Foto: archivo particular.
Este derrame de petróleo se registró en 2018 en Campo Moriche, propiedad de la empresa Mansarovar Energy. Foto: archivo particular.

Los conflictos ambientales en Boyacá y los vacíos sobre su estudio documental y geográfico

Un análisis académico de Nicolás Vargas sobre la lucha entre el desarrollo y la sostenibilidad.

Por: Nicolás Vargas-Ramírez – Candidato a Doctor en Geografía – Universidad Nacional Autónoma de México – Investigador Junior – Grupo de Investigación Conflicto, Región y Sociedades Rurales de la Universidad Javeriana. 

Según el Atlas de Justicia Ambiental (EjAtlas) (https://ejatlas.org/), Colombia es el séptimo país del mundo con mayor cantidad de conflictos ambientales, con 132 de estas dinámicas socioambientales sistematizadas hasta la fecha.

De acuerdo con EjAtlas, sólo seis de los conflictos ambientales colombianos ocurren en jurisdicción del departamento de Boyacá: tres son por “combustibles fósiles y Justicia climática/energética”, dos por “extracción de minerales y materiales de construcción”, y uno por “conflictos industriales o servicios” (véase la Figura 1). 

Figura 1. Conflictos ambientales en Boyacá según el EjAtlas.

Pero la Audiencia Pública “Conflictos Socioambientales en Boyacá” celebrada el 29 de julio de 2022, en la Asamblea Departamental, refleja que la cantidad de casos sistematizados en EjAtlas se queda corta a la hora de reflejar la conflictividad que actualmente ocurre en esta parte del país.

De acuerdo con las presentaciones realizadas durante la sesión de la mañana en la Audiencia Pública, en Boyacá existen al menos 28 conflictos, mismos que pese a las limitantes de tiempo, fueron expuestos por igual número de ponentes, dentro de los que participaron representantes de comunidades, de movimientos sociales y algunos concejales.

Tan sólo uno de los conflictos ambientales sistematizados en el Atlas de Justicia Ambiental EjAtlas , el de la minería de carbón en el páramo de Pisba, fue expuesto durante la jornada.

Otra fuente de sistematización de las situaciones expuestas durante la Audiencia Pública es el Observatorio de Conflictos Ambientales (https://oca.unal.edu.co/) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia.

En el OCA, el único conflicto ambiental sistematizado hasta el momento en Boyacá es el ocasionado por la actividad turística en el Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy (véase la Figura 2).

La desactualización de la información en ambas bases de datos revela el subregistro de conflictos ambientales, y los vacíos de investigación existentes en la materia en Boyacá y en el resto del país.

Figura 2. Conflictos ambientales en Boyacá según el OCA.

La sistematización y documentación de los conflictos ambientales es un aspecto importante para visibilizar los movimientos por la justicia ambiental y sus acciones relacionadas con la protección y la defensa del territorio. También es fundamental para la toma de decisiones, ya que la existencia de conflictos ambientales generalmente no es tomada en cuenta al momento de entregar concesiones, licencias, permisos y autorizaciones a distintos proyectos, o a la hora de crear figuras de protección ambiental o delimitar ecosistemas, como ocurre actualmente en varios complejos de páramo de Boyacá y el país.

Partiendo de la tipología de sistematización de conflictos ambientales usada por EjAtlas, durante la Audiencia Pública fueron expuestos cuatro relacionados con “Biomasa y conflictos por la tierra” que incluyeron los casos del Lago de Tota, de la agroindustria de la marihuana en Pesca y de los conflictos por la reglamentación del uso de suelo en Paipa y Samacá.

Ocho conflictos están relacionados con “Combustibles fósiles y justicia climática/energética”, los cuales incluyen exploración y explotación petrolera en San Luis de Gaceno, Corrales, Tasco, Santa María y Puerto Boyacá, instalación de parques fotovoltaicos en páramos y áreas agrícolas de Sotaquirá, Paipa y Tibasosa, y los impactos asociados a la generación de energía termoeléctrica de Termopaipa.

Seis casos estuvieron relacionados con “Conflictos por biodiversidad/conservación” que incluyeron la construcción de un sendero turístico en la laguna de Iguaque, y las implicaciones derivadas de la Ley de Páramos, de los Parques Nacionales y Regionales Naturales y sus Planes de Manejo, y de la Resolución ICA 7067 de 2022 sobre las comunidades campesinas y sus actividades productivas en Tasco, Gámeza, Otanche, Socotá, Mongua y Chíquiza.

