Lozada, coautor de la iniciativa que por segunda ocasión será presentada al Congreso de la República, se refirió a la trascendencia de la misma en el marco de la primera audiencia de socialización del proyecto realizada en Nobsa el pasado 1 de febrero.
“La ley de democracia ambiental crea unos mecanismos a través de los cuales las comunidades pueden participar del proceso de expedición de las licencias ambientales, y además tienen la posibilidad de negar la entrada de un desarrollo extractivo en su municipio cuando esa comunidad considera que este va en contravía de las formas ancestrales o las formas futuras en que la comunidad quiere hacer el desarrollo económico de su municipio”, explicó el parlamentario.
Losada complementó su argumento describiendo que hoy la situación es diferente, “le han pasado por encima a las comunidades que se ven directamente afectadas por los daños ambientales sin que estas puedan tener participación incidente”.
En relación con los impactos directos de esta iniciativa en la realidad socio – ambiental de Boyacá, Juan Carlos Losada afirmó que el 10 por ciento de los conflictos de esta naturaleza registrados en Colombia tienen epicentro en el departamento de Boyacá, “muchos de ellos los más complicados”.
El representante a la Cámara reforzó su argumento con la siguiente afirmación: “Boyacá tiene una petición de licencias impresionante para desarrollos mineros en muchos municipios, por esta razón que las comunidades puedan de manera incidente participar en la decisión de si esos proyectos deben hacerse o no es absolutamente fundamental para los municipios”.
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Aclaro que eso no significa que el proyecto busque cerrar la puerta a todos los proyectos de este tipo, “de lo que se trata es que la comunidad pueda participar y decidir si ese es el modelo de desarrollo que quiere implementar en su municipio”.
Su tesis fue respaldada por el parlamentario boyacense Pedro Suárez Vacca quien habló del incremento de las protestas en diferentes regiones del departamento por situaciones asociadas a impactos ambientales y afectaciones directas a la población.
“Las entidades responsables no consultan con las comunidades, no se les tiene en cuenta. Este proyecto de ley plantea la obligatoriedad de que haya una participación democrática de todas las comunidades en aquellas decisiones que los afecten, especialmente en materia de exploración y explotación, y cuando ello afecte de alguna manera el medio ambiente, es una garantía fundamental y constitucional que complementa el Acuerdo de Escazú”.
Losada y Suárez Vacca lamentaron la ausencia de los delegados de varias de las entidades invitadas, entre ellas Corpoboyacá. El primero anunció acciones de control político en el Congreso de la República para pedirle cuentas de su gestión al director de la entidad, Herman Amaya Téllez. Suárez Vacca, por su parte, dijo que las quejas de la comunidad, en relación con los trámites administrativos ambientales, “dan cuenta de que ha sido un verdadero fracaso la gestión institucional en términos de la participación ciudadana”.
Respaldo al proyecto
El alcance de la ley de democracia ambiental fue respaldado por varios de los asistentes a la audiencia ambiental realizada en el salón comunal del barrio Camilo Torres de Nobsa.
Orlando Cubides Siachoque valoró su importancia y se refirió a que esta podría ayudar a superar fallas como las presentadas en el proyecto de reconversión de hornos liderado por la Gobernación de Boyacá y Corpoboyacá en la vereda Las Caleras de Nobsa en 2015.
Argumentó falta de seguimiento para acompañar efectivamente a las comunidades en la implementación de emprendimientos sustentables.
También criticó a la autoridad ambiental por el permanente cambio de funcionarios encargados de los procesos y el desconocimiento de los mismos de los acuerdos entre la institucionalidad y la población, “hay se evidencia una pérdida de la memoria institucional”.
Jairo Torres Tobo, ex concejal de Nobsa, habló de la necesidad de brindarle garantías a la sociedad para participar en los debates sobre licenciamientos ambientales y a la urgencia de acatar lo ordenado por la Corte Constitucional en lo relativo a la regulación de las consultas populares. Recordó que en la mayoría de las realizadas en varios municipios del país los pobladores votaron en contra del extractivismo, pese a ello sus decisiones perdieron efecto por fallos judiciales.
Hugo Hernán Castro, consultor ambiental del sector minero, centró su opinión en la necesidad de garantizar transparencia en el otorgamiento de licencias ambientales, “actualmente se hace sin tener en cuenta a las comunidades, ni los efectos de estos permisos de explotación sobre el territorio”.
Una habitante de Socha, quien pidió reserva de su identidad, se refirió a los impactos ambientales provocados por la minería del carbón y a la falta de acción de la Alcaldía local y de Corpoboyacá para ejercer los controles necesarios. Mencionó puntualmente daños en el páramo de Pisba y en la laguna de Socha, e hizo énfasis en la situación que afecta a la vereda El Curital en donde se han identificado 62 explotaciones ilegales y otras con licencia que están realizando vertimientos sobre las fuentes hídricas de la zona.
Pedro Castañeda, del municipio de Tasco, evidenció la ausencia de una ley que defienda los reparos de la comunidad. Expuso el caso del aval otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la multinacional petrolera Maurel & Prom para iniciar exploraciones en varios municipios de la provincia de Valderrama. “A pesar de los reparos al estudio de impacto ambiental y de la negativa de los pobladores y de las ONG, la empresa recibió el permiso para operar. La comunidad no fue tenida en cuenta, aseguró”.
