Decepcionado se mostró el magistrado Félix Alberto Rodríguez Rivera ante la ausencia de directivos de la CAR, de la Superintendencia de Servicios Públicos y de la empresa de Servicios Públicos de Boyacá en la audiencia que pretendía pactar un acuerdo para salvar a este cuerpo de agua.
El magistrado Rodríguez Rivera criticó la inasistencia de funcionarios con capacidad para tomar decisiones de fondo sobre el futuro de la Laguna de Fúquene, uno de los cuerpos de agua más deteriorados del altiplano cundiboyacense.
El togado tenía la esperanza de que tanto estas entidades como la Alcaldía de Chiquinquirá, la Empresa de Servicios Públicos, el Concejo y la Personería de la ciudad mariana, firmaran un pacto de cumplimiento que permitiera concretar las acciones que deben adelantarse para recuperar las condiciones hídricas tanto de la Laguna de Fúquene como de los ríos Ubaté y Suárez.
Rodríguez aseguró que una acción popular, como la que buscaba materializar este pacto, debería haber obligado a las entidades responsables a ponerse de acuerdo para actuar a favor de los recursos naturales, sin embargo, a pesar del deseo del magistrado, sus representantes buscaron dilatar la efectividad y la oportunidad de sus actuaciones.
“Fúquene tendrá que seguir esperando ante la indolencia institucional, incluso la de los mismos jueces”, sostuvo el miembro del Tribunal Administrativo de Boyacá al recordar que desde el año 2000 se han fallado varias acciones populares que pese a su importancia no han generado efectos positivos en las condiciones de ese ecosistema.
Agua inviable
La Procuradora 32 pide medidas urgentes para suministrar líquido de calidad a los residentes en Chiquinquirá.
Contrario a lo que sostiene la gerente de Empochiquinquirá, Carolina Gómez Aldana, la procuradora 32 Ambiental y Agraria de Boyacá, Alicia López Alfonso, insiste en que el agua que se suministra a los habitantes de la ciudad es “inviable sanitariamente”.
Ella está al frente de las gestiones del Ministerio Público para asegurar que se haga lo imprescindible con el fin de que algún día la capital de la provincia de Occidente disponga del agua potable que se merece.
Durante la audiencia en el Tribunal Administrativo de Boyacá, la Procuradora López Alfonso reveló las recientes determinaciones que ha adoptado su despacho.
La primera, requerir a la CAR para que en el término de 20 días inicie procesos sancionatorios ambientales en contra de los propietarios, tenedores o poseedores de predios que estén realizando captación ilegal, ocupación de cauce y vertimiento de aguas residuales al río Suárez desde el punto de nacimiento de la Laguna de Fúquene hasta el punto de captación de Empochiquinquirá.
Dispuso además dar traslado a la Fiscalía General de la Nación para que se establezca la responsabilidad penal de quienes captan agua ilegalmente, ocupan los cauces y vierten desechos, así como a los funcionarios que hayan incurrido en omisiones.
Ordenó a la CAR ejecutar de manera inmediata programas de restauración ecológica en las cuencas de los ríos Ubaté y Suárez “pues su actual deterioro afecta la salud y el bienestar de las comunidades aledañas”. También exigió a la autoridad ambiental, a las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca y a las alcaldías de la jurisdicción la construcción y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se requieran.
Un fallo obligatorio
Se estima que modernizar la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chiquinquirá cuesta $15 mil millones.
“Chiquinquirá ha padecido de agua de buena calidad toda la vida”, así lo reiteró Jesús Albeiro Gómez Martínez, representante de la Liga de Protección al Consumidor del municipio.
Gómez estuvo de acuerdo con el concepto de la Procuradora 32 en el sentido de que el líquido que se suministra a la comunidad es inviable sanitariamente. Añadió que la responsabilidad es de la CAR, de los municipios que no han construido sus PTAR, de la Alcaldía de Chiquinquirá y de la empresa local de servicios públicos.
Lamentó que pese a la crisis histórica por escases y deficiente calidad del líquido ningún funcionario público haya sido sancionado por omisión. Aseguró que los entes locales han evadido la responsabilidad de modernizar la planta de tratamiento de agua potable.
Sobre la imposibilidad de acordar un pacto por la Laguna de Fúquene y los ríos Suárez y Ubaté, el líder de la liga de consumidores confió en que el Magistrado Félix Rodríguez Riveros acopie las pruebas que lo lleven a obligar a las entidades correspondientes a emprender las inversiones que se requieran para evitar que Chiquinquirá muera de sed.
