El II Foro Ambiental convocado por el Cabildo Verde de Moniquirá reunió a más de 15 colectivos ambientales de Boyacá y de la vecina provincia de Vélez (Santander). Sus delegados alertaron sobre los impactos socioambientales provocados por la expansión de la minería de carbón y la piedra caliza en sus territorios.
Uno de los casos discutidos fue el conflicto entre la comunidad de El Alisal, en Socha, y la empresa Carbones El Alisal (antes Carbones Andinos) que busca reactivar sus operaciones a pesar de denuncias por afectaciones al agua y al entorno.
Lina Arismendy, vocera del Colectivo Resistencia y Lucha por el Agua, cuestionó la permisividad de las entidades del Estado frente a estos proyectos. “Se habla de desarrollo, pero no se ven mejoras reales para las comunidades ni planes serios de minería sustentable”, dijo.
Cemex y la mina La Chapa
Otro tema central fue la solicitud de prórroga por 30 años del contrato de concesión 11968 que presentó Cemex ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) para seguir explotando piedra caliza en la mina La Chapa, ubicada en la vereda Tierra de González, en Moniquirá.
El Cabildo Verde se opone a esta solicitud y le pidió a la ANM rechazarla. También solicitó a Corpoboyacá negar cualquier licencia ambiental que la empresa pueda requerir. Como alternativa, propusieron al Ministerio de Ambiente y a la Gobernación de Boyacá adquirir las 342 hectáreas de la concesión para destinarlas a restauración ecológica.
Entre los argumentos presentados se mencionó el incumplimiento por parte de Cemex en la adecuación de un vivero con 60 mil plántulas nativas, compromiso que, aseguraron, no ha sido materializado.
Moniquirá: baja cobertura natural y propuestas de restauración
Duvier Olaya, ingeniero forestal e integrante del Cabildo Verde, detalló la propuesta de creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (Simap) y otras áreas similares en la llamada ‘Capital Dulce’ de Boyacá. Olaya hizo énfasis en que solo el 16 por ciento de Moniquirá corresponde a área boscosa, la masa arbórea ha ido desapareciendo con el tiempo.
Agregó que con otro tipo de vegetación nativa de menor tamaño el municipio apenas llegaría a un 21 por ciento de coberturas naturales, una cifra inferior al ideal, según las previsiones de sostenibilidad proyectadas por entidades como el Ministerio de Ambiente.
A partir de estos criterios se considera que el porcentaje de cobertura del 25 por ciento es crítico pues no logra garantizar servicios ecosistémicos suficientes. Una meta intermedia, según esas mismas estimaciones, sería ascender al 30 o al 35 por ciento, lo cual la alinearía como el Marco Global de Biodiversidad. El ideal a largo plazo como meta de sostenibilidad y resiliencia ecológica, siguiendo los mismos parámetros, estaría en el 50 por ciento de cobertura natural o seminatural.
“Todo territorio para ser sostenible debe tener como mínimo el 30 por ciento de su territorio en coberturas naturales para garantizar el agua, la biodiversidad y la producción de alimentos”, dijo Olaya citando a expertos en ecología y en economía ambiental.
El profesional forestal se refirió además a la riqueza biológica existente y a la necesidad de propiciar las condiciones para su subsistencia, y a renglón seguido planteó la creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (Simap). Su idea, y la del colectivo, fue acogida por la jefe de la Oficina de Cultura Ambiental de Corpoboyacá, Pilar Vega, quien les sugirió dirigir una comunicación a la dirección de la entidad en ese sentido.
Vega explicó que una vez recibido el documento un equipo técnico de la Subdirección de Planeación se encargaría de brindar el apoyo necesario para avanzar en ese proceso, y calificó como oportuno el trámite de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para concretar la viabilidad del Simap.
Bioterritorios frente al extractivismo
Oscar Quintero, representante de la provincia de Vélez, propuso avanzar hacia una visión territorial que priorice la vida: los bioterritorios. “No podemos seguir cambiando el derecho al ambiente por beneficios económicos efímeros de la minería”, afirmó.
Alertó que el 70 % del territorio de Vélez está concesionado para minería y denunció impactos graves en ecosistemas como la Serranía de los Yariguíes y la amenaza sobre la Serranía de las Quinchas por proyectos de extracción de carbón. “Debemos organizarnos para defender nuestros ecosistemas”, insistió.
Ordenamiento con enfoque ambiental
Maryori Ortiz, diputada de Boyacá, enfatizó que el ordenamiento del territorio debe ser abordado desde una perspectiva estructural que incluya lo económico, lo político y lo social. “Pensar el territorio solo desde lo económico genera los conflictos socio – ambientales que hoy enfrentamos”, señaló.
Ortiz apoyó la creación del Simap de Moniquirá y de otros similares como paso previo para constituir el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (Sidap) y lamentó que la discusión ambiental siga limitada a los ambientalistas: “Nada ocurre en el territorio sin afectar a otros. El medio ambiente nos involucra a todos”.
Un llamado a la articulación
Carlos Gómez, presidente del Cabildo Verde, concluyó que la articulación entre colectivos es clave para fortalecer la defensa del territorio. “La riqueza que se extrae de nuestras montañas no se queda aquí. Mientras tanto, perdemos agua y ecosistemas esenciales para la vida”, advirtió.
Gómez y otros voceros lamentaron la ausencia de representantes del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación en el foro.
Alexandra Vásquez, de la Juntanza Ambiental de Boyacá, respaldó la propuesta de articulación departamental y sugirió crear un espacio permanente de organización por provincias y municipios.
“El foro mostró que necesitamos más espacios para compartir información y definir juntos una hoja de ruta. Defender la vida no puede esperar”, concluyó.
Y luego se preguntó: “Cómo hacer que lo planteado en este tipo de eventos arroje resultados contundentes sobre el paso a seguir”, en alusión a la hoja de ruta que debe activarse para actuar todos hacia un mismo propósito: “Defender la vida”.
Estimó urgente crear un espacio de organización departamental de los liderazgos ambientales por provincias y municipios que incluya a veedurías, grupos de jóvenes, y propuestas culturales, más allá de influencias económicas y partidistas.
