Una de las peticiones fue expuesta por Felipe Velasco, de la Fundación Montecito. Velazco le pidió al director de Corpoboyacá, Herman Amaya Téllez, incluir en el plan de acción la tarea de consolidar el proceso de designación del Lago de Tota como sitio Ramsar, una actividad que desde el 2017 viene acompañando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y WWF.
Velazco considera que en el plan de acción el tema de Ramsar no parece ser una prioridad pues no está relacionado en las actividades principales del ‘Proyecto Instrumentos de planificación para Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos’.
Sumado a esa observación, sugiere que los planes de preservación de Tota se articulen con el ‘Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA)’ que actualmente se ejecuta en la zona con recursos de cooperación internacional.
El director de la Fundación Montecito también hizo reparos a lo que considera “unas metas limitadas en materia de humedales”. En el documento del plan de acción de la Corporación se indica que entre 2020 y 2023 se delimitarán dos humedales y se formularán y/o adoptarán planes de manejo para tres de estos ecosistemas.
Al respecto Hugo Díaz, del equipo de áreas protegidas de Corpoboyacá, explicó que la delimitación de los humedales es compleja y expuso como ejemplo el trabajo realizado para delimitar la ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá, donde se logró la identificación y priorización de 1.100 hectáreas de extensión.
Los nueve humedales delimitados a la fecha por la Corporación son, además de Palagua, La Presentación (Tunja), La Cabaña (Tunja), El Cobre (Tunja), El Recreacional (Tunja), La Cascada (Tunja), Tejares del norte (Tunja), El Cortéz o Cuchavira (Sogamoso) y El Rosal (Iza).
Felipe Velazco también solicito a la autoridad ambiental el desalojo gradual de la piscicultura del Lago de Tota por los impactos sanitarios generados, y promover su traslado fuera del embalse natural con métodos de producción modernos y sostenibles.
Aboga por las Quinchas
Estefany Grajales, de la Fundación Counco, aludió a la preocupación de quienes son pobladores rurales y no tienen acceso a la participación a través de Internet. Citó un pronunciamiento del Procurador Delegado para asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo, en el que señala que “pretender implementar mecanismos virtuales vulneraría el derecho de participación activa y dinámica de las comunidades”, esto en alusión a las audiencias públicas ambientales mediante aplicaciones web.
Grajales expresó su malestar por el hecho de que, según dijo, en el plan de acción no se hace referencia a los títulos mineros ni a los bloques petroleros en las áreas protegidas como tampoco a la estrategia institucional para revertirlos. Agregó, en el caso de la Serranía de las Quinchas, que en la hoja de ruta de la Corporación no se aborda lo relativo a la sustitución de cultivos ilícitos ni a la opción de vincular a las comunidades en la administración de este ecosistema, una propuesta formulada por pobladores de Puerto Boyacá y Otanche.
Lamentó que en el plan de acción se haga referencia a una actividad denominada “Realizar el seguimiento a la implementación del plan de manejo del PNR Serranía de las Quinchas” y apuntó al respecto que la Corporación se queda corta pues a la fecha dicho instrumento de planificación no se ha materializado como los habitantes de la zona lo esperaban.
No avalan el Plan de Acción
Sebastián Vásquez, de la Asociación Nacional Campesina José A. Galán Zorro, aseguró que no hubo participación considerable de los campesinos en la construcción del plan de acción, y que con la decisión de recurrir a la virtualidad se desconocieron las condiciones de vida de quienes pueblan las zonas rurales.
“Deben ser las comunidades y los habitantes de los territorios quienes participen y decidan sobre su ordenamiento, sin la participación de la comunidad y el campesinado no vamos a legitimar este espacio, por lo que nos abstenemos rotundamente a extender comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste al plan de acción de esta Corporación”, sostuvo Vásquez quien de paso invitó a representantes de otras organizaciones de base a unirse para hacer un pronunciamiento conjunto y recurrir a acciones legales en contra a las audiencias virtuales implementadas por las Corporaciones.
El argumento de Vásquez sobre la virtualidad fue confirmado por César Barrera Chaparro, delegado de la Comercializadora Internacional S.A. e integrante del Consejo Directivo de Corpoboyacá, quien en su intervención se excusó por las dificultades para conectarse a la audiencia virtual en razón a que se encontraba en el campo.
La respuesta de Corpoboyacá
Herman Amaya Téllez, director de Corpoboyacá, confió en la expedición de nuevas pautas sanitarias por parte del gobierno nacional para facilitar las reuniones presenciales. Se comprometió a acercarse a los municipios de la jurisdicción y a puntualizar o brindar espacios de ajuste de los proyectos de inversión contenidos en el plan de acción.
Aseguró que las sugerencias, inquietudes y propuestas recibidas serán tenidas en cuenta en la armonización del documento final. A partir de la fecha pasará a estudio del Consejo Directivo, organismo responsable de estudiarlo, aprobarlo y adoptarlo a mediados del mes de mayo.
“Nosotros como Corporación estaremos prestos a transmitirles a los integrantes del Consejo Directivo sus inquietudes, propuestas e iniciativas”, reafirmó Amaya Téllez.
Destacó finalmente varias de las sugerencias planteadas, entre ellas la de fortalecer la autoridad ambiental y los sistemas de seguimiento y evaluación; la creación de mecanismos de comunicación para hacer más presencia en el departamento, especialmente hacia la población rural; la necesidad de abrir espacios para concertar con el sector ganadero iniciativas de sostenibilidad como la restauración de suelos y el aumento de las coberturas vegetales a través del silvopastoreo; trabajar con la cadena de valor de la minería y la puesta en marcha de una estrategia de resolución de conflictos socio – ambientales.
