Lancheros hizo parte del grupo de ciudadanos que 2016 interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Boyacá para que ese organismo le ordenara la CAR y a las autoridades de Chiquiquirá emprender acciones encaminadas a recuperar la laguna de Fúquene y el río Suárez, afectados por el vertimiento de aguas residuales.
El Tribunal les dio la razón y ordenó a la CAR, a las autoridades locales, a las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, y al Ministerio de Ambiente, liderar acciones para descontaminarlos, destinar recursos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y recuperar las áreas ocupadas por particulares, especialmente en torno a la ronda de la laguna de Fúquene.
En el marco de su aspiración para llegar al Senado de la República, Jorge Enrique Lancheros se comprometió a seguir abogando por la restauración del equilibrio ambiental del Valle de Ubaté y Chiquinquirá, y la destinación por parte del gobierno nacional de los casi dos billones de pesos que, según estimó, cuesta devolverles el equilibrio a estos ecosistemas.
Consideró importante también que las autoridades investiguen y judicialicen a los responsables de la desecación de amplios sectores de la laguna para el establecimiento grandes fincas ganaderas.
Lancheros sostuvo además que de llegar al Senado de la República promoverá el control sobre las administraciones municipales y distritales en relación con el arbolado urbano, y las autorizaciones dadas por estas para la tala de especies nativas en parques y avenidas de varios centros urbanos.
Frente a prácticas como el fracking, mantuvo su rechazo a los permisos otorgados por el gobierno para el desarrollo de proyectos piloto y se mostró dispuesto a seguir apoyando las demandas en su contra ante el Consejo de Estado.
