La socialización del diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (Pomca) del Lago de Tota, realizada el viernes 24 de abril en la Institución Educativa Ramón Ignacio Avella de Aquitania, dejó en evidencia un escenario de tensiones entre Corpoboyacá, la autoridad ambiental de la zona; y los propietarios de predios alrededor del lago, y en el páramo adyacente, principalmente dedicados al cultivo de cebolla larga.
Aunque el encuentro fue convocado por Corpoboyacá, este respondió a una solicitud del Consejo de Cuenca interesado en conocer los avances de un instrumento clave para el futuro ambiental, social y económico de la región.
El ejercicio, que buscaba presentar los avances técnicos del diagnóstico del Pomca, terminó convertido en un espacio de debate sobre la legitimidad del proceso, la calidad de la información y, sobre todo, las garantías de participación ciudadana.
Desde Corpoboyacá, el balance fue positivo. Giovanny Viasus, subdirector de Planeación de la entidad, aseguró que el diagnóstico “es robusto” y responde a un trabajo técnico riguroso que ha permitido identificar las principales problemáticas de la cuenca.
Sin embargo, reconoció que la comunidad ha manifestado la necesidad de ampliar los espacios de participación. “Quedan fases fundamentales dentro del proceso y hemos abierto todos los canales para que esto se construya con la gente”, afirmó.
Comunidad: dudas, vacíos y alertas
La lectura desde organizaciones sociales es distinta. Laura López, del Colectivo para la Protección de la Provincia de Sugamuxi, advirtió que desde la convocatoria hubo confusión, pues se anunció una socialización de la “actualización del Pomca”, cuando en realidad solo se presentaría el diagnóstico de este instrumento de ordenamiento.
Esto, según explicó, generó preocupación ante la posibilidad de que el plan avanzara sin una discusión amplia. “Había el temor de que se utilizara esta reunión para dar por socializado el instrumento y justificar su aprobación”, señaló.
López también cuestionó la metodología inicial del encuentro y la falta de integralidad en la información presentada. “Solo se abordó parcialmente el componente de hidrología e hidrogeología, mientras temas clave como fauna, flora o el análisis socioeconómico siguen pendientes”, indicó.
Además, puso sobre la mesa preocupaciones ambientales de fondo, como la presencia de metales pesados en el lago y los impactos históricos de actividades agropecuarias y extractivas. “No podemos limitarnos a parámetros básicos de calidad de agua; hay antecedentes que deben ser incorporados en el diagnóstico”, insistió.
Consejo de Cuenca: entre avances y limitaciones
Desde el Consejo de Cuenca, la postura es más equilibrada. Su secretario, Eugenio Valderrama, destacó que el diagnóstico incluye insumos técnicos relevantes, como estudios limnológicos desarrollados en la región, aunque reconoció que la información aún es insuficiente.
“Todos querríamos un diagnóstico más robusto, pero hay elementos importantes que permiten avanzar”, explicó. No obstante, subrayó la necesidad de fortalecer el monitoreo del lago y de generar versiones más accesibles de los documentos técnicos, que en conjunto superan miles de páginas.
Valderrama también enfatizó en problemáticas estructurales que deben quedar claramente reflejadas: captaciones de agua fuera de la cuenca, vertimientos sin tratamiento y presiones productivas sobre el ecosistema.
Críticas más duras: participación y confianza
Las voces más críticas apuntan directamente a la legitimidad del proceso. Diego Pedraza, representante de la Fundación Tota Sostenible, aseguró que la socialización se logró solo tras la presión de la comunidad y cuestionó que se intentara fragmentar la discusión en grupos reducidos.
“Aquí siguen avanzando con criterios técnicos, pero desconociendo la realidad del territorio y el conocimiento de la comunidad”, afirmó.
Pedraza también denunció lo que considera un incumplimiento de estándares de participación establecidos en decisiones judiciales y criticó actuaciones pasadas de la autoridad ambiental en temas de uso del suelo.
Para él, cualquier proceso de ordenación debe partir del respeto a las comunidades y a la propiedad privada, así como de garantías reales para la participación.
El diputado Carlos Ernesto Torres coincidió en que uno de los principales problemas fue la baja convocatoria. Según sus cálculos, en una cuenca con cerca de 2.800 predios, la asistencia de alrededor de 150 personas resulta insuficiente para legitimar el proceso.
“No se puede permitir que un grupo reducido termine definiendo el ordenamiento del territorio”, advirtió, en referencia a los funcionarios de Corpoboyacá que tienen la tarea de concretar la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
Torres alertó, además, sobre posibles impactos económicos derivados del Pomca, especialmente si se reducen significativamente las áreas cultivables en la ribera del lago. “Esto podría generar un desorden social importante”, señaló.
El reto de la sostenibilidad
A pesar de las diferencias, hay un punto de coincidencia: la necesidad de proteger el ecosistema del Lago de Tota. Actores comunitarios e institucionales reconocen la importancia de avanzar hacia modelos de producción más sostenibles, especialmente en actividades como el cultivo de cebolla, predominante en la zona.
Sin embargo, persisten obstáculos. “Hay voluntad, pero faltan recursos y apoyo estatal”, afirmó Diego Pedraza. El diputado Carlos Torres reconoció que, aunque existe conciencia ambiental, las condiciones técnicas y económicas dificultan una transición masiva hacia prácticas limpias.
El diagnóstico del Pomca es apenas una etapa dentro de un proceso más amplio de ordenación territorial. Lo ocurrido en Aquitania deja claro que el desafío no es solo técnico, sino político y social: construir confianza, garantizar participación efectiva y lograr que las decisiones reflejen tanto el conocimiento científico como las realidades del territorio.
El futuro del Lago de Tota, del que depende la subsistencia económica de cientos de familias, y el agua para miles que residen en Aquitania, Tota, Cuítiva, Sogamoso y Pesca, entre otros municipios de la provincia de Sugamuxi, sigue en discusión. Y, como quedó en evidencia, su ordenamiento no será posible sin un diálogo más amplio, transparente y vinculante con quienes habitan y dependen de su cuenca.
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