La campaña presidencial colombiana ha girado, principalmente, en torno a la economía, la seguridad y las promesas de empleo, pero los titulares de la prensa, durante las semanas previas a la segunda vuelta electoral, dan cuenta de un entorno hostil que deja un mal sabor de boca respecto de los liderazgos que se disputan el poder.
A mediados de mayo un grupo de científicos decidió intervenir para pedirles seriedad a los aspirantes. Lo hicieron con una carta dirigida a los 17 candidatos que participaron en la primera vuelta del 31 de mayo, firmada por la Plataforma Biodiversos Colombia, integrada por biólogos, ecólogos, ingenieros forestales, hidrólogos, economistas ambientales, abogados, comunicadores y decenas de profesionales de las ciencias de la vida vinculados a universidades, institutos de investigación y organizaciones de la sociedad civil.
El mensaje fue puntual: las agendas programáticas de los candidatos con mayor intención de voto carecen de propuestas ambientales estructurales, en muchos casos no interpretan la realidad de los territorios, no comprometen las acciones estatales a favor del desarrollo sostenible y no están planteadas desde el equilibrio ni la transición progresiva.
Ahora que la contienda se reduce a dos nombres, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que se enfrentarán el próximo 21 de junio en la segunda vuelta, la carta sigue vigente. Y sus doce compromisos mínimos siguen sin respuesta pública por parte de ninguno de los dos finalistas.
Desde Boyacá, donde los problemas que la carta describe son realidades cotidianas, entreojos.co repasa lo que está en juego.
El diagnóstico que los candidatos no quieren ver
La carta de Biodiversos Colombia parte de una realidad que la evidencia científica respalda y que el debate político colombiano evita con frecuencia: la salud ambiental no es un tema sectorial, es transversal a todas las dinámicas sociales y políticas. De ella dependen las actividades económicas, la producción de energía, la seguridad alimentaria y la salud de las personas.
Los firmantes advierten además un fenómeno preocupante en el debate público: la noción de «lo ambiental» está siendo desplazada por agendas centradas en el bienestar de animales domésticos y fauna carismática, en algunos casos en abierta contradicción con los principios de la conservación ecosistémica.
Mientras se debate con intensidad el futuro de los hipopótamos del Magdalena Medio, temas como el control de la deforestación, la protección de páramos, el manejo de cuencas hidrográficas y la transición energética justa permanecen al margen de la conversación electoral.
«La dimensión ambiental es transversal a la agenda política del país», aseguran los firmantes, y agregan «subordinarla es negar que de la salud ambiental y el buen estado de la biodiversidad dependen las actividades económicas, energéticas y productivas del país».
Doce compromisos sin asumir
La carta expone doce compromisos mínimos que Biodiversos Colombia solicita a los candidatos acoger públicamente. Aquí les ofrecemos un resumen. El documento completo puede ser consultado aquí.
- Metas climáticas con base científica. Mantener la reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y la carbono-neutralidad a 2050, con metas sectoriales medibles y verificables, y construir un Plan Nacional Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático con presupuesto plurianual.
- Continuidad de los instrumentos de política ambiental ya adoptados. Colombia tiene décadas de política pública acumulada (planes de restauración, estrategias de conservación de páramos, política de biodiversidad, programas de especies amenazadas) que son patrimonio del Estado, no de un gobierno. Los candidatos deben comprometerse a no desfinanciarlos ni suspenderlos por razones políticas coyunturales.
- Deforestación neta cero en la Amazonía, el Chocó y el Caribe a 2030, atacando los motores reales: ganadería extensiva, vías ilegales y acaparamiento de tierras.
- Seguridad hídrica como política de Estado, con protección efectiva de páramos, humedales y cuencas abastecedoras, y financiamiento real del saneamiento de aguas residuales. Y este punto incluye, por supuesto, la formulación de planes de manejo de páramos y áreas protegidas, y blindaje de la normatividad de aquellas áreas con figuras de conservación vigente.
- Combate decidido a las economías ilegales contra la biodiversidad: minería ilegal, tráfico de fauna y flora silvestre, y reparación de pasivos ambientales mineros.
- Protección efectiva de defensores y defensoras ambientales, con implementación plena del Acuerdo de Escazú y combate a la impunidad de los crímenes contra liderazgos ambientales.
- Protección de la comunidad científica frente a campañas de hostigamiento y amenazas por pronunciarse con base en evidencia sobre asuntos sensibles de política ambiental.
- Recuperación de la institucionalidad ambiental: SINA, Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales, ANLA, IDEAM e institutos de investigación con presupuesto estable, autonomía técnica y nombramientos por mérito.
- Reforma del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal para que su competencia no desplace ni suplante la política nacional de conservación de la biodiversidad nativa.
- Aplicación del Plan Nacional de Especies Exóticas Invasoras con base científica y sin criminalizar a los funcionarios que ejecuten las medidas técnicas aprobadas.
- Transición energética justa y científicamente informada, que no se traduzca en nuevos pasivos socioambientales en territorios indígenas, afro y campesinos, ni en deforestación adicional.
- Financiamiento ambiental robusto, con una meta de al menos el 1% del PIB, distinguiendo claramente entre recursos para ciencia ambiental y recursos para gestión pública, ambos plurianuales, blindados y con rendición de cuentas verificable.
