En Tasco, Boyacá, está activa la Asociación de Acueductos Comunitarios, una organización social encargada de gestionar las redes y los tanques de almacenamiento del agua proveniente del páramo de Pisba, también de administrar los recursos para su operación.
En esta zona de la provincia de Valderrama Asoactasco ha sido protagonista en defensa del páramo y de su derecho a ejercer gobernanza sobre agua que cuidan con tanto esmero. Su determinación los ha enfrentado, por ejemplo, a la Alcaldía local que en varias ocasiones ha intentado asumir el control de los acueductos veredales.
También han chocado con los mineros, legales e ilegales por la persistencia de explotaciones de carbón en áreas restringidas, con incidencia directa sobre los manantiales, y por las incipientes acciones de control del gobierno local y de las autoridades ambientales para evitarlo.
En otras regiones la situación es distinta, no hay cohesión social ni participación activa de las juntas veredales para procurar condiciones adecuadas de suministro, y dependen del papel de las secretarías de infraestructura y de los fontaneros municipales. En muchos casos, por falta de mantenimiento de redes, de escasos presupuestos o de incapacidad estatal, el agua potable no fluye por los grifos de las viviendas, o si lo hace es turbia, barrosa, no saludable
Escenas como esta se repiten a lo largo y ancho del país. Frente a la incapacidad del Estado para garantizar el acceso oportuno y con calidad al agua potable en cada rincón del territorio colombiano, la responsabilidad ha sido delegada a empresas privadas nacionales e internacionales.
Cobran tarifas comerciales por un servicio que no siempre es eficiente ni universal. Además, su gestión, en muchos casos, no se rige por principios de solidaridad ni sensibilidad social: no se ocupan de proteger los nacimientos ni las cuencas hídricas y, por lo general no involucran a las comunidades en la toma de decisiones ni en acciones de conservación.
Este modelo de privatización, impulsado bajo una lógica neoliberal, ha profundizado desigualdades, sobre todo en municipios rurales y zonas apartadas. Allí, las familias deben pagar por un “servicio” que en ocasiones no garantiza potabilidad ni cobertura suficiente.
En 2021, Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento de la ONU, advirtió en la 76ª Asamblea General que “tratar el agua como una mercancía y no como un bien común y un derecho humano pone en riesgo la equidad, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de este recurso esencial”.
Y agregó: “Muchos valores y funciones del agua van más allá de la lógica del mercado. Se trata de valores relacionados con los usos y funciones del agua que ni siquiera son intercambiables por dinero, como el valor de la salud, la cohesión social, la sostenibilidad de los ríos, lagos y humedales o el respeto de los derechos humanos”.
Autogestión como alternativa
Frente a este panorama, organizaciones sociales y ambientales han buscado caminos distintos. Enda, una ONG internacional con presencia en Colombia, ha dedicado buena parte de su trabajo a promover acciones de asociatividad, sostenibilidad, equidad y derechos ambientales.
En su documento “Gestión Comunitaria del Agua. Hacia la construcción de alternativas a la apropiación privada del agua”, propone tres ejes de acción que emergen desde los territorios:
- La autogestión comunitaria como alternativa a la lógica empresarial y mercantil del agua.
- La protección de los ecosistemas y de los ciclos hídricos desde un ambientalismo popular, tejido por pueblos y comunidades.
- La práctica de una ciencia comunitaria, que une conocimiento local y saberes técnicos para una gestión más integral del territorio.
Estas propuestas no nacen en escritorios ministeriales, sino en la experiencia histórica de comunidades que, ante la ausencia del Estado, han asumido la defensa y el manejo del agua como un bien común.
Una política pública inédita
En septiembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro dio un paso significativo en esta dirección. A través del Decreto 0960, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Política de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, una herramienta que busca fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y reconocer el papel protagónico que cumplen más de nueve millones de personas vinculadas a acueductos comunitarios en todo el país.
La política se construyó de la mano de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol), junto con entidades como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Entre sus elementos más destacados está el reconocimiento de la gestión comunitaria como modelo legítimo y participativo; la creación de una Mesa de Gestión Comunitaria para incidir en políticas públicas; la habilitación de convenios solidarios que permitirán a las comunidades formular y ejecutar sus propios proyectos; y la estrategia del “Ministerio Ambulante”, que llevará acompañamiento técnico y organizativo directamente a los territorios.
Además, se amplió el subsidio comunitario para facilitar el acceso al agua a hogares de bajos ingresos, y se precisaron las responsabilidades de entidades nacionales, departamentales y municipales en el fortalecimiento de estos esquemas.
Hasta la fecha, según el Ministerio de Vivienda, 358 gestores comunitarios han accedido al subsidio, beneficiando a más de 116 mil familias de estratos 1 y 2, y se han fortalecido las capacidades de más de 1.000 organizaciones comunitarias.
El agua como bien común
La apuesta por fortalecer la gestión comunitaria del agua no es solo una cuestión técnica: es política y cultural. Significa reconocer el valor de los saberes locales, de las prácticas de cuidado y de la organización colectiva frente a modelos que ven en el agua una mercancía más.
En un país marcado por profundas desigualdades territoriales, esta visión se alza como una alternativa concreta y urgente para garantizar el derecho humano al agua, proteger los ecosistemas y democratizar la gestión de un recurso esencial para la vida.
