El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó la protección ambiental del sector de Playa Blanca, en el Lago de Tota, y dispuso la suspensión de un proyecto de construcción turística mientras se define el futuro del área.
La decisión, adoptada el 15 de abril de 2026, modifica parcialmente un fallo previo y ampara derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el desarrollo urbanístico conforme a la ley.
Según el Tribunal, estos derechos fueron vulnerados por entidades como el Ministerio de Ambiente, Corpoboyacá y el municipio de Tota, así como por el particular responsable del proyecto constructivo.
Como parte de las órdenes, el alto tribunal dispuso la suspensión inmediata de la licencia de construcción otorgada para el proyecto turístico conocido como Belo Horizonte o Bella Vista, ubicado en el sector de Playa Blanca.
Además, ordenó al constructor abstenerse de continuar cualquier actividad relacionada con la obra hasta que se adopten decisiones definitivas sobre la protección ambiental del área.
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Estudio para definir si será área protegida
Uno de los puntos centrales del fallo es la creación de una mesa interinstitucional, liderada por el Ministerio de Ambiente, que deberá elaborar en un plazo de diez meses un estudio técnico para determinar si Playa Blanca debe ser incorporada al sistema de áreas protegidas.
El resultado de este análisis deberá concretarse en un acto administrativo que defina si el sector adquiere o no alguna categoría de protección ambiental.
En caso afirmativo, se establecerán restricciones de uso, medidas de conservación y ajustes en la planificación territorial. Si no se declara como área protegida, las autoridades deberán adoptar medidas para garantizar su manejo sostenible.
Medidas inmediatas de protección
Mientras se adelanta ese proceso, el Tribunal ordenó la adopción de medidas urgentes en un plazo de tres meses, entre ellas:
- Protección del ecosistema de Playa Blanca
- Conservación de flora y fauna
- Implementación de monitoreo ambiental permanente
También instó al municipio de Tota a abstenerse de otorgar nuevas licencias de construcción en la zona hasta que se definan las condiciones de protección.
El fallo establece que el municipio deberá actualizar su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) en función de las decisiones ambientales que se adopten.
Adicionalmente, Corpoboyacá deberá avanzar en la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Lago de Tota y en la formulación de un plan de ordenamiento ecoturístico.
Para verificar el cumplimiento de las medidas, el Tribunal conformó un comité de seguimiento con participación de entidades públicas, organismos de control y representantes de la acción popular.
La providencia establece que la protección del ecosistema del Lago de Tota, incluidas zonas de páramo y subpáramo cercanas, es una obligación prioritaria del Estado, por lo que cualquier intervención deberá supeditarse a criterios de conservación ambiental.
En ese sentido, la definición sobre la viabilidad del proyecto turístico quedará condicionada a los resultados del estudio técnico y a las decisiones que adopten las autoridades ambientales.
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