Boyacá a la luz del panorama nacional
Los 12 compromisos de la carta firmada por la Plataforma Biodiversos Colombia están armonizados con la realidad regional de Boyacá, es, en otras palabras, un reconocimiento de problemas que el departamento vive a diario y que ninguna administración, ni municipal, ni departamental, ni nacional, ha abordado con la profundidad que requieren, aunque sí con la superficialidad de lo que se vende en redes sociales y consumen incautos y militantes serviles.
El agua, amenazada desde varios frentes. El lago de Tota, el embalse natural del que dependemos miles de ciudadanos, enfrenta la acumulación de agroquímicos provenientes de los cultivos de cebolla en su cuenca, y las aguas residuales del municipio de Aquitania y de su sector hotelero. Estas llegan al lago sin tratamiento alguno.
En el otro extremo del departamento, la ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá, recibe el impacto de la ganadería extensiva vecina y los residuos de la industria petrolera que opera en el Magdalena Medio. Dos ecosistemas acuáticos estratégicos, dos amenazas de naturaleza diferente, un mismo patrón: la ausencia de inversión pública en saneamiento y la tolerancia institucional frente a actividades que contaminan fuentes hídricas compartidas.
El compromiso número 4 de la carta, seguridad hídrica como política de Estado, tiene en Boyacá una urgencia concreta que los candidatos presidenciales deberían asumir.
La presión minera sobre ecosistemas estratégicos. Proyectos mineros legales e ilegales operan al interior o en las inmediaciones de páramos y bosques que son zonas de recarga hídrica y reservorios de biodiversidad.
La Serranía de las Quinchas, paraíso boscoso del Magdalena Medio, enfrenta presiones extractivas que su figura de protección, la de ser Parque Regional Natural, no ha logrado contener del todo.
En Moniquirá, la solicitud de prórroga del contrato minero de Cemex para la extracción de piedra caliza en la vereda Tierra de González, a pocos metros de la Serranía del Peligro, ha movilizado a colectivos ambientales que hoy se baten en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para impedirlo.
Los compromisos 3, 4 y 5 de la carta apuntan directamente a esta realidad: frenar la deforestación, garantizar la seguridad hídrica y enfrentar las economías ilegales contra la biodiversidad.
Los páramos, sin delimitación efectiva ni alternativas productivas. Boyacá alberga varios de los complejos paramunos más importantes del país. Su delimitación, ordenada por la Ley 1930 de 2018, avanza con lentitud, y los procesos de sustitución o reconversión de actividades productivas dentro de esas zonas están en mora de formularse y más aún de concretarse.
Los residuos sólidos, una crisis silenciosa. Boyacá genera 160.000 toneladas de residuos sólidos al año. La mayor parte se concentra en el Parque Ecológico y Tecnológico de Pirgua, en Tunja, después de que los rellenos sanitarios de Sogamoso y Garagoa fueran sellados por disposiciones ambientales. El departamento opera, en la práctica, con un solo receptor para toda su basura, sin que se ejecute una política departamental de gestión integral de residuos que incluya reducción en la fuente, reciclaje, compostaje y alternativas técnicas viables a largo plazo.
La educación ambiental, sin brújula. El plan decenal de educación ambiental de Boyacá estuvo vigente hasta 2025 y no ha sido renovado. Sin ese instrumento actualizado, las acciones de educación ambiental en escuelas y comunidades quedan dispersas y sin coordinación. El compromiso número 2 de la carta, que incluye explícitamente la Política Nacional de Educación Ambiental y los PRAE como «sustrato cultural de largo plazo de la conservación», tiene en Boyacá una aplicación inmediata que autoridades como la Gobernación, las CAR y las alcaldías podrían, y deberían retomar, sin esperar al gobierno nacional.
Los defensores ambientales, en riesgo. En Boyacá, quienes defienden el agua, los bosques y los páramos no lo hacen desde la comodidad de un escritorio. Lo hacen desde comunidades rurales, muchas veces enfrentando presiones de actores con intereses económicos poderosos.
El caso de los colectivos de Sogamoso, amenazados con acciones penales por oponerse a la tala de árboles urbanos, es apenas el más reciente. A ellos se suma el temor de quienes en Socha o Tasco han levantado su voz en contra de los efectos negativos de las actividades mineras.
El Acuerdo de Escazú, que Colombia ratificó, protege a los defensores ambientales. El compromiso 6 de la carta pide que esa protección sea efectiva, no solo formal.
Lo que se le pide a Cepeda y a De la Espriella
Biodiversos Colombia no eligió entre candidatos. Eligió hacer una pregunta que ambos deben responder: ¿están dispuestos a asumir públicamente estos doce compromisos?
El próximo presidente de Colombia tendrá bajo su responsabilidad, entre muchas otras, las decisiones sobre la prórroga de contratos mineros en zonas de protección, la financiación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que hoy no existen en decenas de municipios boyacenses, la delimitación efectiva de los páramos, la protección de ecosistemas como la Serranía de las Quinchas y el lago de Tota, y el fortalecimiento, o el desmantelamiento, de las corporaciones autónomas regionales.
Ninguna de esas decisiones es inevitable. Todas son políticas. Y todas dependen de si quien llegue a la Casa de Nariño en agosto próximo entiende que gobernar Colombia sin una política ambiental seria no es una opción ideológica, es un salto al vacío.
La carta de Biodiversos Colombia sigue esperando respuesta. El 21 de junio, los colombianos votarán. Pero antes, sería deseable que los dos candidatos que aún compiten por la presidencia tuvieran algo concreto que decir sobre los ecosistemas que sostienen el país que quieren gobernar.
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