La exploración de hidrocarburos iniciada por Ecopetrol y la Occidental Petroleum Corp (Oxy) en el bloque Samoré (Cubará), en predios que la comunidad indígena U´wa declara como propios, comenzó en 1995 con el otorgamiento de la licencia ambiental. En 1997 el caso fue expuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de llevarlo ante esa instancia internacional se dio luego de que la justicia colombiana desestimará los reclamos de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa (Asou’wa) en el sentido de que no habían sido consultados y de que la titulación del resguardo U´wa por parte del Estado no se había completado.
Ante la gravedad de los hechos, Berito Kuwaru’wa o Berito Cobaría, como se le conoce en el mundo occidental, líder natural de su comunidad, levantó su voz y pidió respeto al territorio U´wa, a la autodeterminación de este colectivo indígena y a sus tradiciones. En 1998 su empeño fue reconocido con el Premio Goldman otorgado a activistas ambientales.
En el año 2000 Berito emprendió un periplo internacional con el propósito de exponer en otros países de América Latina, en Estados Unidos, Europa y Canadá la decisión del gobierno colombiano de imponer la exploración explotación de petróleo y gas en su territorio. El recorrido estuvo acompañado por varias ONG entre ellas Earth Rights International (ERI).
Pese a su empeño y al de los demás integrantes de Asou’wa, en 2006 el Ministerio del Interior le dio vía libre a Ecopetrol para iniciar los trabajos de sísmica en los bloques Sirirí y Catleya, y actualmente opera allí el gasoducto Gibraltar, situado en el sector de Cedeño, área limítrofe de los municipios de Toledo (Norte de Santander) y Cubará (Boyacá), contiguo a la línea que delimita el resguardo indígena.
Luego de varios años de espera, por fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos citó para los días 25 y 26 de abril, en Santiago de Chile, la ‘Audiencia Pública del Caso Pueblos Indígenas U’wa y sus miembros Vs. Colombia’ a la que asistió una delegación de Asou’wa en compañía del equipo jurídico de Earth Rights International (ERI) y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Principales reclamos
De acuerdo con la información aportada por la Asociación de Cabildos Indígenas U´wa, los problemas centrales que originan la discusión con el Estado colombiano, son los siguientes:
– Incumplimiento en los procesos de ampliación, saneamiento y titulación del territorio ancestral.
– Exploración y explotación de petróleo y gas sin las garantías de consulta previa y consentimiento.
– El traslape del Parque Nacional Natural El Cocuy con el territorio ancestral U´wa, especialmente en el sitio sagrado Zizuma.
– El otorgamiento de títulos mineros y la militarización del territorio U´wa.
Alegatos en la Corte
En desarrollo de la audiencia citada por la Corte Interamericana, Ebaristo Tegría, vocero de los U´wa, recordó que desde 1995, cuando se otorgó la primera licencia de estudios sísmicos para el bloque Samoré, el Estado no realizó una consulta previa a la Nación U’wa.
“La delimitación del Resguardo Unido U’wa se hizo a conveniencia de los intereses del Estado y de las empresas extractivas”, declaró Tegría ante los magistrados en Santiago de Chile.
Daris María Cristancho, docente de Cubará, y madre de la actual alcaldesa de ese municipio, Aura Tegría, dijo ante la Corte que “cuando llegan proyectos extractivistas se desequilibra nuestra armonía y es la desaparición de nuestra cultura”.
Agregó que para el Estado colombiano la consulta previa es un trámite informativo que no garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
“Nuestra voz nunca ha sido escuchada ni nuestras peticiones atendidas”, apuntó.
En la audiencia también se hizo presente Camilo Niño, perito de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). En su opinión, en un contexto de imposición de proyectos extractivos y militarización del territorio, “el Estado no ha adoptado medidas para proteger nuestros derechos”.
Su argumento fue respaldado por Laura Posada, abogada de Earth Rights International (ERI), quien expresó ante el Tribunal que el Estado colombiano ha señalado que los proyectos extractivos generan desarrollo y bienestar a toda la población, “paradójicamente esto no ocurre en territorio de la nación U’wa”, aseguró.
