Más allá de su potencial turístico, y su protagonismo agropecuario, del cual uno de sus principales referentes es la caña panelera, Moniquirá alberga un potencial ambiental caracterizado por sus montañas y sus fuentes de agua, sin embargo, este municipio de la provincia de Ricaurte, de aproximadamente 24 mil habitantes, enfrenta retos propios de ciudades intermedias que crecen sin la planificación adecuada y sin el orden requerido para garantizar que su desarrollo sea sostenible.
En el Plan de Desarrollo formulado por la administración del alcalde Fredy Iovanny Pardo para el periodo 2024 – 2027 se admite esta realidad de la siguiente manera:
“Moniquirá…se caracteriza por su riqueza natural y biodiversidad, que incluye paisajes montañosos, ríos, bosques y una gran variedad de especies vegetales y animales”, y uno de sus valores ambientales más representativos es el Parque Regional Natural Serranía del Peligro.
“Sin embargo, en los últimos años, el municipio ha enfrentado desafíos ambientales relacionados con la deforestación, la contaminación del agua y el suelo, la pérdida de hábitats naturales y el cambio climático”, se lee en el documento formulado por el gobierno local.
Se reconoce además que “eventos extremos como el Fenómeno del Niño, asociado a periodos largos de altas temperaturas y lluvias escasas…han generado pérdidas de cultivos de café, sombríos, plátano, frutales, hortalizas y pastos”.
Moniquirá, como otras localidades del departamento, tiene problemas vinculados al vertimiento de sus aguas residuales, en este caso al río Moniquirá, y de generación de desechos. El mismo Plan de Desarrollo lo tiene diagnosticado:
“Uno de los problemas ambientales más significativos es la gestión inadecuada de los residuos sólidos. Este municipio enfrenta desafíos relacionados con la recolección, el tratamiento y/o aprovechamiento y la disposición final de los residuos generados por la comunidad. La falta de un sistema de gestión integral de residuos sólidos conlleva a la acumulación de basura en áreas públicas, ríos y espacios naturales, lo que representa una amenaza para la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes”.
A esta panorama se suma el conflicto que representa la minería, especialmente vinculada a la explotación de piedra caliza, y de manera particular a la existencia de la mina La Chapa, situada en las veredas Tierra de González y Colorado, bajo un título de 343,5 hectáreas, clasificado como mediana minería, y otorgado a favor de la empresa Cemex, y cuyo contrato de concesión pretende ser porrogado.
Y es precisamente en ese municipio, con ese potencial ambiental, pero con ese nivel de conflictividad, donde el próximo viernes 12 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana, se realizará el 3er Foro Ambiental, convocado por el Cabildo Verde de Moniquirá con el lema ‘Por la protección y conservación de nuestro patrimonio natural’.
El evento, que se extenderá hasta el mediodía, reunirá a líderes sociales, colectivos ambientales, investigadores universitarios y comunidades de las provincias de Ricaurte y Vélez en torno a los conflictos ambientales más urgentes del territorio.
El foro será posible gracias a la alianza con el Observatorio de Conflictos Ambientales del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Red de Pueblos Hermanos, el Colectivo Ambiental de Gachantivá y el Colectivo Ambiental Arcabuqueño, entre otros.
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Una agenda con temas de fondo
La jornada abrirá con el balance de los dos años de gestión ambiental del Cabildo Verde, un recuento de los procesos de defensa, incidencia y articulación comunitaria que la organización ha liderado desde su fundación.
A continuación, Corpoboyacá presentará una exposición sobre las rondas hídricas y su importancia para la conservación del agua en la región, un asunto especialmente sensible en una provincia donde varios de los conflictos ambientales recientes tienen al agua como bien amenazado.
El tercer punto de la agenda lleva por título ‘El camino de Pensilvania, oso andino’, a cargo de Mónica Macía Urrea, de la Fundación Corazón de la Montaña y Centro de Investigación. La presencia del oso andino, especie en peligro de extinción y habitante de los ecosistemas de montaña de la provincia, en la agenda del foro es un recordatorio de que la conservación de la biodiversidad y la defensa del territorio son dos caras del mismo problema.
El tema central de la jornada será la exposición «Minería a cielo abierto de piedra caliza Cemex – Moniquirá (Boyacá)», a cargo de Lina Gómez Rodríguez, investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional.
Es la ponencia más esperada y, probablemente, la más necesaria: el conflicto por la solicitud de prórroga del contrato minero de Cemex en las veredas Tierra de González y Colorado lleva años tensionando a la comunidad, y contar con un análisis riguroso desde la academia es una de las demandas que los colectivos han venido planteando.
