uso de la tierra y no a determinar la tenencia o propiedad de los predios.
Otra queja estuvo a cargo de la Procuradora Ambiental de Boyacá, Alicia López Alfonso, quien durante la reunión fue enfática en pedirles a los representantes del gobierno nacional respuestas de fondo a las preguntas de la comunidad. También reprochó la inasistencia de delegados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Agencia Nacional de Tierras.
Participación y proyectos sostenibles
En la reunión de Gámeza el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, abogó por acuerdos integrales y con garantías de participación encaminados a proteger el páramo y propiciar la subsistencia de las comunidades. Consideró importante definir el tipo de actividades que se pueden desarrollar y fue enfático en solicitar a las comunidades rurales no persistir en la ampliación de la frontera agrícola.
Entre tanto el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa Escaf, se refirió al propósito colectivo de cuidar y conservar los recursos naturales. Mencionó el compromiso del gobierno para delimitar todos los páramos del país antes de 2030 bajo una metodología dirigida a procurar un trabajo concertado, responsable y justo.
Correa Escaf reiteró el compromiso del Ministerio de Ambiente para visitar cada municipio con influencia en el páramo de Pisba, recoger la información, reunirse con sus autoridades y la comunidad y tomar decisiones más convenientes para todos. Puso como ejemplo el trabajo adelantado en la localidad de Vetas, en Santander, a propósito de la delimitación del páramo de Santurbán.
En lo referente a las actividades agropecuarias permitidas en los páramos, el viceministro de Agricultura, Omar Franco Torres, hizo alusión a la Resolución 1294 de 2021 que contiene disposiciones sobre la agricultura de bajo impacto en áreas de sensible importancia ambiental y al trabajo para cruzarla con las normas relativas a la delimitación.
Franco dijo que el gobierno reconoce la actividad campesina en el páramo y la necesidad de articular el alcance de los POT y los planes de desarrollo con lo contenido en la referida resolución. En su intervención aportó un dato no menor a la discusión: según la información consolidada por la UPRA, es posible hacer uso de 25 mil hectáreas, de las casi 106 mil del páramo de Pisba, para labores agropecuarias sostenibles.
Wilson Ramírez, del Ministerio de Ambiente e integrante del equipo responsable de la delimitación, insistió en que hasta ahora esa cartera no ha tomado decisiones, “nada se ha concertado, ese es un proceso por empezar”, sostuvo y agregó “este proceso de delimitación lleva varios años, este nos ordena tener que avanzar hacia encontrar un balance entre la conservación del páramo y la continuidad de las actividades agropecuarias”.
Señaló que la etapa actual se llama de Consulta e iniciativa y en ella la comunidad, las alcaldías y las personerías proveen información útil. Una vez surtida esta fase viene la de concertación. Ramírez hizo hincapié en los siguientes puntos:
– Es necesario decidir dónde está el límite del páramo. Este es un punto de mayor complejidad. La delimitación nace de un proceso de concertación, esta no es impuesta.
– Una vez decidido el limite lo que se debe definir es la realidad predial de lo que allí ocurrió. Aparecen dos aspectos claves: un contexto asociado a la realidad minera y un contexto asociado a la realidad agropecuaria y allí vienen los procesos de reconversión y de sustitución. Hay algo claro en la ley: las actividades mineras en la zona delimitada entran a un proceso de cierre gradual. Las actividades agrícolas y ganaderas continúan, entran en un proceso gradual de reconversión si y solo si están en una condición de alto impacto. Las actividades de bajo impacto no entran en la dinámica de la reconversión. Un ejercicio que debe hacerse es determinar qué actividades agropecuarias en el páramo generan alto impacto y cuáles no. Allí es importante lo definido en la Resolución 1294 del 2021
– Estructuremos un proceso de fiscalización con los municipios para hacerles seguimiento a cada uno de los compromisos que quedan allí. Aquí van quedando parámetros de conservación del recurso hídrico y están asociados con compromisos de parte y parte alrededor de la restauración, de la preservación de lagunas y del aislamiento de algunas cuencas para no sacrificar el agua.
sobre los recursos para costear las etapas de la delimitación, Wilson Ramírez sostuvo que el gobierno nacional avanza en la búsqueda de alternativas financieras como fondos de cooperación internacional.