Otros tres conflictos se relacionaron con “Extracción de minerales y materiales de construcción” que incluyeron la criminalización y desplazamiento de la minería tradicional por parte del estado y empresas multinacionales en San Pablo de Borbur, y por la explotación subterránea y a cielo abierto en Paipa y Corrales.

Tres conflictos también se relacionaron con “Gestión de residuos” como los casos del relleno sanitario de Sogamoso y la contaminación del Distrito de Riego del Alto Chicamocha y el embalse La Playa en Tuta.

Finalmente, cuatro conflictos se relacionaron con la “Gestión del agua”, ejemplificados en el deterioro y contaminación del Lago de Sochagota y las aguas termales en Paipa, la desecación y contaminación de la Laguna de Fúquene y su impacto sobre el Río Suárez, los proyectos hidroeléctricos a filo de agua en Pajarito, y los problemas derivados de la expansión urbana y la contaminación padecida por la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje del Alto Chicamocha y Firavitoba (USOCHICAMOCHA).

Once de los conflictos ambientales expuestos incluso podrían ser clasificados usando dos de las tipologías del EjAtlas, situación que evidencia la precariedad en la planificación de las actividades económicas y el ordenamiento territorial que vive el departamento de Boyacá, así como la debilidad y el desinterés institucional de sus autoridades ambientales.

Las ponencias de la Audiencia Pública, los conflictos ambientales y las tipologías utilizadas para clasificarlos se muestran en la Tabla 1.

Con la intensión de aportar a la documentación y visibilización de los conflictos ambientales que ocurren en Boyacá (aspecto que fue resaltado al término de la Audiencia Pública como una necesidad durante el debate por los Diputados), a continuación se ofrece una sistematización cartográfica de los casos expuestos.

Dicho ejercicio también puede ser de utilidad para la visibilización de los procesos sociales y sus problemáticas. También lo puede ser para quienes desde el sector académico estén interesados en apoyar o acompañar a los movimientos por la justicia ambiental del departamento, o bien, que estén dispuestos a documentar estos conflictos ambientales en bases de datos como el EjAtlas o el OCA (véase la Figura 3, y el mapa interactivo de Google Maps).

Figura 3. Conflictos ambientales expuestos durante la Audiencia Pública “Conflictos Socioambientales en Boyacá” Fuente: elaboración propia. Mapa base cortesía de EjAtlas.

Mapa interactivo

La Audiencia Pública sobre conflictos ambientales evidencia la punta del iceberg de la conflictividad ambiental por la que atraviesa Colombia, y el por qué las comunidades y movimientos sociales, pese a la persecución y el asesinato de sus líderes y lideresas, persisten con vehemencia en sus empeños y reclamos por tener paz y justicia ambiental.

Si se sumaran los conflictos ambientales reportados en Boyacá a la base de datos del EjAtlas, la cantidad de estas situaciones en Colombia ascendería a 160, colocando al país en el sexto lugar a nivel mundial por encima de China.

Evidentemente durante la Audiencia no se mencionaron muchos de los conflictos ambientales causados por la minería de carbón como los que ocurren en Turmequé, en la vereda Pedregal de Sogamoso, en el municipio de Rondón con la mina Palmarito, en los páramo de Pesca y Tota, o en la cuenca del Río Hatolaguna, tributario del Lago de Tota.

Tampoco se aludió a los causados por la minería a cielo abierto de materiales de construcción en Firavitoba, Iza, Tibasosa, Nobsa y Sogamoso, ni al diseño y próxima construcción de la Fase A de la variante al Llano, por sólo mencionar algunos ejemplos.

La expectativa de las bases sociales frente al abordaje de los conflictos ambientales y la garantía de derechos sociales, ambientales y territoriales es gigante. Sin duda el gobierno nacional entrante enfrentará enormes retos y desafíos para lidiar con la inercia que han dejado las ya varias décadas de apuestas gubernamentales, arraigadas hasta los tuétanos en un modelo de desarrollo extractivista y colonial que históricamente le ha apostado a la exportación de commodities pasando por encima de las voluntades, anhelos y necesidades de “Los y Las Nadies”.

Ojalá la apuesta de “Vivir Sabroso” sea acompañada por la participación y el compromiso ciudadano, ya que sin estos la necesidad de cambio y de trascender hacia otras economías y formas de relacionarnos con nuestro entorno difícilmente encontrarán tierra fértil y agua limpia dónde germinar.

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