Este viernes 8 de agosto el jefe del gobierno regional anunció la firma de un contrato interadmistrativo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para brindar asesoría y acompañamiento técnico y jurídico al propósito de revocar la Resolución 1405 de 28 de julio de 2018, a través de la cual se delimitó el Páramo Sierra Nevada del Cocuy, y la Resolución 1275 de 2014 que adoptó la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy.
En palabras de Amaya Rodríguez, el contrato, que será asumido enteramente por la Gobernación de Boyacá, permitirá financiar a un equipo jurídico del más alto nivel, coordinado desde la universidad, para aportar los insumos de hecho y de derecho que permitan darle fortaleza y seguridad jurídica al acto administrativo que permitiría la derogatoria de las dos resoluciones”.
El mandatario no se refirió al costo del mencionado contrato, pero insistió en tener su resultado en el menor tiempo posible.
El gobernador, quien, pese a las críticas de varios colectivos ambientales de Boyacá y Santander en contra de los planteamientos de Roberto Arango, líder del paro de parameros, sobre la legislación vigente para proteger los ecosistemas de alta montaña, dijo que las resoluciones 1275 de 2014 y 1405 de 2018 afectan a las comunidades campesinas, razón por la cual apoya la derogatoria de las mismas.
“(Este es) Un paso fundamental para continuar con los acuerdos entre el Gobierno nacional y los campesinos de alta ladera”, dijo Amaya. El dirigente anunció a la media noche de este viernes un pacto final con los manifestantes para levantar los bloqueos en el sector de Ventaquemadan, que por una semana impidieron la libre movilidad y generaron severas afectaciones a la economía regional y a compromisos laborales, académicos y de salud de quienes hacen uso del carreteable Tunja – Bogotá.
La declaración del Gobernador Amaya sobre el particular se puede ver y escuchar aquí.
entreojos.co consultó a una fuente experta en estas materias y consideró que el estudio jurídico asumido por la UPTC no asegura en sí la derogatoria, “las normas se presumen legales cuando se surte el debido proceso”, explicó.
Y agregó, “Si la Federación de Campesinos Parameros no está de acuerdo con la delimitación del páramo El Cocuy, bajo el argumento de la vulneración de sus derechos, pueden acudir a los recursos legales disponibles, y serán los jueces quienes decidirán al respecto”.
La importancia de proteger el páramo
Como lo citamos en un artículo anterior sobre el mismo tema, los expertos en conservación de entornos naturales, consideran importante mantener vigentes las medidas de preservación de las zonas de interés hídrico como los páramos, las reservas forestales protectoras y los parques naturales.
Uno de ellos, Felipe Rubio, biólogo y especialista en procesos de restauración ecológica, se refirió al alcance de las decisiones administrativas para delimitar de áreas naturales y regular allí actividades productivas. Estas, dijo, condicionan y limitan el desarrollo de múltiples actividades que afectan los ecosistemas a proteger, e impulsan a un nuevo orden de uso, ocupación y de relación con los páramos.
Y agregó:
“Las normas complementarias, generadas con la orientación de varias sentencias de las altas Cortes, además de varios insumos técnico – científicos, han permitido que se prohíban las actividades mineras en los páramos, y se tengan en cuenta transiciones para reducir gradualmente los impactos de las actividades agropecuarias, así como el cierre y sustitución de las actividades mineras para la población vulnerable dependiente de las mismas”.
Sobre el reclamo para derogar el artículo 206 del Código de Recursos Naturales a través del cual se define el concepto de área de reserva forestal, Rubio Torgler hizo la siguiente consideración:
“Difícil que por el interés de un solo grupo regional especifico, como el del Cocuy, se desista de una premisa de protección de la biodiversidad que cobija muchas zonas de un país entero. Lo que sí se hace (o debe hacerse) es generar acuerdos de manejo en el marco de las premisas normativas definidas en las categorías de manejo y uso de las reservas”.
Riesgo para agricultores
Otro concepto en ese mismo sentido lo pronunció Pedro Reyes Zambrano, del Observatorio Socio – Ambiental del Agua. Reyes rechazó toda posibilidad de revertir las normas de conservación expedidas por los gobiernos y avaladas por los tribunales.
“Derogar las leyes que pide la Federación de Campesinos Parameros no depende ni del Ministerio de Ambiente ni de Corpoboyacá; las leyes de la República se tramitan en el Congreso”, dijo el experto.
Y complementó:
“Una vez expedidas pueden ser reglamentadas por decreto; en cambio, las “resoluciones para la delimitación de los páramos”, que han solicitado revocar, son expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta función fue otorgada al ministerio por la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015, y ratificada por la Ley 1930 de 2018”.
Reyes Zambrano consideró conveniente recordarles tanto al Gobernador Amaya como a los integrantes de la Federación de Campesinos Parameros que con la Ley 1930 de 2018 – Ley de Páramos – se permite la actividad agropecuaria en paramos delimitados.
Y advirtió:
“Si llegase a ser revocada al Resolución 1405 del 2018, que establece la delimitación en El Cocuy, como pretenden, se violaría el principio de no regresividad ambiental, se incumpliría la orden de tres leyes, se habilitaría la minería y quedaría nuevamente prohibida la actividad agropecuaria, al perder su condición de páramo delimitado, aplicándose entonces la Ley 1450 de 2011”.
Pedro Reyes detalló este alcance normativo:
“La Ley 1450 de 2011, específicamente en su artículo 202, prohíbe las actividades mineras, de hidrocarburos y agropecuarias en los páramos delimitados del país. Esta prohibición busca proteger estos ecosistemas estratégicos, considerados áreas de especial importancia ecológica. Para las actividades que ya se desarrollaban antes de la entrada en vigencia de la ley (16 de junio de 2011), se establecieron programas de sustitución y reconversión gradual”.
Ambientalistas en alerta
Desde el Comité Santurbán, un colectivo enfocado en la protección del páramo del mismo nombre, consideran inconveniente modificar normas de conservación del equilibrio natural de los ecosistemas de alta montaña.
Así lo publicaron en X en respuesta a la declaración del gobernador Amaya:
Se vendrán demandas a todo funcionario público que viole la ley.
— Comité Santurbán (@ComiteSanturban) August 8, 2025
Los páramos tienen protección por la Corte Constitucional y esto no va a cambiar por intereses mezquinos que quieren liberar has de páramo para habilitar títulos mineros arriesgando el agua de millones de personas. https://t.co/qNaOUdJOHP