Sobre las fallas en el proceso de consulta previa, Posada sostuvo que el Estado no realizó esfuerzos para consultar a la Nación U’wa sobre los proyectos extractivos, pese a las múltiples evidencias de ocupación ancestral del territorio donde se implantaron los proyectos.
Impactos ambientales
La presencia petrolera en el territorio U´wa ha dejado daños al ecosistema. Así lo declaró Alejandra Escobar, coordinadora del equipo de litigio internacional del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
“De acuerdo a peritajes internacionales, Ecopetrol no ha adoptado los sistemas necesarios para prevenir los riesgos que implica su operación”, afirmó y agregó que según cifras de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre 2000 y 2019 se registraron 35 derrames de petróleo dentro y fuera del resguardo con afectación directa al suelo, a la fauna, a la flora y a los cuerpos de agua.
Sin claridad predial
Como se detalló más arriba, uno de los reclamos de los U´wa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el incumplimiento del Estado colombiano en los procesos de ampliación, saneamiento y titulación del territorio ancestral.
Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expuso ante la Corte que el proceso de saneamiento de las tierras tituladas al resguardo U´wa en 1999 no ha culminado y que a la fecha no existe claridad en la información brindada por el Estado sobre cuáles son las áreas pendientes de saneamiento y los plazos en los cuales se cumplirá con ese proceso.
¡El Estado sí es responsable! Como reiteró Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la CIDH “la precariedad en la titulación y saneamiento de nuestros territorios, pone a la Nación U´wa en situación de vulnerabilidad”. #DefiendeALaNaciónUwa pic.twitter.com/I3nRRtajYQ
— Somos U'wa (@Somos_Uwa) April 26, 2023
Al respecto Heber Tegría, representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) fue categórico al afirmar que “El Estado no ha respondido. Los acuerdos pactados con la Nación U’wa deben cumplirse, no pueden quedarse solo en buenas intenciones”.
Según datos aportados durante la audiencia, solo el 25% del territorio de la Nación U’wa ha sido amparado mediante resguardos. “Desde la cosmovisión U’wa, la titulación de parcialidades impide la continuidad del territorio e interrumpe la comunicación espiritual a nivel del aire, el suelo y el subsuelo”, se aseguró por parte de los delegados indígenas
Violación a derechos fundamentales
Desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se hicieron varias afirmaciones asociadas a hechos de violación de la dignidad de este pueblo indígena presente en Boyacá, Casanare, Arauca, Santander y Norte de Santander:
– El Estado ha impulsado militarización del territorio U’wa para proveer seguridad a proyectos extractivos de manera inconsulta con los U’wa, con impactos desproporcionados para mujeres y niñas, y aumentando el riesgo de confrontaciones armadas en el territorio.
– En 2000 en medio de una protesta U’wa, se produjo la muerte de la niña Nury Bócota cuando huían de gases lacrimógenos. También sufrieron agresiones, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes que no han sido investigados ni sancionados.
– Como lo ha reconocido el Estado, hay un traslape de aproximadamente 142mil hectáreas entre el Parque El Cocuy y el territorio U’wa titulado lo que impide uso, gobierno, circulación y autodeterminación sobre Zizuma.
– En 2014, el Estado aceptó, finalmente, dialogar con la Nación U’wa y acordaron: Reconocimiento de títulos coloniales, saneamiento de resguardos, suspensión de APMagallanes y enterrar oleoducto Caño Limón Coveñas. Sólo se cumplió parcialmente esto último.
La Nación Uwa ha afrontado un continuum de violaciones sistemáticas y permanentes por cuenta de proyectos extractivos inconsultos en el territorio ancestral, como descirbió el abogado Evaristo Tegría.
— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) April 26, 2023
Aquí una síntesis de algunas de estas violaciones pic.twitter.com/iJ8l7QDQVF