El cierre está reservado para ‘Voces del territorio’, un espacio de palabra abierta en el que los integrantes de los colectivos ambientales de Ricaurte y Vélez podrán exponer sus preocupaciones, sus denuncias y sus propuestas ante el conjunto de los asistentes.
El foro coincidirá además con el lanzamiento oficial de la nueva página web del Cabildo Verde Moniquirá, un paso en la consolidación de sus herramientas de comunicación y visibilización.
El fondo del conflicto
Detrás de la ponencia sobre minería de piedra caliza hay un proceso legal activo que el Cabildo Verde Moniquirá viene impulsando desde hace años y que hoy se encuentra en una etapa crítica.
En junio de 2019, la empresa Cemex Colombia S.A radicó ante la Agencia Nacional de Minería una solicitud de prórroga del contrato de concesión minero No. 11968, con el propósito de reactivar la extracción de piedra caliza en la mina La Chapa, ubicada en las veredas Tierra de González y Colorado.
El título minero cubre un polígono de 343,5 hectáreas, clasificado como mediana minería, con capacidad de extracción de hasta un millón cincuenta toneladas anuales, con un término contractual de 30 años y derecho a solicitar una prórroga por otros 30.
El dato que más alarma a los ambientalistas: más del 50% de ese polígono tiene cobertura de bosque natural, y el área se encuentra en estrecha cercanía con la Serranía del Peligro, zona de protección ambiental de la que dependen recursos hídricos esenciales para las comunidades de la región.
Ante esa amenaza, el Cabildo Verde Moniquirá interpuso una Acción Popular en defensa de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la protección de la naturaleza, invocando el artículo 4 de la Ley 472 de 1998. La demanda fue dirigida contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Minería y la propia Cemex Colombia S.A.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda el 24 de julio de 2025. Desde entonces, como lo describe el propio Cabildo Verde, el proceso ha avanzado conforme a los términos legales: ya se agotó la audiencia de Pacto de Cumplimiento, en la que ninguna de las partes presentó propuesta de conciliación, y el proceso se encuentra actualmente en fase de pruebas, con el Tribunal estudiando los recursos de reposición interpuestos por las partes.
Impactos de la explotación de caliza
Para entender por qué la prórroga de ese contrato genera tanta preocupación entre las comunidades, basta con revisar lo que implica técnicamente la extracción de piedra caliza a cielo abierto, y para eso citamos en este punto el detallado diagnóstico hecho por el Cabildo Verde:
El primer paso de cualquier operación de este tipo es el desmonte y descapote: la remoción de toda la capa vegetal del área a intervenir. Eso significa pérdida de hábitat para la fauna, destrucción de flora nativa, alteración de los patrones de drenaje, erosión del suelo, aumento de la escorrentía superficial y mayor riesgo de movimientos en masa. También implica una reducción significativa de la capacidad de captura de CO₂, con efectos directos sobre el cambio climático a escala local y regional.
Los impactos sobre la salud de las personas son igualmente documentados. Las emisiones de partículas PM2.5 y PM10, características de toda actividad minera, son especialmente dañinas para el sistema respiratorio. Si la piedra caliza explotada supera los umbrales de Sílice Cristalina Respirable (SCR), la situación se agrava: la SCR es una sustancia clasificada como potencialmente cancerígena.
Las voladuras requeridas para fragmentar la roca generan ondas de choque que se transmiten por la corteza terrestre en todas las direcciones, produciendo efectos similares a los sísmicos: agrietamientos en estructuras de concreto y viviendas, daño en redes de acueducto y gas, desplazamientos anormales del suelo y alteración de los patrones de recarga hídrica.
Estos efectos no se limitan al perímetro de la mina sino que se extienden a las comunidades vecinas.
Una red que crece
El 3er Foro Ambiental es también una muestra de lo que el Cabildo Verde Moniquirá ha construido en dos años de trabajo: una red de alianzas que conecta colectivos locales con instituciones académicas de alcance nacional, y que ha logrado llevar al sistema judicial un conflicto ambiental que de otro modo permanecería invisible para las instancias de decisión.
La articulación con el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional implica que el análisis de lo que ocurre en Moniquirá y en la provincia de Ricaurte está siendo documentado con rigor científico, lo que fortalece tanto la acción legal como la incidencia pública.
Las provincias de Ricaurte y Vélez han sido escenario de varios conflictos ambientales en los últimos años: la contaminación por operaciones industriales, la presión sobre fuentes hídricas y el avance de intereses extractivos sobre territorios con alta biodiversidad, además de los ya mencionados. El foro del 12 de junio es una oportunidad para que esas voces dispersas se encuentren, se escuchen y, si es posible, actúen en conjunto.
La entrada es abierta a toda la comunidad.
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